El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebra este jueves un Pleno ordinario con dos asuntos destacados. Por un lado, abordará la petición de un grupo de vocales conservadores para decidir si el CGPJ debe dar su opinión sobre la propuesta de PSOE y Unidas Podemos para derogar el delito de sedición, aunque no se le haya pedido. Y, por otro, el nombramiento de los dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC), si bien sobre esto último se espera que no haya acuerdo.
Fue el pasado 18 de noviembre cuando ocho vocales –Gerardo Martínez, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad, Carmen Llombart y Ángeles Carmona– solicitaron al presidente interino del CGPJ, Rafael Mozo, que incluyera en el orden del día del Pleno de este jueves su propuesta sobre la reforma penal anunciada por el Gobierno.
Los vocales quieren, en primer lugar, que “el Pleno se pronuncie sobre la falta de petición de informe” en relación con la propuesta para derogar la sedición y, en un paso más, “que se debata si, a pesar de ello, no sería oportuno que el Pleno evacuase dicho informe”.
La cuestión es que PSOE y Unidas Podemos presentaron su iniciativa legislativa como proposición de ley, una fórmula que permite no pedir informes al CGPJ y otros órganos constitucionales que, en caso de haberse optado por el anteproyecto de ley, serían obligatorios.
“Hay que tener presente que, aunque el artículo 561.1de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) solo se refiere a anteproyectos de ley, y no a proposiciones de ley, los estándares europeos obligan a que todas las propuestas normativas que afecten al Poder Judicial deben someterse a previo informe de los Consejos de Justicia”, argumentan estos ocho vocales.
Además, llaman la atención sobre el hecho de que “en reiteradas ocasiones nos encontramos con importantes reformas que afectan al Poder Judicial y que, en lugar de tramitarse como proyectos de ley por el Gobierno, son los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno los que presentan en el Congreso de los Diputados como proposiciones de ley, obviando así el trámite de informe preceptivo de este Consejo General del Poder Judicial de haberse tramitado de otra forma”.
