Empleados públicos se movilizan en Málaga contra la pérdida de poder adquisitivo

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Y la falta de negociación salarial

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se ha concentrado este miércoles ante la Subdelegación del Gobierno en Málaga para denunciar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados y empleadas públicas y la falta de negociación sobre sus salarios.

Con esta protesta, que ha contado con el respaldo de JUSAPOL, se inicia un calendario de
movilizaciones convocadas por el sindicato a nivel nacional que tiene previsto continuar
con una gran concentración en Sevilla el próximo 22 de junio, con el objetivo de visibilizar los recortes que este colectivo acumula desde hace más de una década, en la que el personal del sector público ha perdido un 15% de poder adquisitivo.

Estas movilizaciones se han realizado en el conjunto de España y tendrán continuidad en el tiempo en defensa de nuestros empleados y empleadas públicas, que arrastran una enorme pérdida de poder adquisitivo desde 2010, cuando el Gobierno central les rebajó el sueldo, por lo que es necesario negociar una subida salarial.

CSIF subraya que el personal del sector público –que suma alrededor de 87.500
trabajadores en la provincia de Málaga- lleva contribuyendo al Pacto de Rentas más de
diez años, por lo que considera que necesita salarios acordes al trabajo que desarrolla y no
puede seguir sufriendo más recortes, ante lo que urge al Ministerio de Hacienda y Función
Pública a sentarse a negociar.

Junto a la pérdida de poder adquisitivo, alerta sobre la alta temporalidad en el empleo en las Administraciones Públicas, que se sitúa en el 29,2% en Andalucía, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que indican que hay 175.100 temporales en el conjunto de 599.100 asalariados totales del sector público en la región.

Respecto al Plan de ahorro y eficiencia energética en el ámbito de la Administración
General del Estado (AGE) anunciado por el Gobierno, CSIF considera que “se trata de un
parche, que llega con retraso y que aún no se ha desarrollado una normativa específica
sobre teletrabajo en la AGE, mientras que el sector privado ya cuenta con una regulación clara”. En este sentido, critica igualmente que la modalidad laboral no presencial no haya sido una prioridad tampoco para la Junta de Andalucía, donde aún no se ha desarrollado una normativa específica al respecto.

También como denuncia específica, CSIF ha denunciado la falta de recursos tanto materiales como personales que padece la atención a la diversidad en la comunidad. A pesar del incremento del personal docente especialista de Pedagogía Terapéutica (PT) y de Audición y Lenguaje (AL) durante estos últimos cuatro años, resulta absolutamente insuficiente para atender al creciente número de casos existentes en los centros educativos andaluces.

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