El sindicato Docentes por la Pública (DxP) ha llevado a cabo una acción simbólica de denuncia contra la sede de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, en Torretriana (Sevilla), ante la situación que siguen padeciendo numerosos presidentes y vocales de los tribunales de las oposiciones docentes celebradas en 2024, quienes, a día de hoy, no han percibido las dietas ni, en algunos casos, las retribuciones correspondientes al desempeño de dicha función.
Para visibilizar este grave incumplimiento institucional, desde el sindicato se ha difundido una imagen en la que un representante aparece caracterizado como el popular “Cobrador del Frac”, en alusión directa a la morosidad de la administración educativa andaluza. Todo ello se produce en un contexto especialmente alarmante: ya se ha iniciado formalmente el procedimiento de oposiciones 2025, y la Consejería ha notificado recientemente a las presidencias y suplencias de los nuevos tribunales, sin haber resuelto aún las compensaciones pendientes del proceso anterior.
Aunque en los últimos días se han realizado algunos abonos parciales, la gran mayoría del profesorado implicado en los tribunales de 2024 continúa sin cobrar lo que le corresponde por derecho, lo que supone una vulneración directa de la normativa vigente. En concreto, el derecho a indemnización por razón del servicio está regulado por el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, y el Decreto 157/2007, de 29 de mayo, que establece un sistema de asignación económica por categorías de tribunal y distribución proporcional entre los miembros según su participación.
A ello se suma la Orden de 11 de julio de 2006, que fija los importes de las dietas por alojamiento y manutención, y la reciente Orden de 11 de marzo de 2024, que actualiza la cuantía del kilometraje hasta los 0,26 €/km para vehículos particulares. Este marco normativo obliga a la Junta de Andalucía a resarcir a los miembros de los tribunales conforme a su implicación y a los gastos derivados de su colaboración, lo que, en muchos casos, no se está cumpliendo.
A esta situación se suma el creciente malestar del profesorado ante la sobrecarga que supone participar en los tribunales de oposición. Cada vez son más los docentes que no desean ser convocados como presidentes o vocales, conscientes de que esta responsabilidad conlleva una exigencia desmedida, una retribución insuficiente y un esfuerzo que, en demasiadas ocasiones, ni se valora ni se paga a tiempo. Los tribunales implican semanas de preparación, sesiones prolongadas, desplazamientos constantes y decisiones de alta responsabilidad, que no cuentan con el reconocimiento institucional que merecen. Esta
realidad está generando una desafección creciente hacia la participación en los procesos selectivos, lo que pone en peligro un modelo basado en la profesionalidad y la experiencia del propio cuerpo docente.
Desde Docentes por la Pública se denuncia la falta de transparencia en los plazos de pago, la ausencia de respuestas firmes por parte de la Consejería, y la desconsideración hacia el profesorado que ha garantizado la legalidad y el correcto desarrollo del proceso selectivo.
El sindicato reclama con firmeza el abono inmediato de todas las dietas y retribuciones aún pendientes, así como la publicación de un procedimiento claro y transparente que establezca los plazos y mecanismos de pago. Del mismo modo, exige a la Administración un compromiso formal y público que garantice que situaciones como la vivida en el proceso de 2024 no vuelvan a repetirse en las oposiciones de 2025, actualmente en marcha.
Dietas y retribuciones pendientes
Delia Muro, secretaria general de Docentes por la Pública, ha señalado que «la falta de pago no solo es una irregularidad contable, sino una muestra evidente de desprecio institucional hacia quienes, con responsabilidad y profesionalidad, han sostenido uno de los pilares fundamentales del sistema: la selección del profesorado de la pública.»
Desde el sindicato advierten que no se trata de una queja aislada, sino de un problema estructural que compromete la confianza del profesorado en el sistema. “Si no hay garantías, no habrá disposición”, insisten desde su equipo de coordinación.
Por su parte, Esther Padua, responsable de organización del sindicato, ha afirmado: «Nos resulta inaceptable que se pretenda activar el engranaje del proceso 2025 sin haber cerrado dignamente el 2024. Si no hay respuesta inmediata, intensificaremos las acciones de presión hasta que se regularice la situación de cada docente afectado.»
Para Docentes por la Pública, esta situación no puede calificarse como una mera incidencia administrativa, sino como una grave falta de respeto institucional hacia el profesorado andaluz que colabora con responsabilidad en los procesos selectivos de acceso a la función pública docente.
