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Poner en valor el patrimonio natural de Andalucía

Más País cree que derogar la valoración de Impacto Ambiental busca “consolidar pelotazos urbanísticos, la especulación y la impunidad ecológica y patrimonial”

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La coordinadora general de Más País Andalucía, Esperanza Gómez, exige que se anule la disposición del decreto ley que elimina la valoración de Impacto Ambiental en Andalucía y llama a la cooperación al resto de fuerzas políticas para parar lo que considera “una huída hacia adelante a costa de sepultar el futuro y las posibilidades de desarrollo sostenible de Andalucía”.

Así lo ha manifestado la coordinadora general de Mas País Andalucía, Esperanza Gómez, que ha expuesto su “enorme preocupación porque se elimine de un plumazo la evaluación del impacto ambiental que cualquier proyecto debe cumplir en aplicación de la Ley 7/2007, a través de un atajo como la disposición final en el Decreto Ley 3/2021, que bajo el eufemismo de ‘agilización administrativa’, permite prescindir de estas valoraciones vitales para la salvaguarda de nuestro patrimonio medioambiental”.

Según Gómez, Moreno Bonilla “se abona así a las tesis negacionistas de la ultraderecha sobre el cambio climático y le hace el trabajo sucio a los lobbies del ladrillo y la especulación urbanística que, llevando a cabo una política de hechos consumados, tanto daño han hecho en nuestros pueblos, ciudades y algunos parajes de alto valor ecológico o patrimonial”.

La responsable de la formación andaluza abunda sobre que “el mantra neoliberal de la agilización administrativa no es más que el escondite perfecto para perpetrar atentados ambientales y patrimoniales con garantías legales y caminar hacia una jungla de ladrillo en lugar de hacia una Andalucía más sostenible y respetuosa con nuestra riqueza ambiental: a falta de un modelo actual y de alto valor añadido Moreno Bonilla reedita la burbuja especulativa que llevó a España a la quiebra en 2008”.

Para Más País Andalucía, concluye Esperanza Gómez, “no hay salida viable ni futuro próspero para nuestra tierra sin asumir un proyecto sostenible que ponga en valor nuestro patrimonio natural y se centre en el bienestar y la salud de los andaluces/as, y es imprescindible un modelo generador de riqueza que no esquilme ni castigue nuestro entorno, por lo que el resto de fuerzas políticas deberían impugnar esta decisión a través de todos los cauces legales posibles”.

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