El edil socialista Mariano Ruiz, que ha mediado para conseguir una prórroga de un lanzamiento en el último minuto, pide al alcalde que el modelo de ciudad pase por garantías de habitabilidad para las familias y blindar la función social de la vivienda, en vez de ponérselo fácil a los fondos buitre para su conversión en pisos turísticos
El concejal socialista Mariano Ruiz ha pedido al Ayuntamiento de Málaga “que trate de poner freno a la especulación inmobiliaria cuando hay familias a punto de ser desahuciadas”. El edil, responsable de Urbanismo en el PSOE, señala a los “fondos buitre como uno de los máximos responsables de la falta de parque residencial suficiente en Málaga”, una capital que cuenta con más de 21.000 familias demandantes de vivienda protegida.
Así lo ha manifestado Ruiz pocos días después de paralizar un desahucio en el último minuto gracias a su mediación entre la empresa propietaria de viviendas en el pasaje del Rosario, en el distrito Málaga Este, y la familia que arrenda uno de los domicilios, que ha conseguido hasta el día 9 de enero de 2022 “un tiempo precioso para poder demostrar su situación y tratar de quedarse en casas donde viven de alquiler desde hace medio siglo”. Mariano Ruiz ha pedido al alcalde, Francisco de la Torre, “que proteja a las familias malagueñas con un modelo de ciudad más amable y preocupado por la calidad de vida de los ciudadanos, en vez de dejar vía libre a la especulación de los grandes tenedores de vivienda”.
“El mercado inmobiliario en Málaga está muy tensionado porque cualquier sociedad puede hacer dinero con la vivienda en nuestra ciudad, porque el precio del alquiler es muy alto pese a que dormir bajo techo es un derecho fundamental”, ha defendido Ruiz, responsable del distrito Málaga Este en el PSOE, que ha señalado un episodio reciente en una comunidad de vecinos de El Palo, “en un conjunto de casas con más de un siglo “de las que el propietario no se ha preocupado en absoluto para su mantenimiento como medida de presión para que los inquilinos se marcharan y hacer apartamentos turísticos”.
Para que la vivienda pública no caiga en manos de fondos buitre
Para la responsable socialista en el área de Vivienda, Alicia Murillo, “es primordial que la vivienda protegida no caiga en manos de especuladores, porque no debe ser un negocio un bien escaso en nuestra ciudad”. Murillo recuerda que sólo en la capital malagueña hay más de 21.000 familias demandantes de vivienda protegida, mientras que nuestra ciudad está entre los primeros puestos nacionales en precios de arrendamiento”. Para la responsable socialista, “es complicado marcar las reglas del juego cuando la vivienda es privada, es complejo frenar la especulación de los grandes tenedores de vivienda. Pero, gracias al Gobierno central y la nueva Ley Estatal de Derecho a la Vivienda, sí que podemos evitar que los fondos buitre se queden con viviendas públicas como está ocurriendo ahora en Madrid”.
Alicia Murillo ha explicado los avances que tendrá para nuestra ciudad la Ley Estatal de Derecho a la Vivienda, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado mes de noviembre. “Haremos posible que el parque residencial público sin ocupar esté en manos de fondos buitre; se aumentará las ayudas para la rehabilitación de casas y pisos, además de crear la figura de la vivienda asequible incentivada”. Sin embargo, aclara la responsable socialista, “esta nueva norma es papel mojado si tanto el Ayuntamiento como la Junta no integran en sus respectivas ordenanzas las bonificaciones potestativas e incentivos fiscales que depara la nueva ley a inquilinos y arrendadores”.
Murillo ha agregado que “se garantiza el parque público de vivienda social, evitando su venta a fondos buitre, a la vez que los ingresos se destinan a la creación, ampliación, rehabilitación y mejora de los inmuebles”, la VPO lo será por un mínimo de 30 años, se crea la figura de la vivienda asequible incentivada para incrementar la oferta a corto plazo “ofreciendo al propietario beneficios de carácter urbanístico o fiscal, entre otros, si la destina a alquiler con precios reducidos”. Se trata, en palabras de Murillo, “de un auténtico blindaje de la función social de la vivienda. El objetivo es que no haya ninguna familia en la calle”, ha zanjado.
