Andalucía sigue soportando el mayor tiempo de espera desde que una persona solicita la dependencia hasta que se concede una prestación de servicio, son ahora mismo 579 días, muy lejos de los 180 días de tiempo máximo que establece la ley.
Más de 36000 personas dependientes en Andalucía fallecieron en el 2021 a la espera de recibir una prestación. En Málaga, de las casi 58.000 prestaciones reconocidas en el PIA, programa individual de atención, 15.027 son prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar con cuantías máximas de 387,64€ para Grado III, 268,79 para Grado II y 153 para Grado I. La Junta de Andalucía no ha hecho una excepción a lo que establece la Ley de Dependencia en referencia a las prestaciones económicas, sino una regla. Prioriza las prestaciones económicas frente a la de un servicio, ahorrándose en costes.
2.076 personas en Málaga están incluidas en el Convenio Especial de cuidadoras/es no profesionales de personas en situación de dependencia, de las que el 88,7% son mujeres y la mayoría menores de 50 años. Desde CCOO reivindicamos los cuidados profesionales la profesionalización del Servicio donde el Convenio Regulador fije y garantice las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores.
El número de plazas públicas residenciales en Málaga son 1.130 y tenemos un total de 33.182 dependientes de grado III y II que son quienes pueden hacer uso de este servicio. Esta ha sido la apuesta del Gobierno de Andalucía en su trayectoria en la creación de Residencias Públicas que está apoyándose en las residencias concertadas para dar el servicio con el impacto que supone para los familiares que la plaza asignada esté situada a una distancia que les impide un régimen de visitas necesario.
Aumentar la cobertura y la intensidad de las prestaciones para dar un servicio de calidad y atender las necesidades reales de los usuarios.
Promover la gestión y provisión pública directa en todos los programas y servicios para que la gestión directa desde la Consejería de S. Sociales sea prioritaria y ser reviertan los servicios externalizados, esas licitaciones temerarias y a la baja porque al final, quienes sufren las consecuencias son los usuarios y las propias trabajadoras contratadas sobre las que recae la rebaja de las condiciones laborales y de las remuneraciones salariales.
CCOO recuerda al Gobierno de Andalucía que ingresó de los Fondos Covid en el año 2020, 4.122,4 m € para garantizar entre otras cosas, la Sanidad, la Educación y la Dependencia además de 20.000m€ adicionales con cargo al sistema de financiación autonómica que han servido para que los ingresos aumentaran en un 8,7%.
En definitiva, la atención a la dependencia tiene que ser una prioridad esencial de las políticas sociales y para eso se necesita de financiación suficiente por parte de los Gobiernos. Es necesaria una buena gestión de esos fondos, para hacer de la dependencia un sistema público de protección social que garantice los principios de la propia ley de dependencia.
Por otro lado, CCOO sigue denunciando la situación de Renfe en Málaga y la progresiva pérdida de empleo.
