Ante las sucesivas olas de calor que afectan a Andalucía desde finales de mayo, el sindicato Docentes por la Pública ha denunciado públicamente la situación crítica que atraviesan numerosos centros educativos de la comunidad. Las altas temperaturas, que superan en muchos casos los 30 e incluso 40 grados centígrados dentro de las aulas, dificultan gravemente el desarrollo de la actividad educativa en condiciones seguras y saludables.
Según denuncia el sindicato, en muchos centros no existe ventilación adecuada ni sistemas de climatización activos, y tampoco se han instalado elementos básicos de protección solar como toldos, persianas o vegetación. Esta falta de medidas está provocando mareos, golpes de calor, pérdida de atención, agotamiento físico y estrés emocional en el alumnado y profesorado, especialmente en las etapas de Infantil y Primaria.
Protección térmica escolar
El sindicato critica además la falta de implementación efectiva de la Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales en los centros educativos andaluces. La norma, vigente desde hace cinco años, establece la obligación de realizar auditorías energéticas, aplicar técnicas bioclimáticas, instalar energías renovables y garantizar el confort térmico según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
«Esta situación no es nueva ni imprevisible. Lo verdaderamente alarmante es la falta de respuesta estructural por parte de la administración, que sigue ignorando una ley que ella misma promulgó y que debía proteger al alumnado y al personal docente», ha declarado Delia Muro, secretaria general de Docentes por la Pública.
La organización sindical denuncia que, a día de hoy, solo un pequeño porcentaje de centros ha sido intervenido, y muchos de ellos carecen de mantenimiento operativo. La ley fijaba un plazo de seis años para completar auditorías energéticas en todos los centros y de dieciocho meses para aquellos considerados prioritarios, plazos que ya han sido incumplidos.
Las medidas excepcionales propuestas por la Junta de Andalucía, como adelantar la salida del alumnado en días de calor extremo, son calificadas por el sindicato como insuficientes y meramente paliativas.
Entre las principales reivindicaciones que plantea Docentes por la Pública destacan:
- Instalación urgente de sistemas de refrigeración adiabática, aire acondicionado eficiente y ventilación cruzada.
- Implementación de toldos, persianas, zonas verdes y patios con sombra, conforme al artículo 9 de la Ley 1/2020.
- Auditorías térmicas inmediatas y públicas en todos los centros, según el artículo 3.
- Desarrollo de un plan de mantenimiento calendarizado y con financiación específica, tal como recoge el artículo 4 de la ley.
- Inclusión del estrés térmico como riesgo laboral en el profesorado, en aplicación del Real Decreto 486/1997.
- Instalación progresiva de placas solares fotovoltaicas para el autoconsumo energético en los centros escolares.
“Nuestros centros no necesitan medidas improvisadas ni parches, sino planificación, transparencia y recursos. Reclamamos que se publique el calendario de auditorías y las inversiones reales previstas para cada provincia», ha añadido Esther Padua, responsable de organización del sindicato.
Docentes por la Pública hace un llamamiento a la movilización de toda la comunidad educativa ante lo que considera una emergencia climática escolar que se repite curso tras curso. La organización exige a la Junta de Andalucía el cumplimiento de la ley y una apuesta real por una educación pública digna, segura y sostenible.
