Sánchez pide “unanimidad” al Parlamento para reformar el artículo 49 de la Constitución

Luis Cayo Pérez, presidente del Cermi, expresa el orgullo del movimiento de la discapacidad por el hecho de que “la reforma constitucional se haya abierto por la puerta de lo social”

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró este jueves su satisfacción con la aprobación del anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución, el referido a las personas con discapacidad, y pidió al conjunto de fuerzas parlamentarias unanimidad para sacarlo adelante.

En un acto oficial en el Palacio de la Moncloa junto a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y al presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez, Sánchez afirmó que “el primer paso está ya dado”, en referencia a la aprobación del anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros de este pasado martes.

”Ahora queda una segunda parte”, que es su tramitación parlamentaria, para la que Sánchez solicitó un apoyo unánime. La misma reclamación expresó el presidente de Cermi en su intervención, lo que hizo que Sánchez se mostrase confiado en conseguirlo.

Según Pérez, un respaldo así en ambas Cámaras (Congreso y Senado) sería “una traslación parlamentaria del apoyo social” a las personas con discapacidad. “Por nuestra parte, no vamos a dejar de trabajar para lograrlo”, declaró.

Por otro lado, Sánchez destacó que España se sitúa así a la vanguardia del mundo en políticas de discapacidad, y subrayó que el anteproyecto “abre la puerta a la reforma constitucional por la vía de lo social”. “Nos coloca como referente mundial en la legislación sobre discapacidad”, proclamó.

“Se trata de una reforma de calado”, prosiguió, con “una intención muy clara: actuar al máximo nivel normativo para dotar de mayor protección a quienes más lo necesitan”. Es “una cuestión de dignidad”, de “ofrecer un reconocimiento público a la igualdad de estas personas”, que “nos hace más fuertes a todos como país”, apuntó el presidente.

En su opinión, la aprobación de esta reforma supondrá “un gran triunfo para la discapacidad, para todo el Tercer Sector y para el conjunto de España”.

En el acto estuvieron presentes la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra; el nuevo director general de Políticas de Discapacidad, Jesús Martín Blanco; y los presidentes de ONCE y de la plataforma del Tercer Sector, Miguel Carballeda y Luciano Poyato, respectivamente, entre otros responsables del mundo de la discapacidad. Precisamente, Sánchez alabó la contribución de todas estas organizaciones a la sociedad y su impulso a la elaboración de la propuesta.

OTRAS REFORMAS

Sánchez subrayó que este avance fue precedido de otras reformas legales, como la que permitió el voto a las personas que habían sido incapacitadas judicialmente, el fin de la esterilización forzada por razón de discapacidad, o la más reciente modificación de la legislación civil y procesal para el ejercicio de la capacidad jurídica de estas personas, aprobada ayer en el Senado.

Vinculó todas estas políticas con la estrategia española de desarrollo sostenible, en la que también enmarcó la Ley de Cambio Climático que hoy se aprueba en el Congreso.

Además, reiteró el compromiso del Gobierno en la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, como la educación, la salud, el transporte, el ocio, etc., e insistió en que este colectivo es una “prioridad” dentro de la campaña de vacunación contra la Covid-19.

Según explicó, este proceso “se ha ido desarrollando en función de las dosis disponibles y de estrictos criterios éticos y de la evidencia científica”. “Incluimos primero a los grandes dependientes y ahora se ha incorporado a las personas con discapacidad y grado tres de dependencia, así como a aquellas con autismo o discapacidad intelectual profunda”. “Sabemos que no llegamos a satisfacer todas las demandas del movimiento, pero trabajamos para ello”, precisó.

INCLUIR, NO INTEGRAR

Para la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, la nueva redacción del artículo 49 de la Constitución “significa un cambio de registro importante en lo que se entiende por la ciudadanía plena” referida a las personas con discapacidad. “No se trata de integrarlas, como si estuvieran fuera, sino de incluirlas, con el esfuerzo de toda la sociedad”. Esto es, explicó, que además “del esfuerzo que ellas hacen para sus propias vidas, los poderes públicos deben esforzarse para garantizar esta inclusión”.

Calvo afirmó que “desde el Gobierno nos sentimos especialmente orgullosos con las instrucciones y la celeridad que nos dio el presidente”, que pidió que éste fuese uno de los primeros asuntos a tratar en cuanto decayese el estado de alarma. Hay asuntos “urgentes”, como todo lo referido a la pandemia, pero “no vamos a olvidarnos de lo importante”, recalcó.

Por su parte, el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez, mostró el orgullo del movimiento de la discapacidad por el hecho de que “la reforma constitucional se haya abierto por la puerta de lo social” y, en concreto, por las políticas de discapacidad.

Destacó que la modificación ”va mucho más allá” del cambio terminológico, esto es, la sustitución del vocablo ‘disminuidos’ por el de ‘personas con discapacidad’. Recoge derechos y deberes; prohíbe de forma expresa la discriminación por razón de discapacidad; y establece cómo han de ser las políticas públicas en este terreno (basadas en la libertad de decisión de las personas, encaminadas a la autonomía y dirigidas a fomentar la inclusión).

Además, prosiguió, se hace mención expresa a “la especial situación de dificultad de las niñas y mujeres con discapacidad”, recoge todo el derecho internacional que afecta al sector, y señala el papel de las organizaciones de la discapacidad. Finalmente, contempla “un mandato de protección reforzada”, que “nos ayudará a defendernos mejor” y a reclamar el cumplimiento de las leyes, concluyó.

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