El Gobierno tiene previsto llevar al Consejo de Ministros de la semana que viene el acuerdo sobre el primer bloque de reforma de las pensiones que incluye la revalorización en base al IPC y se compromete a negociar con los agentes sociales hasta el mes de noviembre el mecanismo de equidad intergeneracional que sustituirá al Factor de Sostenibilidad.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones apuntaron que el acuerdo sobre la primera parte de la reforma en pensiones, de la que se cerró hoy un texto que tiene que recibir el visto bueno de CEOE, se pretende aprobar en Consejo de Ministros el martes de la semana que viene y que inicie la tramitación parlamentaria en septiembre, con el objetivo de que entre en vigor a principios de 2022.
El acuerdo contempla la revalorización de las pensiones a 1 de enero conforme al IPC medio anual de noviembre del año anterior cuando éste suba, y que no haya ajuste si la inflación es negativa, de manera que la pensión no se actualice en esos casos. Con este sistema, ya no habrá paga compensatoria o “paguilla” por la diferencia entre la subida que se aplicaba y la subida efectiva del IPC. Este mecanismo se evaluará cada cinco años en el diálogo social.
También se acuerda la sustitución del Factor de Sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional que se negociará con los agentes sociales hasta mediados de noviembre de este año para su entrada en vigor en 2027. Estas fuentes del Ministerio señalaron que todavía no se ha iniciado la negociación de este nuevo mecanismo y se hará pronto.
El acuerdo también recoge un nuevo esquema de coeficientes reductores para las jubilaciones anticipadas voluntarias, mayores que los actuales, que se aplicarán directamente sobre la pensión y de forma mensual en lugar de sobre la base reguladora y de forma trimestral como rige el sistema actual. Para las pensiones máximas, la aplicación de los coeficientes reductores tendrán un periodo transitorio hasta 2033, mientras que para el resto se hará en cuanto entre en vigor el paquete.
En lo que se refiere a la jubilación anticipada por razón de la actividad, se modificará el procedimiento de solicitud y se precisarán con más detalle los indicadores de peligrosidad o penosidad que determinan el acceso a esta modalidad de jubilación anticipada de manera que su aplicación pueda ser efectiva.
Para incentivar la jubilación demorada, se establecerá la exoneración de cotizar por contingencias comunes, excepto por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación que corresponda. Además, por cada año de demora se podrá optar por recibir un aumento del 4% en la pensión, una cantidad a tanto alzado premiando las carreras más largas o una combinación de ambas.
Respecto a la jubilación activa, se exigirá como condición para acceder a esta modalidad el transcurso de al menos un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación y se revisará en el diálogo social esta modalidad en el plazo máximo de 12 meses.
Del mismo modo, se prohíbe la jubilación forzosa en los convenios colectivos hasta los 68 años, a excepción de una serie de sectores en los que la ocupación de las mujeres sea inferior al 20%. Las empresas pertenecientes a esos sectores podrán aplicar la jubilación forzosa antes de los 68 años si sustituyen a esos trabajadores por mujeres.
Otra de las medidas consiste en la exoneración del 75% de las cuotas empresariales por contingencias comunes en las bajas por incapacidad temporal de los trabajadores a partir de los 62 años con el objetivo de que esas personas puedan seguir activas en el mercado de trabajo y las empresas no tengan barreras para mantenerlas.
En cuanto a los gastos que asume la Seguridad Social y que se consideran impropios, se acuerda que en 2022 y 2023 el Estado se haga cargo de lo que queda, unos 7.600 millones de euros, dado que ya ha asumido 14.000 millones de euros.
Las fuentes del Ministerio señalaron que con estas medidas se pretende incentivar el aumento de la edad efectiva de jubilación para acercarla a la legal y calculan que se habrá logrado un incremento de dos años para 2050.
En cuanto al coste que supondrá esta reforma, estiman que será de un aumento del gasto en pensiones de 2,5 puntos del PIB hasta 2050 respecto a la reforma de 2013 y que se compensará en aproximadamente la mitad con las medidas de alargamiento de la edad efectiva de jubilación.
En cuanto al nuevo sistema de cotización de los autónomos en función de sus ingresos, el acuerdo prevé aprobarlo el año que viene en una norma intermedia e implantarlo de forma gradual en un máximo de nueve años a partir de 2023.
Por último, la cláusula de salvaguarda de las pensiones para quienes fueron despedidos antes de la crisis financiera se mantendrá en su regulación actual con carácter indefinido, y en un plazo de tres meses se hará el desarrollo reglamentario de la cotización de los becarios, aunque no reciban remuneración, con una reducción en la cuota del 75%.
