El personal de las fundaciones públicas de investigación reanuda las movilizaciones

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Ante la falta de respuesta de la Junta y el bloqueo de su convenio

Los comités y delegados de las cuatro fundaciones públicas de investigación sanitaria en
Andalucía, en representación de los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, SATSE y SMA, convocan para el 20 de abril una nueva movilización ante el bloqueo de su primer convenio colectivo por parte de la Junta de Andalucía.

Tras una primera concentración el 16 de febrero ante los diferentes centros de las fundaciones, “con una importante participación” del personal -investigadores, personal de apoyo a la investigación y personal de soporte-, no solo no ha habido respuesta de la Junta, sino que recientemente la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha exigido que se apliquen recortes salariales a numerosos trabajadores e, incluso, en algunos casos, que devuelvan cantidades ya percibidas, y que se eliminen complementos que fueron establecidos dentro del marco legal existente.

La demanda de los investigadores sanitarios es que las distintas consejerías de la Junta dejen de bloquear la publicación del convenio colectivo de esas fundaciones, negociado durante dos años y pactado con las direcciones de las mismas. “No se entiende razonable el argumento de que su aprobación supondría un incremento de masa salarial, porque se trata de una cantidad mínima.

Para los 2.500 afectados supone un total de 237.587,99 euros al año, es decir, menos
de 90 euros por persona afectada. Un incremento mínimo e imprescindible para unificar las
condiciones de trabajo de cuatro fundaciones distintas, con enormes diferencias salariales
entre ellas”, aseguran las organizaciones sindicales.

Asimismo, los profesionales de estas fundaciones reclaman “una amplia estabilización” de sus plantillas, ya que más de un 90% del personal “sufre precariedad”. Adicionalmente, estas organizaciones ponen de manifiesto que ese incremento de masa salarial “no va a significar ningún gasto extraordinario” para el Gobierno andaluz, ya que será cubierto con fondos propios de las fundaciones, con carácter general, obtenidos en vías de financiación captadas externamente para apoyar el desarrollo de la I+D+i.

Además, el personal afectado critica que, mientras se bloquea su convenio colectivo alegando que no se puede incrementar la masa salarial, la misma Junta de Andalucía “no ha tenido problema alguno” en incrementar en 24 millones la masa salarial del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para pagar la dedicación exclusiva a los médicos que mantienen una consulta privada.

“El convenio vendría a regular la situación de numerosos trabajadores afectados por el
requerimiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía y los recortes salariales al que pretenden someterlos”, mantienen las cinco organizaciones sindicales. “Lo que
reclamamos se apoya en resoluciones del propio Parlamento de Andalucía, que el 24 de septiembre de 2020 aprobaba las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción
Económica y Social de Andalucía que, entre otras cosas, disponía lo siguiente: Aumentar la
financiación de la investigación como piedra angular para adelantarnos a nuevas pandemias y como inversión en salud”, señalan.

“Sin ciencia no hay futuro. Sin investigación sanitaria no estaríamos superando la pandemia. Si la Junta de Andalucía sigue maltratando al personal investigador y el resto se va a encontrar con una movilización sostenida y creciente de una parcela tan importante para nuestra sociedad actual como es la investigación sanitaria”, advierten.

IES Arroyo de la Miel

Por otro lado, la responsable del personal laboral de educación en CCOO de Málaga, Gloria Pérez, ha explicado que el IES Arroyo de la Miel es un centro con turno de mañana y tarde, donde se imparten clases de ESO, Bachillerato, Secundaria, Bachillerato de adultos y varias familias de Ciclos Formativos.

Desde hace tiempo viene sufriendo falta de personal laboral, pero la situación a día de hoy es alarmante. En concreto, Pérez ha informado que el pasado 19 de noviembre del 2021, una ordenanza pasó a la jubilación y la Delegación de Educación confirmó a este Sindicato que esta plaza no se iba a cubrir (trabajaban 4 ordenanzas, 2 en turno de mañana y 2 en turno de tarde).

Tras ello, con la sobrecarga que se produce en este centro educativo, “nos encontramos que otra ordenanza se ha dado el 15 de marzo de baja por problemas de salud”, y ha recordado que “esta Administración tarda más de dos meses en cubrir las bajas, por lo que el personal se ven desbordado”.

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