El sindicato de pensionistas exige políticas públicas que protejan a los mayores

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El Secretario General del sindicato de Pensionistas, Juan Morón, lamenta que todos los gobiernos usen a las personas mayores en sus argumentarios, pero en la práctica no implanten políticas públicas de promoción de la salud y atención sociosanitaria, ni destinen la inversión necesaria para el buen funcionamiento del sistema sanitario público y la atención primaria, geriátrica y gerontológica

Los distintos gobiernos hablan del envejecimiento activo pero abandonan a nuestros mayores incumpliendo con la obligación de facilitar los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para que las personas mayores tengan cubiertas sus necesidades básicas y puedan envejecer  dignamente. 

Durante años, y especialmente tras la crisis económica del 2009, se impuso el criterio de austeridad y se implantaron una serie de políticas públicas y recortes presupuestarios que han causado un alarmante deterioro en el sistema público de la salud. Con motivo de la pandemia del Covid19, este deterioro se ha agudizado y alcanzado una verdadera crisis de nuestro sistema sanitario en todo el Estado. 

Esta pandemia de dimensión mundial, ha puesto de manifiesto la falta de recursos médicos y sanitarios, y en Andalucía y Málaga, la capacidad de respuesta se ha visto mermada por la falta de recursos. 

En estos meses han sido claramente insuficientes los rastreadores, los equipos de protección, el refuerzo de personal,… en general no se ha dotado a la sanidad  pública malagueña de los medios necesarios para parar el contagio y evitar más defunciones. Se ha producido un colapso y desatención en nuestros centros de salud. 

También he quedado evidenciado que, el diseño y modelo de gestión de las residencias de mayores no es válido, a la vista de la tragedia que está sucediendo en las mismas. La atención de nuestros mayores, no puede ser negocio empresarial. Es imprescindible cambiar la actual normativa (Orden 1 de Julio de 1997). Hay que dotar de recursos la atención a los mayores, medicalizar las residencias, dotarlas de recursos económicos, especializarlas por patologías,… y que la administración arbitre un sistemas de control de la calidad asistencial y sanitaria que garantiza el bienestar de las personas residentes, por encima de los interesas económicos del empresariado de las residencias de mayores. El envejecimiento de la población no puede convertirse en el negocio de las empresas, y menos cuando se trata de plazas concertadas y pagadas por la administración, con los impuestos de la ciudadanía.  

La capacidad de respuesta contra el contagio del sistema de atención a la dependencia ante la crisis sanitaria ha resultado manifiestamente débil. En el caso de las residencias, es indispensable  categorizar y actuar en función de la exposición al virus dentro de estas,  para facilitar el aislamiento, la medicalización de la atención en las mismas residencias para los casos menos graves y la derivación a los hospitales de los casos más graves. 

Es urgente revertir los recortes que se produjeron en 2012 en la atención de los mayores, recuperar las prestaciones, revertir el aumento de los copagos, agilizar los procedimientos y establecer un plan de choque para resolver  las solicitudes pendientes de valoración y las listas de espera.  Así mismo es indispensable e inaplazable supervisar el cumplimiento de los requisitos de calidad, garantizar la transparencia del sistema y legislar para proteger la atención a las personas mayores para garantizarles un envejecimiento digno. 

Por todo lo expuesto, exigimos al Gobierno y al conjunto de las Administraciones y Poderes Públicos:

  1. Que se implanten políticas públicas en materia de promoción de salud y atención sociosanitaria, imprescindibles para garantizar el envejecimiento de forma activa puesto que afectan de forma directa al deterioro de la salud y las capacidades autónomas de las personas mayores. 
  2. El aumento del gasto sanitario público al menos, al 7,2% del PIB y de forma paralela el incremento del gasto para dotar de recursos a la atención primaria. 
  3. Una protección efectiva de las personas mayores ante el Covid 19, para lo que hay que diferenciar entre personas mayores válidas y autónomas; personas que requieren ayuda a domicilio; y personas residentes en centros de mayores. El primero de los casos requiere aislamiento y prevención primaria, pero los otros dos casos, precisan de una apuesta por el establecimiento de criterios comunes estatales amparando los derechos de atención a la dependencia y la salud pública, mediante el procedimiento de cooperación interadministrativa, que regule criterios claros de actuación, que deberán aplicar tanto las administraciones competentes como las empresas del sector y su plantillas.
  4. Potenciar el sistema sanitario público sobre el eje crucial de la calidad: es clave para afrontar los meses que están por venir. Es necesario  garantizar una atención integral, potenciando la autonomía personal y teniendo capacidad de reacción frente a posibles brotes, ello precisa de una mejora de la coordinación sociosanitaria, con protagonismo de la atención primaria y de la atención geriátrica y gerontológica. Hay que hacer más hincapié en la relevancia de reorganizar los centros de atención a las personas dependientes adecuando sus recursos y espacios medicalizados en función del grado de dependencia y bajo la dirección e inspección de los servicios públicos de salud.

Juan Morón

Secretario General del Sindicato de Pensionistas de CCOO Málaga.