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El Gobierno deberá llevar al diálogo social en un máximo de un año una propuesta para vincular las pensiones mínimas al SMI

La Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aprobó una enmienda transaccional de ERC y Bildu por la que el Gobierno deberá llevar a la mesa del diálogo social en un plazo máximo de un año una propuesta para reformar la cuantía de las pensiones mínimas y que “tengan en cuenta la evolución del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)”.

Bildu informó en un comunicado de que junto con ERC se aprobó una enmienda transaccionada en el marco del proyecto de ley que recoge la primera parte de la reforma de pensiones por la que las pensiones mínimas se tendrán que vincular a la evolución del SMI.

“El Gobierno impulsará en el plazo máximo de un año las modificaciones normativas necesarias para establecer reglas relativas a la evolución de las pensiones mínimas que tengan en cuenta la evolución del Salario Mínimo Interprofesional, garantizando la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones”, según reza el texto de la enmienda conocido por Servimedia. Esta enmienda recibió 21 votos a favor, 16 en contra y ninguna abstención.

Además, salió adelante la enmienda conjunta de ambas formaciones para realizar una auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, de manera que en un mes como máximo desde que se apruebe la Ley de garantía del poder adquisitivo -este primer paquete de medidas- se deberá encargar la elaboración del informe.

También se aprobó la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley para simplificar y racionalizar los costes, y “con el objeto de asegurar el actual nivel de prestaciones públicas del régimen de reparto en el que se fundamenta nuestra Seguridad Social medido por su tasa de reemplazo”, según el texto.

Bildu se abstuvo en la votación final sobre el informe de la ponencia relativo al proyecto de ley que recoge la primera parte de la reforma de pensiones y que incluye la vuelta a la revalorización de las prestaciones con el IPC o el fomento del retraso voluntario de la jubilación.

En el comunicado, la formación que lidera Arnaldo Otegi señaló que la abstención es “crítica” al considerar que las medidas de la reforma son insuficientes.

Por otra parte, el PDeCat informó en un comunicado de las enmiendas que propuso y salieron adelante, como prolongar la edad de jubilación forzosa de notarios y registradores hasta los 72 años y una nueva disposición adicional para corregir el agravio ocurrido en relación con las largas carreras de jubilación y su acceso a la jubilación anticipada de forma involuntaria, mediante un informe que elaborará el Gobierno en el plazo de un año relativo al complemento para la mejora de las pensiones de jubilación con al menos 44 años y seis meses de cotización que hayan accedido a la jubilación de forma anticipada entre 2002 y 2021.

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