Los barrios afectados por los cortes de luz en Andalucía y Cataluña han solicitado al Ministerio de Industria su inmediata intermediación y reclaman a Endesa informes sobre las continuas interrupciones eléctricas que sufren. En Almería y Granada, han registrado también decenas de denuncias, una solicitud a Industria para que abra un expediente a Endesa y piden una reunión. En Barcelona, reclaman a la nueva consellera, a través de una carta formal, la constitución de un grupo de trabajo, participado por los propios afectados, para solucionar el problema.
Las organizaciones Alianza contra la Pobreza Energética (APE), la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la Xarxa per la Sobiranía Energètica y la A.VV La Traiña (Almería), junto a otras organizaciones vecinales y ciudadanía, han enviado un comunicado en el destacan que ante la llegada del verano, las miles de personas repartidas por el Estado español que sufren cortes de luz, organizadas desde el pasado mes de enero a nivel estatal, afirman que “continuarán con sus movilizaciones para demandar un suministro eléctrico ininterrumpido hasta que lo consigan”. Además, presentan su decálogo de reivindicaciones, que incluye el reconocimiento del derecho a los suministros básicos, entre ellos la energía, y de forma inmediata y sin condicionalidades para las personas en situación de vulnerabilidad sanitaria. También, exigen auditorías independientes sobre la obsoleta red de distribución, así como cambios estructurales en la red que garanticen que nadie se vea privado de suministro eléctrico.
Consideran que es el momento de que las Administraciones central y autonómicas tramiten las sanciones pertinentes y que “es hora de que se incluya la interlocución de vecinas y vecinos en las mesas de trabajo existentes”.
A estas acciones, aseguran, se suman a otras específicas, como los diferentes procedimientos judiciales abiertos contra Endesa por cortes de luz, así como iniciativas concretas que vinculan la interrupción del suministro eléctrico con la salud, como la ya refrendada por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC) o la iniciada por la Asociación Pro Derechos de Andalucía (APDHA) y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), que están recogiendo adhesiones para un manifiesto conjunto.
Añaden que “la criminalización de las personas y barrios que sufren cortes de luz es solo una estrategia para desviar la atención de un problema global: la red eléctrica de Endesa está obsoleta y la eléctrica no está cumpliendo con sus obligaciones legales a la hora de garantizar su servicio”. Apuntan también que “los cortes de luz están provocando que los derechos a la salud, a la educación y a la vida digna se estén viendo vulnerados”.
