La Plataforma por una Asistencia Personal Real
La Plataforma Asistencia Personal Real, asentada en Andalucía, ha denunciado hoy, con motivo de la Semana de la Discapacidad, que el derecho a la asistencia personal -aquella que ofrece un apoyo para garantizar la vida independiente de las personas con diversidad funcional- se incumple de manera generalizada en Andalucía, a pesar de estar garantizada por ley.
Según datos de la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía y Dependencia de Andalucía, solo 14 personas en toda la comunidad autónoma disfrutan de la asistencia personal, frente a las 26.705 personas que viven en residencias. Para la organización, es la prueba de un fracaso en la aplicación de la ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia ya que, asegura, se está realizando de manera incompleta y se ha convertido en una ley asistencialista, que se olvida de la autonomía personal.
Gracias a esta prestación, una persona con diversidad funcional puede decidir sobre su vida, sin necesidad de depender de una residencia o de su familia, tiene capacidad para contratar directamente a la persona trabajadora que le presta los apoyos humanos para controlar su propia vida. “Al tratarse de un asunto que afecta directamente a la intimidad de la persona, a su hogar y en muchos casos a su cuerpo, es fundamental el poder controlar esta situación y no estar dependiendo de los apoyos voluntariosos de familiares, ni estar sometidas a continuos cambios de trabajadoras y con horario muy escaso, como en el caso de la ayuda a domicilio”, explica la plataforma.
No obstante, la realidad en la práctica impide el acceso a la asistencia personal y las personas, en muchos casos jóvenes o con gran capacidad de gestionar su autonomía, acaban en residencias. “Las personas en situación de dependencia quedamos ninguneadas y nuestros derechos son papel mojado”, lamentan desde la plataforma.
Por ello, exigen al Gobierno andaluz que este recurso se financie y se facilite a las personas con diversidad funcional la asistencia personal que les corresponde por derecho y que les
permitiría ser dueñas de sus propias vidas en igualdad con el resto de la ciudadanía, tal como establece el artículo 14 de la Constitución Española.
