El proyecto de ley ha permanecido en el Congreso desde que fuera aprobado por el Consejo de Ministros en octubre y será votado por la Comisión de Hacienda con competencia legislativa plena, de forma que no será necesario que pase por el Pleno de la Cámara Baja.
Entre las medidas incluidas en el proyecto ya desde su aprobación por el Consejo de Ministros se incluye la limitación de los pagos en efectivo para determinadas actividades, reduciéndolo de los actuales 1.500 euros a 1.000 euros en operaciones entre profesionales o empresarios, mientras que para particulares el límite es de 2.500 euros. Además, se reduce de 15.000 a 10.000 euros el límite para particulares con domicilio fiscal fuera de España.
Otra medida es la prohibición de los conocidos como softwares de doble uso, programas informáticos utilizados por las grandes compañías para manipular la contabilidad. En concreto, el proyecto obliga a que los sistemas informáticos de los procesos contables se ajusten a criterios que garanticen accesibilidad a los registros y trazabilidad, además de habilitar la posibilidad de someter los sistemas a certificación y establecer un régimen de sanción para quienes fabrican los sistemas o quienes lo tienen sin la debida certificación.
VIGILANCIA SOBRE LAS CRIPTOMONEDAS
Asimismo, también se incluyen medidas para un mayor control sobre la tenencia y operatividad con criptomonedas, estableciendo la obligación de informar sobre saldos y titulares de estas monedas, así como sobre las operaciones, ya sean adquisiciones, transmisiones, cobros o pagos.
Además, el proyecto amplía la lista de deudores tributarios, rebajando del millón de euros a 600.000 euros el umbral para que una persona sea añadida a la lista, y se incorporará como deudores principales a los responsables solidarios.
Por otro, durante el debate esta semana en la ponencia de la Comisión, fueron incorporadas al proyecto varias enmiendas, entre las que destacan el permiso para que la Agencia Tributaria realice inspecciones sorpresa en domicilios o la obligación por parte de las Socimis de tributar el 15% de sus beneficios no distribuidos, así como el endurecimiento de los requisitos de inversión de las Sicav.
