En diciembre de 2016, el blog de SIIS (Centro de Documentación y Estudios-Fundación Eguía) publicó un artículo criticando nuestra propuesta de financiación de la renta básica incondicional y haciendo algunas afirmaciones en un tono demasiado pretencioso para el pobre contenido que ofrecía como intentaremos mostrar detalladamente. Francamente, no entendemos esta beligerancia sobre supuestos “mantras”, “trucos contables” y “medias verdades” que parece ser que los autores que firmamos acostumbramos a utilizar y que algunos se han apresurado a aplaudir simplemente porque nosotros éramos los criticados. Pero eso es lo de menos y forma parte de las apasionantes complejidades psicológicas que dejaremos al margen porque hay mucha materia numérica que tratar. Vayamos a los datos, que es un terreno en el que sí podemos aclarar algunas de las afirmaciones allá vertidas y demostrar su incorrección. Este escrito lo dedicamos a este fin.

Sorprende la mezcla que parece deliberada de comentarios del modelo de financiación que propusimos para Guipúzcoa y para el Reino de España (el cual no incluye ni a la Comunidad Autónoma Vasca ni a Navarra). Para disipar esta niebla nos centraremos, ya que el título de su escrito se refiere a la CAV, en el modelo de Guipúzcoa.

El modelo para analizar la financiación y el impacto de una RB en Guipúzcoa, se basó en los datos censales del IRPF de Guipúzcoa del año 2011, y estos datos establecían que la población analizada con esa información representaba el 95,5% de la población de derecho mayor de 18 años y el 99% de la menor de 18 años, en términos totales el 96%. Lo que significa que solo el 4% quedaba fuera del análisis con los microdatos utilizados (dicho sea de paso, con ello también se contesta a alguna de las citas externas, sobre todo aquélla harto repetida de que con este tipo de modelos se deja de analizar un muy importante porcentaje de población porque no está presente en los datos del IRPF, pues bien: en Guipúzcoa el 4%, en el Reino de España alrededor del 20%).

Comentarios que son errores catastróficos

El primer comentario falso a rebatir es: “Pero no tienen en cuenta, a la hora de calcular la situación de partida, el impacto que prestaciones como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) tienen en la situación económica real de los grupos más desfavorecidos de nuestra sociedad”. El segundo, aún más falso, si cabe, que el anterior: “No es por tanto cierto, como señalan los autores de esta propuesta, que el 75% menos rico de la sociedad guipuzcoana se vería beneficiado por el cambio que proponen: algunas de las personas más pobres de nuestra sociedad saldrían perdiendo con el cambio y otras –por ejemplo, las unidades perceptoras de la RGI con más de dos miembros− saldrían ganando, pero en mucha menor medida de lo que los autores de esos estudios de simulación sugieren”. Ese segundo comentario es una nueva y catastrófica falsedad.

En primer lugar, nunca hemos puesto en cuestión que la RGI no sea un mecanismo corrector de la pobreza y la desigualdad; lo que sí hemos afirmado es que la RB también lo es y además sus correcciones son mucho más eficientes que las que pueda conseguir la RGI y, puesto que parece que no se han interpretado bien los resultados de nuestra propuesta los pasamos a resumir tan brevemente como es posible, para confirmar nuestra afirmación y también para desmentir el segundo comentario mencionado.

Los resultados que proporcionaba el modelo deben considerarse teniendo en cuenta las siguientes premisas:

-una RB de 7.902 euros anuales a personas mayores de 18 años y el 20% (1.580,5 euros anuales) a los menores de 18 años.

-un tipo único del 40,5% sobre los ingresos que deben declararse en el IRPF, sin incorporar la RB anterior.

-un ahorro completo en las prestaciones económicas públicas por debajo de la RB de 1.730,8 millones de euros (por ejemplo la mayoría de la RGI o de las pensiones no contributivas), o un ahorro parcial, porque se seguirán percibiendo, en la cantidad que sobrepasen a la RB (por ejemplo, una parte muy importante de las pensiones contributivas y de las prestaciones por desempleo). En esa cantidad están incluidos 210 millones de euros, que es la estimación que en 2011 se dispuso para Guipúzcoa del coste de la RGI (más PCV, AES y algunas otras figuras como becas, subsidios del SPEE y pensiones no contributivas). Por tanto, la parte más importante de ese ahorro lo suponen las pensiones contributivas y las prestaciones por desempleo, para la cantidad que es inferior a la RB considerada.

Y los principales resultados eran los siguientes:

En primer lugar, del 4% de personas no presente en los datos del IRPF, decíamos que tenía garantizada su RB individual, puesto que se financiaba con una parte de los 1.730,8 millones de ahorro antes mencionado. Y recordemos que el análisis daba por supuesto que toda la población empadronada en Guipúzcoa recibiría la RB, a diferencia de la RGI que excluye los empadronados de menos de 3 años. Con datos de Eustat, esta exclusión implicaría dejar fuera de los cálculos de la RB unas 100.000 personas, casi el 5% de la población, y una parte de ésta también de la RGI.

En el caso del 96% que sí podía analizarse individualmente con los datos del IRPF, las declaraciones ganadoras con la RB propuesta eran el 62,6%; cifra que se obtenía al contabilizar qué declaración se veía favorecida al comparar sus ingresos declarados menos su cuota por IRPF con la cantidad que se reflejaría si a sus ingresos a declarar se le aplicase el tipo único señalado del 40,5%, y luego se le sumase la RB que debería percibir que, como ya se ha señalado, es un ingreso exento. Cuando, además, se añadían todas las personas que no son el contribuyente principal (que son ganadoras también porque no declaran ningún ingreso que pueda ser gravado por el IRPF pero sí perciben la RB) que sí constaban en cada una de las declaraciones, el porcentaje ascendía hasta el 74,7%. Y téngase en cuenta, además, que este 12,1% de ganadores añadido, puede convivir con una declaración perdedora al aplicar la operación antes apuntada. Los microdatos utilizados podían analizarse individualmente para calcular los habituales indicadores sintéticos para medir la desigualdad, la progresividad y la redistribución.

Y por lo que respecta a estos tres apartados los resultados eran muy precisos. La desigualdad medida a través del índice de Gini disminuía cerca de 13 puntos (de calcularlo con la renta bruta inicial, el total de ingresos declarados en el IRPF, o con la renta final, después de aplicar a la anterior el tipo único del 40,5% pero incorporando la RB), mientras que sólo se reducía en poco menos de 4 puntos al aplicar el IRPF vigente en 2011. El efecto en la progresividad del impuesto (la combinación de tipo único y transferencia de RB) era también muy importante puesto que se conseguían incrementos muy significativos en los índices utilizados para su medición. Finalmente, en términos de redistribución los resultados eran igualmente muy ilustrativos: se conseguía triplicar, al introducir la RB, el efecto redistributivo sobre la renta final.

Y estos eran los resultados incuestionables del modelo de financiación de la RB para Guipúzcoa.

Comentarios mal intencionados

Otro comentario, aunque en éste no logramos entender cuál es su propósito, más allá de la descalificación emotiva, es el siguiente: “A esa misma conclusión llegan las simulaciones, más honestas, realizadas por ejemplo en Francia”. Caramba, “más honestas”, es decir, que las nuestras lo son poco. Veamos que hay detrás del estudio francés citado. Este estudio es un modelo de reforma del IRPF de aquel Estado para financiar una RB, con la diferencia significativa de que la simulación que efectúan no utiliza observaciones reales, y sus resultados deben entenderse que siempre se refieren a valores medios, incluso dentro de las decilas que utilizan. Por supuesto, que no es nuestra intención criticar aquí dicho estudio, porque nos parece un enfoque convergente al tipo de esquema de implantación de RB que nosotros proponemos, pero sobre todo porque en su raíz es un ataque profundo, desde la concepción de la RB a los subsidios condicionados muy parecidos a la RGI que existen en Francia. Eso sí, recomendaríamos a quien lo cita en contra (supuestamente) de lo que defendemos, que cuando lo haga sí tenga en todo caso la honestidad intelectual que escribe echa a faltar en nuestro estudio de señalar los parámetros que en él se barajan; por ejemplo las cantidades de RB propuestas (5.760 euros anuales por adulto, 3.240 euros anuales para adolescente, entre 14 y 18 años y 2.400 euros anuales por menor de 14 años), el tipo único propuesto en su reforma del 36,5%, aunque con un ligero detalle que no es baladí, aplicado a una economía como la de Francia que ostenta un PIB per cápita en 2015 según los últimos datos publicados por Eurostat, que supera en más del 40% al del Reino de España. Ahora, por supuesto, no hay otro remedio que efectuar las comparaciones con el modelo de financiación para el Reino de España. Dicho sea de paso, y una vez leída la referencia nos gustaría saber lo que se entiende por “más honestas”, más allá de la descalificación de los “menos honestos”.

El siguiente comentario: “… De esa forma, aplicando el tipo del 49% a la realidad guipuzcoana, una persona soltera con un salario bruto de 28.000 euros anuales (unos 1.500 euros netos mensuales) recibiría efectivamente una prestación incondicional cercana a los 8.000 euros anuales, pero pagaría, al mismo tiempo, un IRPF cercano a los 14.000 euros por sus ingresos salariales, frente a unos 5.000 en la actualidad. La nueva prestación sería por tanto absorbida por los nuevos tipos impositivos, y la presión fiscal real de esta persona pasaría del actual 17% al 20%, reduciendo sus ingresos, en relación a la situación actual, en un 4%. El deterioro sería mayor en caso de beneficiarse actualmente, por ejemplo, de una ayuda al alquiler o de una deducción fiscal. En términos netos, por tanto, la prestación universal no deja de ser degresiva y a la postre selectiva”.

En primer lugar, si vamos a aplicar a la realidad guipuzcoana los resultados del modelo de financiación, deberemos utilizar el tipo único del 40,5% y no del 49%, como queda dicho. En segundo lugar, es muy fácil contabilizar que todos los perdedores que resultaban en el modelo, situados en las 8 primeras decilas de distribución de la renta bruta inicial, sus pérdidas globales representan 110 millones de euros, quiere decir por tanto que eliminarlos como tales (entonces los perdedores solo estarían en las dos últimas decilas) supondría obtener una financiación adicional para Guipúzcoa del 0,49% de su PIB en 2011. Y el porcentaje que debería aplicarse para obtener idéntica solución, pero para el Reino de España (sin la CAV y Navarra, repitámoslo una vez más) no superaría el 0,6% de su PIB. Y, como ya hemos apuntado en otros artículos, podría efectuarse (en uno y otro modelo) a través de un mecanismo compensatorio integrado en el propio IRPF que garantizara que, en tales casos (las rentas brutas iniciales por debajo del percentil 80), la nueva situación en IRPF y RB no les perjudicara respecto a la anterior sin RB. Insistimos, este aumento de financiación, conseguiría que todos los perdedores quedaran únicamente situados en las dos últimas decilas de la distribución. Curiosa regresividad esta.

Pero ya que han pasado casi dos años desde el estudio para Guipúzcoa, y aprovechando la metodología desarrollada, seamos constructivos y veamos, por si puede aclarar algún aspecto más, una estimación comparativa de una RB con la RGI para el conjunto de la CAV, aprovechando datos agregados existentes para el año 2014. Puede ser un poco tedioso, pero así esperamos despejar toda duda de que el artículo del SIIS es más que ligero en sus afirmaciones.

Estimaciones con la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de la CAV (EPDS) de 2014

No disponemos en este momento de una muestra de declaraciones de IRPF para replicar la simulación que hicimos con Guipúzcoa pero sí disponemos de los datos de la EPDS de 2014, que se pueden consultar en este fichero de tablas[1] y este documento. También disponemos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE para el mismo año pero, como veremos más adelante, con una muestra sensiblemente inferior. Además disponemos de datos agregados de otras estadísticas oficiales que nos permiten aproximar los cálculos usados en la metodología de Guipúzcoa.

La tabla 13 del fichero nos da una fotografía de la situación de los hogares de la CAV en relación a la pobreza y su ingresos, basados en una encuesta a 10.666 individuos pertenecientes a 4.360 hogares. La tabla clasifica los hogares en 4 categorías con nivel creciente de bienestar, siendo las dos primeras las que califican a sus miembros de hogares pobres.

Adicionalmente, la tabla 12 del mismo fichero nos muestra también que la población en riesgo de pobreza antes de transferencias de RGI/PCV/AES era de 207.898 personas (9,6% del total de la población), de las cuales 56.307 (27,1% del total de personas en riesgo de pobreza) no fueron atendidas por el sistema de RGI/PCV y AES[3] y del resto, 71.092 (34,2% de la población en riesgo de pobreza y 3,3% del total de la población) atendidas no salieron de la pobreza. Sumadas estas 127.399 personas que permanecieron pobres coinciden con las de la primera columna de la tabla 13. En promedio estas personas tuvieron unos ingresos anuales de 4.090 euros, de los cuales 2.778 euros procedían de rentas públicas (el 67,9%) y 281 euros de transferencias de la sociedad (familiares o de ONG, 6,9%).

Supongamos que queremos instaurar una RB equivalente a la que propusimos para Guipúzcoa: 7.902 euros por adulto y el 20% para cada menor y para toda la población de la CAV. Podemos hacer una estimación aproximada de cuál sería el tipo único[4] de IRPF necesario para financiar la RB. Para ello supondremos también que se mantienen algunos de los parámetros básicos que usamos en el cálculo de Guipúzcoa.

Los datos de la Cuenta de la Protección Social publicados por Eustat nos permiten estimar los ahorros globales en el 2014 en prestaciones públicas por debajo de la RB. Estos ahorros difieren de los que estimaríamos usando la tabla 13, pero preferimos usar estos al ser datos oficiales, procedentes de fuentes administrativas. Usaremos los mismos porcentajes de ahorro que estimamos para Guipúzcoa el 2011. Los agrupamos en cinco categorías:

-ahorro en pensiones: el 36,9% del total de pensiones de la Seguridad Social y clases pasivas de funcionarios, equivalente a 3.321,6 millones de euros para todo la CAV.

-ahorro en prestaciones de desempleo: el 89,7% del total pagado por el SPEE, equivalente a 968,4 millones de euros.

-ahorro en el resto de prestaciones condicionadas a ingresos: RGI/PCV/AES, becas, otras ayudas, etc. el 100%, equivalente a 1.373,9 millones de euros.

-43 millones de ahorro en reservistas de las FCSE (policía nacional y Guardia Civil), reclusos y sacerdotes, gasto proporcional al peso de la población de la CAV sobre el Reino de España (repetimos los datos de 2010).

-ahorro en costes administrativos y otros: el 50% de los costes administrativos contabilizados, equivalente a 147 millones de euros

Con las cifras de población oficiales, el coste de una RB como la que se propuso para Guipúzcoa pero para los 2.158 millones de habitantes de la CAV sería de 14.800,4 millones de euros. Y la recaudación por IRPF del año 2014 fue de 4.390,2 millones de euros[5].

Los ingresos brutos imponibles por el IRPF de los residentes en la CAV se calculan en 34.858 millones de euros, que se han obtenido de la Estadística de renta personal y familiar de Eustat.

Con estos datos podemos estimar el tipo de IRPF sobre el total de ingresos brutos (que no incluyen ni la RB ni los ahorros en prestaciones por debajo la RB que no percibirán los individuos) que financia la RB para todos los empadronados[6] y manteniendo además intacta la recaudación de IRPF de 2014. El tipo resultante es el 45,68%, superior al 40,9% estimado para Guipúzcoa el año 2010, y por debajo del 49% calculado para el Reino de España sin la CAV ni Navarra. Este mayor tipo tiene su explicación en que Guipúzcoa tenía la mayor renta personal de las provincias vascas (un 2% superior al conjunto de la CAV según la Estadística de renta personal y familiar) y a que, con datos de la Contabilidad Regional del INE, el PIB del 2014 fue menor que en 2010 (63.907 millones de euros frente a 65.680 millones, un 2,7% menos) mientras que la recaudación por IRPF a mantener fue más elevada en 2014 (4.390 millones frente a 4.066 millones en 2010 –un incremento equivalente a 0,7 puntos del PIB- derivado de los incrementos de tarifa en el IRPF que hizo el gobierno del PP en 2012 y mantuvo hasta 2014).

Menor PIB y mayor IRPF a mantener, a igualdad de RB a satisfacer, implica un incremento del tipo único si la distribución de la renta se mantiene (un supuesto que asumimos al no disponer de las declaraciones individuales). Para 2015 es posible que si volviéramos a realizar la estimación el tipo único necesario para financiar la RB volviere a caer debido al crecimiento del PIB y la reducción del IRPF.

Con esta RB y este tipo único ¿qué habría ocurrido con los ingresos de los hogares más pobres?

Si volvemos a los datos de la tabla 13 de la EPDS, podemos estimar la nueva renta de que dispondrían en promedio los individuos encuadrados en el primer grupo de situación de pobreza.

En primer lugar podemos calcular los ingresos brutos de los hogares. Para simplificar, suponemos que todas las rentas del trabajo o de actividades económicas o inmobiliarias no pagaron IRPF y que las rentas del capital pagaron un 21% (tarifa mínima existente el 2014). En segundo lugar suponemos que todas las pensiones, prestaciones de desempleo y otras ayudas sociales que percibió este grupo se hallaron por debajo de la RB y por lo tanto las suprimimos en un 100%. O sea, estamos yendo a la situación más extrema en la que la RB elimina todas las prestaciones sociales estatales actuales para la gente pobre. Además los individuos de este grupo pierden todas las prestaciones de RGI/PCV/AES (aunque podríamos debatir si la PCV debería perderse)[7]. Y se mantienen las transferencias entre la sociedad. En tercer lugar, a todas la rentas brutas del trabajo, de actividades económicas e inmobiliarias y del ahorro le aplicamos el tipo único del IRPF de 45,68%. Con este cálculo el ingreso medio de los individuos pobres (teniendo en cuenta que el 31,4% son menores -el doble de cuota que en el resto de no pobres- y solo cobran el 20% de la RB de adultos) pasa de 4.090 euros anuales a 6.758 euros anuales, un 65,2% más.

Si realizamos el cálculo con el siguiente grupo por nivel de vulnerabilidad de la tabla 13, los que se consideran en situación de ausencia de bienestar (120.555 individuos, de los cuales el 19,2% eran menores), y seguimos suponiendo los máximos ahorros en prestaciones, la RB y el nuevo IRPF les haría pasar de 6.615 euros de ingresos netos anuales por individuo a 8.546 euros, un 29,2% más.

La transferencia neta adicional de recursos que recibiría el primer grupo sería de 339,9 millones de euros y el segundo grupo 235,8 millones de euros. En total 575,7 millones. Si lo hacemos con el tercer grupo, el de bienestar con riesgo (19,7% de la población, situado en las decilas de ingresos 2 a 4), el mismo ejercicio implicaría un coste adicional de 688,1 millones de euros (pero aquí ya pueden haber ganadores y perdedores y este dato agregado es menos fiable sin simulaciones con datos individuales).

Obviamente al no haber realizado las simulaciones individuales no podemos saber si todos los individuos o unidades de convivencia saldrían ganando[8], pero si nos atenemos a los anteriores resultados de Guipúzcoa, podemos asegurar que la inmensa mayoría, o el 100%, de estos dos grupos (que están en las cuatro primeras decilas de ingresos) saldría ganando. Y compensar eventuales perdedores tendría un coste mínimo.

No sólo eso, la renta disponible media del grupo de pobreza con la RB pasaría a situarse (si corregimos por el número de menores) menos de tres puntos porcentuales por debajo de la renta disponible promedio constatada en el tercer grupo sin RB, el de bienestar con riesgo (pero al que ya se la considera fuera de la pobreza). Y el segundo grupo con la RB se situaría un 10% por encima del tercero.

La encuesta de condiciones de vida del INE

Con los microdatos de la ECV de 2014 de hogares de la CAV (709 hogares con 1.635 individuos) hemos calculado el coste de que todos los hogares alcanzaran los 7.902 euros por adulto y el 20% por menor. El coste es de 839 millones de euros (equivalente al 1,25% del PIB). En este caso son costes adicionales a todas las prestaciones que ya están recibiendo. El cálculo nos dice que hay 139.240 hogares con 352.001 individuos que están por debajo de este nivel de ingresos. Y para alcanzar el umbral del riesgo de la pobreza para 2014 calculado con la metodología de Eurostat (811,9 euros mensuales para un adulto que vive solo) costaría ligeramente menos: 785,1 millones de euros, afectando a unos 134.436 hogares con 302.839 individuos.

En resumen, lo que nos dicen tanto la EPDS como la ECV es que el actual sistema de rentas garantizadas de la CAV, aun siendo con diferencia el mejor sistema del Reino de España (la CAV se gasta más del 40% de total del gasto en rentas garantizadas del Reino de España, cuando tiene menos del 5% de la población) no consigue sacar a todos sus ciudadanos de la pobreza, bien porque no acceden a la RGI bien porque es insuficiente para alcanzar su objetivo. La RGI se queda especialmente corta sobre todo con los hogares con menores. Y esto provoca que más de un 10% de la población (la que se califica en los dos primeros grupos de la tabla 13 que hemos mostrado al principio) esté por debajo de los mínimos que la EPDS considera aceptables. Obviamente, conseguir superar este gap tiene un precio que estimamos entre el 0,9 y el 1,25% del PIB, y si queremos mantener incentivos al trabajo correctos, costaría un poco más, lo que costaría la RB, ya sea en su versión individual pura, o en una versión familiar de menor coste con un fijo por hogar en función del régimen de propiedad de la vivienda y un mínimo individual menor (las diferentes versiones estimamos que costarían entre el 1,5 y el 3% del PIB). Nada que no se pueda pagar con mucho menos de mitad del diferencial de presión fiscal que mantiene la CAV con Europa[9]… y siempre que haya voluntad de acabar con toda la pobreza.

Los estímulos al trabajo de la RGI

Un problema adicional con la RGI es que tiene una capacidad muy limitada para activar a sus perceptores hacia el empleo. En primer lugar porque los estímulos están limitados en duración a 36 meses para toda la vida de un beneficiario. Por lo tanto, a partir de los tres años de su recepción desaparecen y los perceptores se enfrentan con toda su crueldad a la trampa de la pobreza. Esta limitación de la duración, que se hizo por motivos de contención presupuestaria ante el crecimiento continuo, ha acabado siendo contraproducente al favorecer que los beneficiarios de la RGI queden atrapados en ella al no disponer de ningún incentivo para aceptar ningún empleo que les aporte unos ingresos significativamente superiores a la propia RGI. A esto hay que añadirle el cambio estructural de modelo productivo que estamos experimentando en donde el paro se ensaña con los parados a largo plazo de mayor edad.

En segundo lugar, los estímulos son muy limitados a partir de que se cobra más que el importe equivalente a la mitad del salario mínimo: cualquier incremento adicional de salario genera un incremento neto de entre el 10 y el 12,5% del total de salario adicional recibido, hasta que alcanza un máximo en que el estímulo desaparece. Esto implica que en ciertos casos de bajos salarios no compensa al beneficiario de la RGI ampliar su jornada laboral (que implique más gastos de cuidados en 0-3 por ejemplo) o aspirar a un ascenso de categoría. Por ejemplo, pasar de cobrar medio SMI a uno entero (382 euros brutos más de salario mensual en 12 pagas) implica incrementar el ingreso total disponible en menos de 36 euros.

Hemos simulado[10] los estímulos para unidades de convivencia de 1, 2 ó 3 miembros y para trabajos con retribución de 0,5 veces el SMI de 100% del SMI, 1,25 veces SMI y hasta el importe de salario que elimina el estímulo y por tanto el cobro de una fracción del RGI. Excepto para el primer tramo en que el tipo impositivo marginal implícito[11] estaba entre el 26 y el 36%, para el resto de salarios los tipos marginales implícitos son superiores al 87,5% hasta alcanzar el 100% cuando se alcanza un nivel determinado. Obviamente estos tipos son superiores a cualquier tipo impositivo razonable para salarios tan bajos. Por ejemplo, pasar de un sueldo bruto de 573 euros mensuales a 958 euros para una persona soltera le supone incrementar su ingreso neto incluida la RGI de 916 a 958 euros, solo 42 euros más al mes.

En el caso de la RB que hemos simulado, el tipo marginal sería constante, del 45,68%, aproximadamente la mitad que el actual de la RGI (y, como veremos más adelante, también se podría fijar un tramo más bajo para los primeros ingresos similar al que tiene la RGI) y para toda la vida, cuando con la RGI a partir de los tres años desaparece el incentivo para cualquier trabajo por debajo de la RGI

El caso del soltero o la soltera (y de la pareja)

Existe una crítica habitual a nuestro modelo de financiación[12] según la cual la propuesta de RB con tipo único de IRPF hace que salarios relativamente pequeños salgan perdiendo. Ya hemos comentado que compensar que ningún contribuyente hasta la decila 80 saliera perdiendo con la propuesta respecto a su situación anterior es factible y económicamente asequible. Pero además, con los nuevos datos que aportamos para este artículo, vemos que los perceptores del salario más frecuente en el Reino de España en 2014 (16.491 euros anuales según el INE) o del salario medio (22.858 euros anuales[13]), salen ganando. De hecho los perceptores de salarios por debajo de 25.000 euros anuales brutos salen ganando. Y si tienen hijos, las cifras se elevan por encima de los 30.000 euros. Seguro que pronto volveremos a recibir acusaciones de “mantras” y “mitos”, pero sería de agradecer y nos impresionaría gratamente que se nos diga dónde nos equivocamos.

Hemos comparado los ingresos netos frente a los brutos en 3 tipos de situaciones: a) la situación para la tarifa estándar del IRPF estatal del 2014 (no tiene en cuenta las variantes autonómicas, pero que en general afectan poco a los tramos de ingresos bajos); b) la situación con una RB de 7.902 euros anuales para un adulto y el 20% para un menor a un tipo único de IRPF del 45,68%; y c) la situación con una RB financiada con una tarifa de IRPF en tres tramos (25% para los primeros 3.000 euros de ingresos anuales, 45,68% para el resto hasta 70.000 euros, y el resto por encima a un tipo superior). Los datos se calculan para 2011, para 2014 (con la tarifa incrementada por el PP) y 2016 (tarifa rebajada por el propio PP que la situaba por debajo de la del 2011).

Los cálculos muestran que en el año 2016 un soltero con ingresos de 25.000 euros anuales incrementaba su ingreso neto con la RB respecto a la tarifa del IRPF vigente. Los salarios de 18.000 euros o inferiores de hecho incluso tenían el equivalente a un impuesto negativo de la renta. Y la diferencia hubiera sido aún mayor entre los años 2011 y 2015.

Si se convive con hijos los salarios en los que sale ganando la RB escalan por encima de los 28.000 euros (1 hijo compartido) o 30.000 euros (2 hijos compartidos). Y con la RB con 3 tramos de IRPF, los sueldos escalan 32.000 y 34.000 euros. En la práctica quiere decir que una pareja con dos hijos menores de edad y hasta 68.000 euros de ingresos anuales saldría ganando con la RB.

Y si en lugar de hijos menores fueran adultos o si el cónyuge no percibiera ingresos o estuviera por debajo de los límites de las tablas, la comparativa daría todavía mejores resultados a la RB[14].

Si alguien tiene la tentación de opinar que estas simulaciones no tienen en cuenta las deducciones fiscales por compra vivienda existentes en el IRPF les emplacemos a que vean los datos de quienes se benefician de estas deducciones. En la propia EFF 2014 del Banco de España se da la cifra de que solo el 11,7% de los hogares del 20% inferior de ingresos tienen una hipoteca, lo cual si nos ciñéramos al 10% más pobre aun sería substancialmente más bajo (la media de todos los hogares es del 28,7%). Los pobres tampoco tienen derecho a endeudarse. Y respecto a otras deducciones como planes de pensiones sería hasta grotesco pensar que son usadas ampliamente por los hogares con bajos ingresos.

No solo esto, volviendo a compararnos con Europa, si por ejemplo comparamos la imposición de este soltero o soltera que gana 25.000 euros brutos al año con la de un contribuyente francés con los mismos ingresos brutos, resulta que para este último su ingreso neto después de impuestos y cotizaciones hubiera sido en el 2014 de 18.327 euros, o sea una carga impositiva total del 26,7%, 4,3 puntos más que el español, (y más de seis puntos en el 2016 después de las rebajas de tarifa del IRPF). Y eso que 25.000 euros en Francia dan para menos que en España en términos de poder de compra. Esta comparativa, que pronto se podrá leer con más detalle en un capítulo del libro que vamos a publicar en unos meses, nos muestra que uno de los graves problemas en la CAV y en el Reino de España es que se piensa que se puede acabar con la pobreza gastando poco (y eso que la CAV es con diferencia el territorio que más gasta) y recaudando poco. Y entronca con la carpetovetónica práctica de la mayoría de partidos políticos y pensadores y tertulianos que acaparan nuestros medios de comunicación de masas por la que se inculca entre la población la idea de que se pagan muchos impuestos en el Reino de España, lo cual no deja de ser otra forma de la ahora tan en boga posverdad.

Pues bien, si queremos eliminar la pobreza, habrá que rascarse más los bolsillos y reducir la diferencia real y persistente de presión fiscal con Europa, también en la CAV. Y eso que con la RB implantada el soltero o soltera con 25.000 euros de ingresos brutos pagaría neto entre 6,3 y 8,8 puntos menos que el contribuyente francés (con las dos simulaciones que hemos propuesto) por lo que el sistema fiscal pasaría de ser menos progresivo que el francés a serlo más.

Más “mitos” y “mantras”

Vayamos a otros mitos y mantras que el autor de la entrada mencionada del SIIS tiene la poco morigerada elegancia y deficitaria gentileza de atribuirnos.

Se dice: “Se exagera, por ejemplo, cuando se señala que la RBU eliminará, de un plumazo, la pobreza. Sin duda, una prestación universal, individual e incondicional de suficiente cuantía (asociada además a un incremento de la presión fiscal para los grupos más favorecidos) reducirá la desigualdad y las tasas de pobreza. Puede incluso garantizar a toda la población cubierta por el sistema ingresos superiores al umbral de riesgo de pobreza previo al momento de su introducción. Pero, mientras la pobreza se siga considerando un fenómeno relativo, definido en función del ingreso mediano de la sociedad en un momento dado, será difícil que una parte de la población no se encuentra por debajo de un porcentaje (ya sea el 40%, ya sea el 60%) de ese umbral.”

Contestamos: Matemáticamente es perfectamente posible que toda la población esté por encima del 60% de la mediana de los ingresos disponibles, que es lo que define el umbral de riesgo la pobreza relativa. Dependerá de la distribución de la renta entre la población. En cualquier caso una RB igual al menos al umbral de riesgo de pobreza, financiada como nosotros proponemos (recuérdese: básicamente una redistribución de la renta vía fiscal y RB) y fuera el que fuese el nuevo umbral de la pobreza quedaría enormemente mitigada en el peor de los casos y suprimida en el mejor.

Se dice: “Los promotores de la RBU plantean a menudo que, al ser una prestación individual, permitiría a las mujeres una mayor independencia en relación a los hombres, en la medida en que no estarían obligadas a mantener una relación no deseada por carecer de medios para la independización. A veces se olvida, sin embargo, en qué medida una renta incondicional implicaría el retorno de muchas mujeres –por propia voluntad o tras negociación con su pareja− a las actividades domésticas y de cuidado, reforzando de nuevo los roles tradicionales de género. En efecto, la opción de muchas personas que conviven con otras que perciben un salario medio o alto será sin duda la inactividad profesional y el regreso a lo que antes se conocía como sus labores. Aunque libremente elegido (cabe pensar), la Renta Básica incondicional se convertiría así, en gran medida, en el salario de las amas de casa.”

Contestamos: Con un simple repaso de la bibliografía internacional sobre feminismo y RB, relativamente abundante en los últimos años, se constata que la posición del autor del post está en un extremo de las distintas posiciones que pueden leerse al respecto. Cosa a la que tiene perfecto derecho, además que entendemos que le convenga situarse en este extremo para así intentar tener más elementos para criticar nuestras opiniones. Pero es más que insuficiente. Aconsejamos, entre otras muchas posibilidades, para una cierta panorámica con una amplitud de miras mucho más rica, completa y elegante que la del autor del post: Kaori Katada y Caitlin McLean. O incluso, una mucha más resumida y reciente, como la que acaba de publicar la feminista catalana Sara Berbel. Pero además nos gustaría que nos ilustrasen en qué una RGI, con los estímulos al empleo actuales, es mejor que una RB para emancipar a las mujeres, y ya puestos, a los jóvenes, los inactivos o los emprendedores. A no ser que empujarlos a trabajar cobrando medio SMI para no llegar ni siquiera a mileurista (y solo durante tres años, luego ni eso) sea de nuevo otra forma de posverdad de lucha contra la trampa de la pobreza. Y si comparamos los efectos de una RGI y las dos propuestas de RB a la hora de incentivar a encontrar un empleo decente veríamos que excepto para el primer tramo de ingresos hasta un 50% del SMI en que la RGI proporciona unos ingresos ligeramente mayores que una RB en el caso de que haya menores en el hogar (cobran una RB inferior), para ingresos superiores el incentivo a trabajar remuneradamente es muy superior en los casos de la RB

Se dice: “Si bien es cierto que la concesión automática de la prestación y su carácter incondicional evitarían situaciones y trámites intrínsecamente estigmatizantes (además de complejos y caros), la divisoria entre quienes no trabajan y perciben una renta neta y quienes trabajan y hacen una aportación neta en forma de impuestos no dejaría de ser también intrínsecamente estigmatizante.”

Contestamos: Suponemos que se refiere a empleo y no trabajo, porque a estas alturas del siglo XXI ya no creemos que haga falta detenernos en la diferencia que, con tanta razón, insisten tantas feministas, tema que solamente parece interesarle instrumentalmente a nuestro patoso crítico. Y suponemos que se refiere a impuestos directos y no impuestos en general o no se refiere a jubilados o discapacitados o a gente que paga pocos impuestos porque tiene un trabajo de mierda.

Resumen

Un rápido resumen de lo que hemos querido destacar:

La RGI vasca gasta hasta 9 veces más por habitante que el Reino de España, con un coste cercano al 0,7% del PIB. Aun así, no consigue sacar de la pobreza, según los propios criterios de la EPDS, a más del 10% de la población de la CAV. Así que la mejor experiencia de renta garantizada que se conoce en el territorio del Estado español está muy por debajo de lo que supondría garantizar la existencia material a toda la población.

Además, sus incentivos al empleo están acotados en el tiempo y son prácticamente nulos por encima de ingresos tan bajos como medio salario mínimo. Esto condena a la trampa de la pobreza a buena parte de sus beneficiarios. Y la trampa de la pobreza propia de los subsidios condicionados como la RGI vasca es una de las lacras a demoler.

Una reforma de la RGI que mejorara los objetivos de accesibilidad y de eliminación de la pobreza y de sus trampas, requeriría transformar estos aspectos hacia un sistema más automático, simple, no estigmatizador y mantuviera unos incentivos más elevados al trabajo. Claro que esto sería para algunos peligrosamente parecido a una RB. Pero no es una razón contra la RB.

El coste a priori de eliminar la pobreza en la CAV sin incentivos al empleo es de entre el 0,9 y el 1,25% del PIB, lo que sumado al coste actual nos lleva a un máximo de 2 puntos del PIB, que es lo que recauda de menos la CAV respecto al Reino de España y mucho menos que lo que pagan los europeos con niveles de renta inferiores a los vascos.

Pero es que con 2 o 3 puntos del PIB se podría financiar un RB de nivel superior a la actual RGI que eliminara todos los problemas anteriores y situara a la sociedad vasca en niveles de equidad social nórdicos y con un sistema de protección social adaptado a los retos del siglo XXI. No se trata de mitos, ni de mantras, ni de sandeces, se trata de racionalidad.

Epílogo

John O’Farrell, el conocido guionista de divertidos programas televisivos del Reino Unido, escribió hace poco más de un año sobre su primera reacción ante la RB: “Pero vamos a ver, en serio ¡eso nunca va a suceder! Quiero decir, es completamente inalcanzable. Proponerlo sería un suicidio político para cualquier partido progresista”. Actualmente es un ferviente partidario de la RB. John O’Farrell ya ha dado algunos pasos más que muchos timoratos dirigentes de determinados partidos, algunos de sus pusilánimes asesores y muchos académicos que piensan que el mundo les cabe en sus pobres y limitadas cabezas.

Nota bene, atribuirnos mitos y mantras puede quedar bien de cara a la galería y a los aplaudidores rápidos y entusiastas que hace tiempo ya tienen parti pris, pero no son razones en nuestra contra como creemos haber explicado. En todo caso se trata para el que redactara el post del SIIS de marrullería torticera que no ayuda en nada a un debate franco y racional. Creemos haber aportado algunos datos y razones para este (¿posible?) debate racional. Para lo que pueda servir.

Así que, ¡claro que la Comunidad Autónoma Vasca necesita una RB!