Los periodistas y escritores Guillermo Busutil y Pedro Luis Gómez han recibido hoy viernes la Medalla de Honor del Periodista que la Asociación de la Prensa de Málaga otorga anualmente a profesionales de la comunicación en reconocimiento a su trayectoria profesional coincidiendo con la celebración del Día del Patrón del colectivo, San Francisco de Sales. Ambos galardonados reivindicaron en sus discursos de agradecimiento un “periodismo fuerte, rebelde y libre”, en palabras de Busutil, quien recordó a sus “compañeros de trinchera” y las dificultades que entraña el ejercicio de esta profesión con la frase “en el periodismo hay que resistir, ser y estar”.
Por su parte, Pedro Luis Gómez insistió en la necesidad de “estar más unidos en estos tiempos tan malos” para “exigir un periodismo de calidad”. “Somos la profesión más denostada, pero debemos sentirnos orgullosos de ser periodistas”, apuntó.
El presidente de la Asociación de la Prensa y el Colegio de Periodistas de Andalucía en Málaga, Rafael Salas, también incidió en la idea de la unidad: “La profesión debe trabajar unida en la misma dirección por la dignidad laboral y personal de todos los periodistas”. Salas hizo balance de la gestión y las actividades de ambos colectivos en 2016 destacando que ya se han materializado el 75% de los proyectos previstos para los próximos cuatro años. “Aun así -dijo- no nos damos por satisfechos y seguimos trabajando para defender la profesión”. También tuvo palabras de recuerdo para los compañeros fallecidos el pasado año y por aquellos que han perdido su trabajo o trabajan en condiciones precarias.
La Asociación de la Prensa de Málaga instituye, a efectos honoríficos y como condecoración especial, la Medalla de Honor del Periodista para el reconocimiento de los periodistas que se hayan distinguido en el ejercicio del periodismo conjuntamente poniendo de manifiesto su entrega, colaboración o cooperación en favor del ejercicio del periodismo y de la misma Asociación que agrupa a los profesionales, especialmente en la provincia de Málaga.
*Se adjunta fotografía de los premiados, que posan tras recibir las Medallas de Honor del Periodista durante el tradicional almuerzo del Día del Patrón celebrado en el restaurante El Pimpi.
PIE DE FOTO: De izquierda a derecha, Marcos Bonastre, secretario general de la Asociación de la Prensa y el Colegio de Periodistas de Andalucía en Málaga, Pedro Luis Gómez, Rafael Salas y Guillermo Busutil.
El líder indígena Isidro Baldenegro (México), la ecologista Laura Vásquez (Guatemala) y la activista Emilsen Manyoma (Colombia) fueron asesinados el 15, 16 y 17 de enero respectivamente. Su esfuerzo ha sido ejemplar en la lucha por la defensa de los derechos humanos y la naturaleza. Ecologistas en Acción manifiesta su más enérgica repulsa ante estos brutales crímenes.
Por Ecologistas en Acción
La activista afrocolombiana Emilsen Manyoma era la líder de Comunidades Construyendo Paz en los Territorio (CONPAZ) en Buenaventura (Colombia). Además, desde la Fundación para el Desarrollo del Calima (FUNDECALIMA) defendía el derecho a la producción limpia, a la soberanía alimentaria y a la protección de la biodiversidad. Manyoma, de apenas 31 años, era conocida en todo el país desde hace más de una década por enfrentarse al acoso de los traficantes de droga y de las bandas paramilitares. Junto a su cuerpo encontraron el de su marido, Javier Rodallega, también asesinado.
Por su parte, la ecologista guatemalteca Laura Vásquez fue víctima de un proceso de criminalización que la mantuvo siete meses en prisión durante 2013 como consecuencia de su militancia en el Comité en Defensa de la Vida de San Rafael Las Flores y de su participación en la resistencia pacífica frente a la imposición del proyecto minero San Rafael (Guatemala). Fue puesta en libertad sin que se demostrara ninguno de los delitos que el Ministerio Público le imputaba.
La concesión del proyecto minero de oro y plata El Escobal a la Minera San Rafael, propiedad de la canadiense Tahoe Resources, se realizó a pesar de la oposición social y de la ausencia de consulta previa a la población. El asesinato de Laura Vásquez no es un hecho aislado, sino que se suma a numerosos ataques contra varias personas que defienden los derechos humanos como represalia por su denuncia del proyecto de la Mina San Rafael, entre ellos el asesinato el 17 de marzo de 2013 del líder indígena Xinca Exaltación Marcos Ucelo.
Otro líder indígena, en este caso el mexicano Isidro Baldenegro, fue brutalmente asesinado el pasado 15 de enero tras pasar toda una vida luchando por la defensa de las tierras ancestrales de la comunidad tarahumara, el grupo indígena de Chihuahua (México) al que pertenecía. Los conflictos a los que se enfrentaba Baldenegro día tras día estaban relacionados con la tala de árboles y la preservación del territorio. El activista medioambiental denunció tanto la presencia de grupos violentos con intereses comerciales en la zona como a grupos de empresarios aliados con narcotraficantes y madereros.Su esfuerzo fue mundialmente reconocido en el 2005, cuando recibió el Premio Goldman por su lucha no violenta en defensa de los bosques. En su discurso, Isidro invitó a los asistentes a que se sumaran a su lucha: “En México hay más de 60 diferentes etnias indígenas y una gran parte tiene los mismos problemas. No se reconocen nuestros derechos territoriales, empresarios madereros invaden nuestras tierras cuando quieren y los involucrados en actividades ilegales controlan nuestras vidas”. Baldenegro es el segundo líder ecologista reconocido con el mismo galardón al que matan en menos de un año. La primera, la hondureña Berta Cáceres, fue asesinada el 3 de marzo de 2016.
Tres homicidios en tres días. Cada año, cientos de ecologistas son asesinados. El 40% de los asesinatos en 2015 fueron de personas indígenas. El 66% fueron en Latinoamérica. En la mayoría de casos, los responsables quedan impunes. Ecologistas en Acción quiere manifestar su indignación por estas muertes e insta a las autoridades a poner fin a la impunidad y a investigar los asesinatos de las compañeras y los compañeros que han luchado por la justicia social y ambiental en todo el planeta.
Los Ayuntamientos de Barcelona y Madrid han reclamado conjuntamente al gobierno central que impulse una regulación de los precios del alquiler y despliegue una política dirigida a preservar el derecho al acceso a la vivienda.
El encuentro entre ambos ayuntamientos ha servido para las dos ciudades sumen esfuerzos para evitar la gentrificación y la expulsión residencial. En este sentido, los dos consistorios han acordado que crearán un grupo de trabajo para dar respuestas coordinadas a esta problemática y abordar conjuntamente medidas, herramientas y posibles cambios legislativos para evitar el fenómeno de la pérdida de identidad de los barrios y la marcha de los vecinos y vecinas que viven del comercio tradicional.
El grupo de trabajo se reunirá como mínimo una vez al trimestre, y contará con representación política y técnica de las dos ciudades con el objetivo de llevar a cabo un aprendizaje conjunto a través del intercambio de experiencias, herramientas de análisis y buenas prácticas que se desarrollen a las dos ciudades. Se trata de determinar las mejores herramientas disponibles para actuar sobre los casos que ya se están produciendo y tratar sobre todo de anticiparse a futuros casos problemáticos.
En rueda de prensa, Janet Sanz, teniente alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, ha insistido que una legislación española sobre alquileres es necesaria y urgente, porque “la desregulación de hoy en día no preserva el derecho a la vivienda sino que fomenta que la gente tenga que marchar” de los barrios. Barcelona y Madrid, ha dicho, comparten el reto de “construir un modelo de ciudad donde se pueda vivir y se garanticen todos los derechos ciudadanos, especialmente el de la vivienda”. Y ha resaltado que los dos Gobiernos municipales han tejido alianzas desde hace meses para abordar y minimizar conjuntamente el fenómeno de la gentrificación.
Gala Pin, regidora de Ciutat Vella del Ayuntamiento de Barcelona, ha calificado de “crucial” que el Estado regule lo antes posible el mercado de alquiler, y ha resaltado que desde los distritos de Ciutat Vella barcelonés y Centro de Madrid se comparten casos y experiencias comunes para evitar la marcha de los vecinos y garantizar la calidad de vida.
Por su parte, Montaner, regidor de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, ha puesto en valor las políticas que está llevando a cabo el consistorio para favorecer el acceso a la vivienda y mejorar las condiciones de habitabilidad de la ciudad. Ha subrayado el impulso a la rehabilitación tanto del interior como del exterior de edificios, el censo de pisos vacíos que se está desarrollando para favorecer la incorporación de parte de estos pisos a la bolsa de alquiler asequible, y el trabajo que se está haciendo para elaborar indicadores sobre los precios de alquiler a la ciudad.
José Manuel Calvo, regidor de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, ha expresado que Barcelona y Madrid “van cogidos de la mano para abordar los problemas que tienen hoy en día” y para avanzar cada vez más hacia un modelo de ciudad sostenible tanto social como medioambientalmente. “Apostamos por ciudades complejas con mixtura de usos y una calidad de vida homogénea a los barrios, donde no haya segregación de habitantes y zonas con sólo actividad turística que acabe expulsando los ciudadanos”, ha añadido.
CAT
Barcelona i Madrid reclamen la regulació dels preus de lloguer per garantir el dret a l’habitatge
Els Ajuntaments de Barcelona i Madrid han reclamat conjuntament aquest divendres a l’Estat que impulsi una regulació dels preus de lloguer i desplegui una política adreçada a preservar el dret a l’accés a l’habitatge.
La trobada entre els dos ajuntaments ha servit perquè les dues ciutats sumin esforços per evitar la gentrificació i l’expulsió residencial. En aquest sentit, els dos consistoris han acordat que crearan un grup de treball per donar respostes coordinades a aquesta problemàtica i abordar conjuntament mesures, eines i possibles canvis legislatius per evitar el fenomen de la pèrdua d’identitat dels barris i la marxa dels veïns i veïnes que hi viuen i el comerç tradicional.
El grup de treball es reunirà com a mínim un cop al trimestre, i comptarà amb representació política i tècnica de les dues ciutats amb l’objectiu de dur a terme un aprenentatge conjunt a través de l’intercanvi d’experiències, eines d’anàlisi i bones pràctiques que es desenvolupin a les dues ciutats. Es tracta de determinar les millors eines disponibles per actuar sobre els casos que ja s’estan produint i tractar sobretot anticipar-se a futurs casos problemàtics.
En roda de premsa, Janet Sanz ha insistit que una legislació espanyola sobre lloguers és necessària i urgent, perquè “la desregulació d’avui dia no preserva el dret a l’habitatge sinó que fomenta que la gent hagi de marxar” dels barris. Barcelona i Madrid, ha dit, comparteixen el repte de “construir un model de ciutat on s’hi pugui viure i es garanteixin tots els drets ciutadans, especialment el de l’habitatge”. I ha ressaltat que els dos Governs municipals han teixit aliances des de fa mesos per abordar i minimitzar conjuntament el fenomen de la gentrificació.
Gala Pin ha qualificat de “crucial” que l’Estat reguli al més aviat possible el mercat de lloguer, i ha ressaltat que des dels Districtes de Ciutat Vella barceloní i Centro de Madrid es comparteixen casos i experiències comunes per evitar la marxa dels veïns i garantir la qualitat de vida.
Per la seva banda, Montaner ha posat en valor les polítiques que està duent a terme el consistori per afavorir l’accés a l’habitatge i millorar les condicions d’habitabilitat a la ciutat. Ha subratllat l’impuls a la rehabilitació tant de l’interior com de l’exterior d’edificis, el cens de pisos buits que s’està desenvolupant per afavorir la incorporació de part d’aquests pisos a la borsa de lloguer assequible, i la feina que s’està fent per elaborar indicadors sobre els preus de lloguer a la ciutat.
José Manuel Calvo ha expressat que Barcelona i Madrid “van agafats de la mà per abordar els problemes que tenen avui dia” i per avançar cada cop més cap a un model de ciutat sostenible tant social com mediambientalment. “Apostem per ciutats complexes amb mixtura d’usos i una qualitat de vida homogènia als barris, on no hi hagi segregació d’habitants i zones amb només activitat turística que acabi expulsant els ciutadans”, ha afegit.
Decenas de vecinos del Valle de Roya, situado en la frontera francoitaliana, alojan y ayudan a circular a los migrantes que arriesgaron su vida en el Mediterráneo.
Este acto de solidaridad puede conllevar penas de prisión y multas, salvo que se actúe “para preservar la dignidad de los inmigrantes”.
“Les resulta muy complicado llegar a Francia. Es un viaje que los hiere a nivel físico y psicológico”, dice un campesino al que piden 8 meses de prisión.
Por Enric Bonet para Desalambre
Una casita blanca se vislumbra en medio de una colina, en lo alto de un camino de piedras y arbustos. Es el hogar de Cédric Herrou, 37 años, un campesino que en 2004 decidió irse a vivir al campo “porque quería estar solo y tener una vida tranquila”, pero que ahora se ha convertido en un referente de la Francia más solidaria con los refugiados.
“Desde mayo, se han alojado varios centenares de personas en mi casa”, asegura Hérrou. Situado en las afueras de la localidad de Breil-sur-Roya, a apenas siete kilómetros de la frontera entre Francia e Italia, su domicilio se ha transformado en un lugar de paso obligado para muchos de los migrantes que alcanzan el territorio francés de forma clandestina.
Las autoridades francesas restablecieron en junio de 2015 los controles en las carreteras y trenes que comunican Italia con Francia. La vigilancia fronteriza se acentuó después del atentado de Niza del 14 de julio. “Para todas aquellas personas que tengan una apariencia sudanesa o eritrea, la frontera está cerrada”, afirma Hubert Jourdan, coordinador de la asociación Habitat et Citoyenneté.
Jourdan considera que bajo el pretexto de la amenaza terrorista se impide la libre circulación de los 180.000 refugiados que llegaron el año pasado a Europa a través de la ruta de Libia e Italia, la principal puerta de entrada al continente. Más de 36.000 personas sin documentos de entrada fueron detenidas en 2016 en la frontera francoitaliana, según datos de la prefectura de los Alpes-Marítimos.
“En este valle hay muchos menos controles”
Ante los controles sistemáticos en la frontera, los centenares de migrantes que se encuentran bloqueados en la localidad fronteriza de Ventimiglia –sudaneses y eritreos, la mayoría de ellos– suelen andar de noche siguiendo la vía del tren en medio de las montañas escarpadas. Esta ruta peligrosa –desde agosto del año pasado se han producido cinco accidentes ferroviarios, uno de ellos mortal– los lleva hasta el valle del río Roya.
Este enclave de los Alpes-Marítimos, compuesto por cinco pequeños municipios, se caracteriza por su afiliación comunista. Representa un puntito rojo en medio de una región profundamente conservadora, donde los barones regionales son Eric Ciotti y Christian Estrosi, dos lugartenientes del expresidente Sarkozy que se oponen de forma radical a la inmigración.
“En este valle hay muchos menos controles que en el resto del departamento (provincia) de los Alpes-Marítimos”, afirma Sylvain Gogois, un profesor de Educación Física jubilado que ha llegado a acoger hasta diez refugiados al mismo tiempo en su casa. Junto a más de un centenar de habitantes del Valle del Roya –Cédric Herrou entre ellos–, Gogois participa en la asociación Roya Citoyenne. Desde el pasado verano, esta agrupación de vecinos da comida, ofrece cobijo y ayuda a transportar a las varias decenas de inmigrantes clandestinos que llegan cada día a esta zona montañosa.
“Cuando estaba en la estación de tren de Breil-sur-Roya, se me acercó una mujer que me dijo que ese lugar era peligroso y me llevó hasta la casa de Cédric de Herrou”, explica Goitom Gebrselassie, de 18 años. Este eritreo anduvo durante más de dos días desde Ventimiglia hasta que fue alojado en el domicilio de Herrou, donde duerme en una caravana en su jardín.
Refugiados menores de edad en una caravana en el jardín dela casa de Cédric Herrou. | Foto: Enric Bonet
“Aquí nos tratan mejor que en el campo de la Cruz Roja. Dormimos tranquilos, comemos lo que queremos”, asegura Moussa Suleyman, de 17 años. Durante las dos semanas que pasó en Ventimiglia, este joven del Chad fue detenido en dos ocasiones por la policía fronteriza. Aunque la legislación francesa indica que cualquier menor en territorio nacional debe ser acogido por los servicios sociales, las extradiciones de los menores son constantes.
“Nos vemos obligados a realizar tareas que deberían ser competencia del Estado”, critica Patricia Cadoret, que trabaja como enfermera voluntaria en el Valle del Roya para Médicos Sin Fronteras. Lamenta la ausencia de lugares de acogida para refugiados en los Alpes-Marítimos, el único departamento de toda Francia donde las autoridades locales se negaron a instalar Centros de Acogida y Orientación (CAO).
Lo que más le inquieta son las dificultades que se encuentran para transportar a los migrantes que necesitan asistencia médica: “Cuando nos encontramos con alguno que tiene una caries, no lo podemos llevar al dentista por el miedo a ser detenidos por la policía”.
Una “red espontánea” que transporta refugiados
Además de la presencia de policías y militares en los puestos fronterizos, en el departamento de los Alpes-Marítimos hay trece puntos de paso autorizados, donde se impide el paso a todos los migrantes en situación irregular que circulen por ellos. También existen controles en prácticamente todas las estaciones de trenes de esta región. Ese amplio dispositivo de seguridad permitió el año pasado la detención de más de cien traficantes de personas, pero también persigue a los refugiados que viven desde hace semanas en el departamento, según los activistas.
“Intentamos transportar a los inmigrantes del Valle del Roya hasta otras regiones de Francia”, explica Herrou, quien critica el riesgo que corren de ser deportados a Italia si piden asilo en este departamento. Pese a la firmeza de los controles en la frontera, asegura haber llevado a “varios centenares de personas de Italia a Francia”.
Ayudar a un extranjero sin papeles a entrar en territorio francés es delito, pero Herrou considera legítimas sus acciones: “Les resulta muy complicado llegar a Francia. Es un viaje que los hiere a nivel físico y psicológico”. En 2016, cinco personas murieron mientras intentaban cruzar la frontera francoitaliana.
El campesino Cédric Herrou en el interior de su casa. | Foto: Enric Bonet
Yadyllo Cereno reside desde hace más de tres meses en el centro de acogida que Cáritas ha instalado en el subsuelo de la iglesia de Sant’Antonio en Ventimiglia. Este guineano de apenas 16 años ha intentado en múltiples ocasiones alcanzar el territorio francés, pero la policía francesa siempre lo ha detenido. “Les dije a los agentes que era menor de edad, pero me respondieron que la situación es la misma para los menores que para los mayores”, relata.
“La única vez en la que los ayudé a traspasar la frontera fue porque me encontré a un grupo de menores guineanos que querían ir hasta Grenoble para reencontrarse con sus padres”, explica Gogois.
“Existe una red espontánea de personas que se dedica a transportar a los refugiados”, afirma Teresa Maffeis, fundadora de la Asociación por la Democracia en Niza. Reconoce que a menudo los voluntarios se organizan para saber en qué zonas hay controles, aunque no es así en todos los casos: “Una mujer me explicó que una vez fue a Ventimiglia para dar comida a Cáritas y allí decidió recoger a un grupo de inmigrantes a los que tuvo durante unos días en su casa”.
Detenido por llevar a tres eritreas a un hospital
El 16 de octubre, mientras circulaba en coche acompañado de su hija de doce años por el Valle del Roya, Pierre-Alain Mannoni se cruzó con un grupo de cuatro jóvenes sudaneses. Este profesor universitario decidió arriesgarse a recogerlos en la carretera y alojarlos durante una noche en su casa. Al día siguiente intentó hacer lo mismo con tres chicas eritreas. “Estaban cansadas, heridas y necesitaban asistencia médica”, asegura. Las había conocido en un centro de acogida improvisado que la gente de Roya Citoyenne había abierto ese mismo día y que fue cerrado tres días más tarde por las autoridades.
Sin embargo, en esta ocasión la policía lo detuvo a las tres de la madrugada en un peaje de la autopista en las afueras de Niza. Lo esposaron y lo tuvieron retenido durante 36 horas en la comisaría. Dos de las chicas fueron devueltas a territorio italiano y a la otra, que era menor, según le dijeron, “la enviaron a un centro de acogida”, aunque duda de que sea verdad.
Al salir de la comisaría, le requisaron su vehículo personal –que aún no le han devuelto– y le prohibieron salir de Niza durante 35 días. El fiscal pide seis meses de prisión condicional por esta infracción. “Me parece que es una forma de intimidación muy perversa”, critica Mannoni. “Después de haber hablado conmigo, los agentes vieron rápidamente que no era un traficante de personas”, añade.
Pierre-Alain Mannoni en las calles de Niza. | Foto: Enric Bonet
Además de Mannoni, otros once militantes –la mayoría de ellos vinculados a Roya Citoyenne– han sido imputados por haber transportado a inmigrantes. El campesino Cédric Herrou es uno de ellos. Lo acusan de haber permitido la entrada de 200 personas al territorio francés y haber organizado un campamento de acogida ilegal. El fiscal pide por ello ocho meses de prisión condicional.
Habría que añadir a esta lista de ciudadanos sancionados por sus actos de solidaridad a la profesora universitaria ya jubilada Claire Marsol, de 72 años. La sancionaron en diciembre de 2015 con 1.500 euros de multa por ayudar a una mujer y un menor a evadir los controles policiales en la estación de Niza.
Aunque el actual Gobierno socialista suavizó la ley que condena la ayuda a la entrada de los extranjeros en territorio francés, la legislación vigente castiga estos actos con una pena máxima de cinco años de prisión y 30.000 euros de multa. “Pero esta incorpora una cláusula de indemnidad (un eximente) en el caso de que la ayuda al extranjero sea realizada para preservar su dignidad”, explica Mirelle Damiano, abogada. Según la letrada, “tanto Mannoni como Herrou actuaron para preservar la dignidad de los inmigrantes”.
El 6 de enero la justicia declaró inocente a Mannoni, pero el fiscal recurrió esta sentencia y volverá a ser juzgado a principios de febrero. “Espero que mi caso suponga un precedente para que la policía deje de detener a personas solidarias como yo”, asegura este profesor de Geografía.
El 11 de febrero el juez dictará el veredicto sobre el juicio de Herrou, que comenzó el pasado 4 de enero. “Su caso resulta diferente porque es mucho más mediático”, explica Damiano, quien considera que “las autoridades quieren dar un verdadero mensaje de atención a los ciudadanos para que dejen de actuar de manera solidaria”.
Pocos líderes han logrado generar tantas manifestaciones de rechazo.
Desde Sydney a Los Ángeles, desde Londres a Nueva York, con ecos en Guatemala, México, Chile y otros países en los 5 continentes, las voces de millones de personas –en su mayoría mujeres– se unieron para manifestar su rechazo a la explícita posición misógina, racista y discriminatoria del nuevo habitante de la Casa Blanca. No esperaron a que Donald Trump desempacara sus valijas para hacerle ver que no importando la distancia, la vigilancia sobre sus políticas será constante.
Los temas más preocupantes para las manifestantes del 21 de enero se refieren a las actitudes carentes de empatía del nuevo presidente estadounidense con las minorías, en especial sus intenciones de cambiar leyes que representan conquistas importantes, como las que permiten el aborto y garantizan asistencia en programas de salud sexual y reproductiva, el matrimonio igualitario, las medidas para establecer controles de prevención contra el cambio climático, la contaminación y la degradación del ambiente y otras de beneficio social.
Trump parece haber alcanzado el sueño de su niñez sin reparar en que la presidencia del país más poderoso del mundo no es un juego de niños. Llegó con un discurso agresivo y descalificante hacia sus antecesores, convencido de haber logrado, junto con el palio presidencial, la omnipotencia. Craso error, porque aún con las desigualdades y precariedad en la cual vive el grueso de la población mundial, existe un contrapeso natural en las decisiones emanadas desde las principales potencias. Este poder se manifiesta no sólo en convenios y tratados firmados y ratificados por las distintas naciones, sino también en la voz de ciudadanos cada vez más conscientes de sus derechos.
Este cambio de mando y de tendencia política, aun con ser relativo –el Departamento de Estado nunca ha bajado su bandera expansionista ni su agresiva política económica– muestra a un mandatario decidido a transformar su territorio en una fortaleza inexpugnable, hostil hacia los inmigrantes y abiertamente orientada a proteger sus intereses comerciales contra viento y marea, no importando cuáles sean las consecuencias para los países socios en esos tratados de intercambio. Sin embargo, lo que se veía fácil y posible en promesas de campaña con el objetivo de seducir a una población decepcionada de la política tradicional, en la realidad será una lucha a brazo partido contra intereses mucho más poderosos, fincados en complejos acuerdos entre compañías multinacionales y países productores de mano de obra barata cuyos intereses trascienden la visión de nacionalismo reeditada por Trump.
Para los países ubicados al sur, la situación es amenazante. Los mayores receptores de remesas de inmigrantes muchos de ellos residentes legales, pero también miles de indocumentados que trabajan en todo el territorio estadounidense, son los países del triángulo norte de Centro América y la nueva administración constituye una alerta roja para sus gobiernos, los cuales ya deberían comenzar a diseñar sus estrategias de negociación.
De no hacerlo, y de no hacerlo correctamente, la política anti inmigrantes de Trump podría generar una repatriación masiva de ciudadanos centroamericanos, quienes de paso perderían todo lo ganado durante su estadía en Estados Unidos. Esto, porque al ser indocumentados y carecer de estatus legal, el manejo de sus bienes es precario e inseguro. Al darse un movimiento de tal magnitud, la mayor fuente de divisas de algunos de estos países, como Guatemala, se reduciría drásticamente con las graves consecuencias que eso implica para los sectores más necesitados.
Maíllo: «Si las eléctricas fueran estatales esta especulación en el precio de la luz no se habría producido»
El Coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, junto alcaldes, diputados y cargos públicos han presentado una denuncia, el pasado viernes 20 de enero, solicitando al Ministerio Público que investigue por qué, en un periodo de altísima demanda como el de esta ola de frío, las empresas han modulado a la baja la producción de las centrales de gas, provocando así un encarecimiento del precio de la energía.
Izquierda Unida a través de esta denuncia, firmada también por el Coordinador Federal de IU, Alberto Garzón, los cinco parlamentarios andaluces y los diputados nacionales, Miguel Ángel Bustamante y Eva Sempere, piden al fiscal que investigue también si las eléctricas que cuentan con una red deficitaria en algunas zonas del país, las llamadas zonas blancas, están incumpliendo su obligación de garantizar el acceso a la energía a todos los ciudadanos sin interrupciones
«A nuestro entender, explica el coordinador de IU Andalucía, se impone la apertura de una investigación que ponga en evidencia el recurso constante de las compañías a maniobras fraudulentas tendentes a aumentar sus beneficios así como actuaciones contundentes y ejemplarizantes que las hagan desistir de tales prácticas». «Es inaceptable y un insulto a la sociedad española», critica Maíllo, la puesta en escena del ministro de industria Nadal porque «los poderes públicos, que deben velar por el interés general y la protección de todas las personas, especialmente las más vulnerables, eludan su responsabilidad y mantengan un marco de impunidad en el que estas empresas operan con arbitrariedad, pleno conocimiento del mal que causan, y absoluto desprecio por las durísimas condiciones cotidianas a las que se enfrentan quienes no pueden pagar la energía eléctrica».
En el escrito registrado esta mañana en la Fiscalía Provincial de Sevilla, Izquierda Unida insiste que la regulación del mercado energético se ha concretado en unos parámetros legales que «favorecen los intereses empresariales en detrimento de las personas usuarias». «Incluso desde el cumplimiento escrupuloso de la legalidad vigente se produce un margen de beneficio para las compañías suministradoras difícilmente justificable desde la defensa del interés general y el carácter básico del servicio prestado por estas empresas».
Eva García Sempere, diputada comunista malagueña de IU en el grupo parlamentario Unidos Podemos (UP), ha recordado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reiterado en sus informes «estas disfunciones, al tiempo que ha sancionado a compañías por emprender acciones tendentes a manipular los precios al alza». En concreto, Iberdrola fue sancionada en diciembre de 2015 con 25 millones de euros, en palabras de la Comisión por “manipulación fraudulenta tendente a alterar el precio de la energía eléctrica”. Aquel episodio, explica, movió al gobierno a cambiar el sistema de fijación de precios, «supuestamente para evitar que la luz incrementara de golpe», aunque como la propia Comisión ha revelado en su último informe, «las modificaciones introducidas han elevado los ya escandalosos márgenes de beneficio de las empresas por encima del 30 por ciento».
Por su parte, Miguel Ángel Bustamante, diputado comunista de IU en UP, ha defendido la «nacionalización de las eléctricas» cuyas prácticas «están generando una gran indignación social» por tanto entendemos, insiste Bustamante, «desde lo público se debe gestionar la producción y distribución de la energía».
Desde el convencimiento de que ningún ser humano puede ser privado de este derecho por causas económicas, explica la denuncia registrada por IU, «entendemos que deben producirse profundos cambios legales en nuestro país dado que entendemos que el actual es injustamente ventajoso para las empresas y lesivo para la población». «No obstante, incluso en el ámbito de este marco legal que impugnamos, las empresas pudieran estar operando al margen de lo legalmente establecido, influyendo en los precios de la energía por razones ajenas a la prestación del servicio, y eludiendo su responsabilidad como compañías suministradoras al invertir insuficientemente en las infraestructuras que la prestación de este servicio básico requiere para garantizarlo a toda la población».
El cielo, muestra una tonalidad azul pastel, mientras
el sol, se torna rojizo. El arbolado se viste de argenta,
incluso el último retoño del sotobosque, adquiere una
pigmentación ocre dorada, al igual que la melena del
viejo león de la estepa africana.
Aprecio que tu mirada está ausente, lejana, misteriosa,
se pierde en el aire…Ha llegado la hora que las nubes
de fuego de poniente, adornen la tarde…Llegó el momento
en que la brisa al pasar entre el ramaje del arbolado, nos
haga sentir su rumor.
Mientras el día se prepara para dormirse con el beso
de la noche, tu suspiras por alcanzar los labios del
deseo…
¡Eres como una isla en medio del mar del de la vida,
quien llega a ti, olvida la tormenta !!.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz insta al Gobierno de España que ponga en marcha sin demora el Plan de Emergencia para los refugiados que se acordó en la Conferencia de Presidentes, para que sirva precisamente a esa situación de urgencia ante las condiciones climatológicas del invierno.
Díaz ha indicado que volverá a reivindicar al Gobierno que esta iniciativa «no se demore en burocracia» y que, tras la reunión preparatoria con las comunidades autónomas celebrada el lunes 23 de enero, «el plan se ponga cuanto antes encima de la mesa». «Quienes tenemos capacidad para hacer cosas, tenemos la obligación de hacerlas. Los ciudadanos están muy por encima en esta crisis humanitaria de lo que se está por parte de los gobiernos», aseveró.
En esta línea, Díaz ha señalado que «todos los gobiernos sabemos lo que está sucediendo en las fronteras de nuestro viejo continente, en unas condiciones de crueldad y falta de humanidad» que nos obligan a «hacer un esfuerzo adicional». «España no puede demorar más el acogimiento de ese cupo de personas que nos corresponde, en torno a 16.000», y de las que apenas 44 han llegado a Andalucía, añadió.
Mientras se aprueba ese plan estatal, y ante la emergencia de la situación, «la Junta no va a esperar –apuntó la presidenta- y por eso hemos aprobado una ayuda extraordinaria de 250.000 euros» para asistir a los refugiados en Grecia frente a las duras condiciones climatológicas del invierno. Este acuerdo recoge la distribución de ropa de invierno, sacos de dormir y mantas térmicas. Asimismo, alojamiento de emergencia contra el frío.
Esta adenda se suma a los más de 2,7 millones de euros que Andalucía va a destinar este año 2017 para la atención de la población refugiada, tanto refugiados palestinos en Siria (a través de UNRWA), como atención a niños en campamentos de Líbano y Jordania (a través de ACNUR), además del ya mencionado envío de material de abrigo y refugio de los campamentos de Grecia.
Se trata, destacó la presidenta de «dar una respuesta sensible y con humanidad a lo que está pasando», por lo que insistió en que «España tiene que levantar la voz en Europa solicitando que hagamos honor a los ciudadanos y a los países que representamos, para que se pongan en marcha cuanto antes los instrumentos necesarios que permitan dar asilo y acogida a los refugiados», sobre todo porque «Europa no tiene una política de acogida para dar respuesta a esta situación», apostilló.
La representante de ACNUR agradeció a la Junta de Andalucía las casi dos décadas de apoyo a los refugiados en zonas de conflicto con mayor y menor visibilidad, así como sus políticas de visibilización y apoyo.
Además de en los países de origen, Andalucía también atiende en su propio territorio a la población refugiada. Por ejemplo, en una iniciativa pionera, y con el objetivo de facilitar la integración a menores extranjeros no acompañados refugiados, el centro de menores de Motril (Granada) acoge un total de siete menores que están recibiendo la educación y atención que les corresponde. El objetivo es atender a 24 menores, sin perjuicio de que pudiera ampliarse posteriormente, pero los trámites requieren de la autorización del Gobierno español. No obstante, a estos siete menores referidos se suman otros 37 refugiados, ubicados en Málaga y Granada, lo que eleva a 44 el número de refugiados acogidos por la comunidad andaluza.
En lo que respecta a las políticas de cooperación internacional, Andalucía contará en 2017 con un presupuesto de 42,6 millones de euros. Esta partida es el resultado del compromiso social y de solidaridad con los más necesitados, actuaciones que se concretarán en torno a 140 proyectos, que van a mejorar 26 países y a beneficiar a más de tres millones de personas. Este año aumenta la partida de ayuda humanitaria de 2.535.000 a 2.700.000 para que las ONGD presenten sus proyectos, dentro de los más de 25 millones de euros que Andalucía destina a las ONGD.
El que fuera compositor y cantante de la exitosa banda granadina El Puchero del Hortelano comienza carrera en solitario.
Arco continúa sobresaliendo en los textos, con unas cuidadas letras que destacan por su intensidad y emotividad y que adquieren un nuevo grado de madurez en este proyecto a la par que la música que las viste, que parte de una instrumentación clásica de banda de rock (batería, bajo, guitarra eléctrica, acústica y piano) e investiga en el folk de aquí y de allí, todo ello envuelto por su característica voz rota que atrapa desde la primera escucha y que rezuma raíz, sur…
El nuevo portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, aseguró este lunes en su primera rueda de prensa que el gobierno del presidente Donald Trump está abierto a colaborar con Rusia en la lucha contra los yihadistas del Estado Islámico (EI).
El vocero de la Casa Blanca anunció además que Trump visitará el próximo viernes, por primera vez como presidente, el edificio del Pentágono para revisar la estrategia contra el EI, el grupo islamista radical al que Estados Unidos bombardea en Siria e Irak desde 2014.
El presidente discutirá la marcha de las operaciones contra los yihadistas con su recientemente confirmado secretario de Defensa, James Mattis, y con el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, dijo Spicer, informó la cadena CNN.
«Siempre que haya un modo de combatir al EI con cualquier país, tanto si es Rusia como otro, si compartimos intereses nacionales, no duden que lo haremos», aseguró.
La relación entre la nueva administración y Rusia
Spicer dijo que la administración Trump está dispuesta a colaborar con cualquier país tanto en el terreno militar como el económico para combatir a los yihadistas del EI, y recomendó referirse al Pentágono, que ha negado categóricamente que Estados Unidos esté coordinando con Rusia para bombardear al EI en Siria, como aseguró desde Moscú el Ministerio de Defensa.
Un portavoz del Pentágono aseguró a la agencia de noticias EFE que «el Departamento de Defensa mantiene un canal de comunicación con los militares rusos enfocado solamente para asegurar la seguridad de las tripulaciones y para evitar encontronazos entre miembros de la coalición (estadounidense) y las operaciones rusas en Siria», indicó Eric Pahon, portavoz del Pentágono.
La llegada de Trump a la Presidencia de Estados Unidos hace prever un cierto acercamiento entre Estados Unidos y Rusia en lo referente al conflicto sirio y la lucha contra el EI, después de que el magnate alabara la estrategia rusa y dejara abierta la puerta a la colaboración.
Sobre las deportaciones a los inmigrantes ilegales
En la misma rueda de prensa, Spicer dijo que Trump no tiene como «prioridad» deportar a los jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños (conocidos como soñadores) y a los que Obama concedió un alivio migratorio.
El portavoz también dijo que Trump sigue decidido a «construir el muro» en la frontera con México y que «está haciendo todo lo que puede para instruir a las agencias y al Congreso para comenzar ese trabajo lo más pronto posible», sin dar más detalles.
Spicer afrontó una pregunta sobre la posibilidad de que Trump acabe con la orden ejecutiva de Obama conocida como DACA, que protegió a los llamados «soñadores».
«Lo primero que va a hacer es instruir a las agencias para que se centren en aquellos (indocumentados) que tengan un historial criminal o que presenten una amenaza para el pueblo estadounidense. Esa va a ser la prioridad, y después vamos a seguir examinando qué hacer con el resto de gente que está aquí» ilegalmente, dijo Spicer.
Con esa breve respuesta, el portavoz no llegó a descartar que Trump pueda cancelar el decreto de Obama, que ha permitido a unos 750.000 jóvenes indocumentados tener la garantía de que no serán deportados, aunque sin llegar a regularizar su situación migratoria, algo que solo puede hacer el Congreso estadounidense.
No obstante, Trump podría acabar con el decreto de Obama y aún así no deportar a los «soñadores», quienes simplemente perderían la garantía de protección que les ha dado seguridad y les ha permitido continuar sin miedo con sus estudios y su carrera laboral.
Tras ganar las elecciones del 8 de noviembre pasado, Trump afirmó que expulsaría a los que tienen «antecedentes penales», cerca de tres millones, en vez de al total de 11 millones de indocumentados a los que prometió deportar durante la campaña.
