Por José Manuel Ramírez Navarro
El mayor avance en protección social de los últimos tres lustros, se desangra por procedimientos complejos y una errática gestión, abocando al abandono a los doce millones de personas que malviven en la pobreza y poniendo en riesgo la cohesión social.
Si en algo han acertado es en el nombre, todo el mundo habla de “la vital” para referirse al Ingreso Mínimo Vital, y la verdad que mejor término no se puede escoger, debería la RAE incluirlo en el diccionario.
El Ingreso Mínimo Vital, de ser la vacuna más eficaz contra la pobreza, ha pasado a ser el virus de la desesperación y el sufrimiento de más de un millón de solicitantes que están atrapados en la telaraña de la burocracia y el sin sentido de farragosos procedimientos. El síntoma más evidente son las colas del hambre que ponen en evidencia un nuevo fracaso de las políticas públicas y la justicia social.
Ni siquiera se han aprobado el 20% de más de un millón de solicitudes que se tramitaron desde el mes de junio pasado y los requisitos establecidos deniegan casi el 60% de las solicitudes. De consolidarse esta tendencia el Ingreso Mínimo Vital apenas se concederá a la mitad de las 850.000 personas en el límite más extremo de la pobreza que fue la cifra comprometida por el gobierno.
Algunas modificaciones recientes, ya van cuatro decretos en ocho meses, a las que la Seguridad Social ha llegado con los pies arrastras y después de haber sido previamente advertida desde muchas instancias, mejoran algo el procedimiento. Como siempre, los papeles, la desconfianza innata de la administración hacia el pobre, el reglamento y los procedimientos, han ido muy por detrás y a veces en contra de las necesidades de las personas. El sufrimiento que ha provocado la decepción, probablemente sea irreversible y el daño producido a la cohesión social al unísono con la crisis sanitaria, probablemente también. Una tormenta perfecta para que los discursos de odio, el conflicto y la desconexión social de una amplísima capa social de la población, por enésima vez maltratada, campen a sus anchas.
Por eso urge abandonar la vía de las modificaciones siempre parciales y cortoplacistas producidas vía Real Decreto y abordar un cambio inmediato y definitivo que integre las modificaciones ya producidas y las que todavía deben producirse enmendando el diseño en cuanto a cobertura de determinadas situaciones y, sobre todo, en cuanto a los procedimientos y requisitos para la concesión y el posterior seguimiento, a través de la Ley que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha hecho llegar al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios para su toma en consideración un documento de análisis, propuestas y enmiendas y de posicionamiento del Sistema Público de Servicios Sociales en la relación con la prestación del IMV para su toma en consideración.
Dicha propuesta se resume en tres medidas claves para evitar que “la vital” se desangre y para cesar la desesperanza de las familias más vulnerables:
1º Que el cálculo de la capacidad económica se realice sobre los ingresos del año en curso, (eliminar el límite del 50% de los ingresos del ejercicio anterior).
2º Suprimir el padrón histórico colectivo (la pobreza ocurre en el presente, su perentoriedad no es cuestión de caridad)
3º Decretar una “pasarela automática” para que, de oficio, se acceda al IMV desde las Rentas Mínimas de las Comunidades Autónomas. Y conveniar para evitar lo que sería un indeseable efecto perverso, que las Comunidades Autónomas caigan en la tentación de dedicar los 1.600 millones de euros que actualmente invierten en sus propios sistemas a otras políticas que no fueran las relacionadas con la inclusión social y los servicios sociales.
Estas medidas implicarían según los cálculos de la AEDYGSS que, en menos de un mes, se alcanzase la mitad del objetivo que se había propuesto el gobierno, pudiendo llegar a casi medio millón de familias beneficiarias evitando la errática gestión del gobierno y sobre todo la desesperación de las personas que se topan con la tortura burocrática actual. No obstante, a pesar de estas mejoras, ya no podemos evitar que se hayan denegado el 60% de las solicitudes y deban volver a iniciar el procedimiento, ni los expedientes de reintegro que se están realizando a miles de usuarios de rentas autonómicas e IMV debido al desconcierto provocado y a la lentitud de la maquinaria administrativa.
Urge, del mismo modo, que el Ministerio del Sr. Escrivá termine de aclarar cuáles serán las medidas para la inclusión social que se han prometido y que deben acompañar necesariamente el despliegue del Ingreso Mínimo Vital. A día de hoy el Ministerio todavía no se ha pronunciado sobre la dimensión, la profundidad y las características concretas de esas medidas y como se imbricarán con las políticas de inclusión de las Comunidades Autónomas.
Este es un asunto no menos complejo que el diseño de la propia prestación y no solo porque necesitará de esfuerzos presupuestarios estructurales, no pequeños y sostenidos en el tiempo más allá de las posibilidades a corto y medio plazo que ahora ofrezcan los Fondos para la Recuperación y la Resiliencia, sino porque la inclusión social, como todas las prestaciones de los Servicios Sociales en nuestro País, es un territorio de intervención social de competencia compartida entre los tres niveles de la administración y ello supone un diseño concertado (por tanto complejo y necesitado de mucha conversación) entre tales niveles.
La Asociación está dispuesta y deseosa de colaborar con el Gobierno integrándose en los foros u órganos que éste considere oportunos para hacer esas aportaciones y asistir a los grupos parlamentarios en las enmiendas a la ley durante el debate en el congreso de los diputados.
