Hoy frente a la Delegación de la Junta de Andalucía, un centenar de miembros de asociaciones Saharauis en Málaga han reivindicado sus protestas.
Hoy, más que nunca, reiteramos nuestra solidaridad con el Pueblo Saharaui y nuestro apoyo al Frente Polisario, su único representante legítimo. Reafirmamos que, de acuerdo con la legislación internacional y las resoluciones de la ONU el Pueblo Saharaui debe ejercer su derecho a la autodeterminación y optar libremente por la independencia o cualquier otra alternativa que elija.
El Frente POLISARIO, en su calidad de movimiento de liberación nacional, está legitimado a defender este derecho contra cualquier tipo de ataque, la situación actual de enfrentamiento bélico ha sido provocada por una invasión de las fuerzas armadas marroquíes con el fin de atacar a manifestantes civiles que, de forma pacífica, reclaman el cierre de una brecha ilegal abierta en el muro de guerra marroquí cuya finalidad era la de facilitar la exportación de bienes y recursos expoliados al pueblo saharaui.
Los manifestantes solo pedían el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados por Marruecos y el Frente POLISARIO con el aval de las Naciones Unidas y la Unión Africana, desde la firma de los acuerdos de paz en 1991, Marruecos ha vulnerado sistemáticamente el espíritu y la letra del Plan de Paz y los acuerdos correspondientes, pero, a pesar de su gravedad, el Frente POLISARIO siempre ha respondido recurriendo a las Naciones Unidas como responsable del cumplimiento de los acuerdos.
Desgraciadamente, como ya advirtiera el Frente POLISARIO en octubre de 2019, el Consejo de Seguridad, la Secretaría General y la misión de la ONU para organizar el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) han defraudado todas las esperanzas que el Pueblo Saharaui había depositado en la organización internacional para poner fin al sufrimiento que desde hace 45 años supone la ocupación de parte de su territorio por Marruecos.
La inoperancia de la ONU es debida a la presión que los aliados más firmes del régimen marroquí ejercen sobre esta para imponer sus propios intereses económicos y geopolíticos, en detrimento de los derechos legítimos del Pueblo Saharaui. Especialmente sangrante resulta la postura de los gobiernos españoles que, eludiendo las responsabilidades que le corresponden como potencia administradora, se han plegado a los intereses marroquíes y han actuado en contra del derecho internacional y de los derechos humanos.
Todo ello ha desencadenado una crisis que amenaza seriamente la estabilidad y la seguridad en toda la región del Magreb y que pone en riesgo la vida y la salud de miles de personas inocentes. La enorme ola de solidaridad que suscita la justa causa saharaui entre la sociedad y las organizaciones políticas y sociales del estado español constituye la mayor esperanza de una solución rápida y justa de la situación actual. Hacemos un llamamiento a las instituciones, partidos políticos, organizaciones sociales, ONGs y a la sociedad en general para que se movilicen, pidiendo al gobierno español y a la ONU una intervención rápida y decidida que ponga fin a la ocupación ilegal y al expolio de los bienes del territorio del Sahara Occidental y restituya los derechos arrebatados al Pueblo Saharaui, única forma de acabar con un conflicto que ya dura demasiado tiempo y genera mucho sufrimiento.
