Por una educación pública, segura y de calidad

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POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA, SEGURA Y DE CALIDAD: LA MOVILIZACIÓN ES EL ÚNICO CAMINO

La crisis económica destapada por la pandemia de COVID-19 ha puesto sobre la mesa más que nunca la existencia de un sistema educativo saturado y descompensado, al igual que ha sucedido con la sanidad. No es la COVID-19 la que está provocando el colapso de estos servicios públicos, son los años de políticas de recortes y desmantelamiento de los pilares del estado de bienestar: los servicios públicos y las políticas sociales.

En Educación el cierre unilateral de unidades públicas, la falta de contratación de docentes, la alta tasa de interinidad y temporalidad de los contratos, la reducción del presupuesto y los trasvases permanentes de fondos públicos a centros y empresas privadas, ha tenido como consecuencia la  normalización de ratios de 28 alumnos/as en primaria, 33 en ESO y hasta 38 en bachillerato, es decir, podemos hablar de ratios ilegales en muchos centros educativos públicos.

Esta saturación de la Educación Pública es fruto del deterioro causado por el proceso privatizador de servicios imprescindibles de atención al alumnado, de administración y mantenimiento, además de no poder contar con los docentes de apoyo suficientes para atender al alumnado con necesidades especiales, la carencia de recursos para educar y formar adecuadamente al alumnado en su conjunto y, en definitiva, de recursos suficientes para garantizar una educación de calidad y en igualdad para todos y todas, un derecho básico e imprescindible de cualquier sociedad democrática.

Es por ello que, desde las organizaciones y colectivos que estamos aquí reivindicamos una educación presencial con todas las garantías de seguridad exigidas. No queremos ser heroínas, ni héroes, sólo queremos desarrollar nuestro trabajo con las máximas garantías de seguridad.

La teleformación, que se inició como una necesidad temporal para responder a la crisis del COVID, ha demostrado (y así se ha hecho patente para familias, alumnado y docentes durante el confinamiento) no ser una alternativa de calidad para educar. A la brecha digital existente, hay que sumar las desigualdades socioeconómicas, culturales y de necesidades específicas de aprendizaje que sólo pueden garantizarse con una educación 100% pública, participativa (a todos los niveles y con todos los agentes de la comunidad educativa), presencial y de calidad. Por si fuera poco, el actual gobierno ha agudizado aún más esta crisis al consentir numerosos ERTES y ERES en servicios educativos externalizados. Todo lo anterior supone la expulsión directa o indirecta del estudiantado con menos recursos y más necesidades tanto de las etapas tempranas como de la educación superior, así como un mayor beneficio para las empresas privadas.

 La respuesta de las autoridades educativas, que han tenido desde marzo el tiempo suficiente para resolver esta situación, se ha limitado a presionar a los equipos directivos de los centros en un intento de que las responsabilidades recaigan sobre ellos, teniendo que asumir competencias que no les corresponden.  La publicación de instrucciones totalmente ambiguas, confusas, a destiempo e inaceptables, además del anuncio el pasado 27 de agosto de nuevos protocolos en nada resuelven la situación de inseguridad en la que nos encontramos.

Tampoco podemos olvidar que, aprovechándose del Estado de Alarma, la Consejería de Educación no ha cubierto las bajas durante el confinamiento minando aún más la calidad de nuestra educación en un período tan delicado.

La solución es clara: reducción de las ratios; apertura de nuevos centros educativos; contratación masiva de docentes, de personal de administración, servicios y limpieza; mayores recursos para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales y presencia de enfermeros/as en todos los centros escolares. En definitiva, MÁS INVERSIÓN EN EDUCACIÓN PÚBLICA; como así lo hemos venido manifestando las organizaciones aquí presentes durante todo este tiempo.

Sin embargo, las autoridades educativas y los medios de comunicación han contribuido a la fabricación de un falso dilema: educación presencial tal cual está o educación telemática, sacando del debate la única y verdadera solución: la inversión en educación pública, cuestión de la que no quieren hablar, no porque no haya posibilidad de invertir en la misma, sino porque no hay voluntad política para hacerlo, con argumentos del tipo “es inviable bajar las ratios”, como ya expresó el Consejero de Educación el Sr. Imbroda. Y es que, aprovechando la desidia y parálisis del Gobierno Central, la Junta de Andalucía está aprovechando la situación para ir un paso más allá en sus planes. El cierre de numerosas líneas en la enseñanza pública, combinado con el incremento en la partida de recursos destinada a la privada y concertada son una profundización de la desmantelación y privatización de la educación pública. Esto es totalmente inaceptable.

Ante esta respuesta, sólo cabe la movilización unitaria de la comunidad educativa: alumnado, familias, trabajadores/as de los centros y docentes somos quienes mejor conocemos las verdaderas necesidades de los centros educativos, y somos los que podemos presionar para imponerlas, sobrepasando las voluntades de los distintos gobiernos central y autonómico que pretenden continuar con la tendencia de desmantelamiento de la educación pública.

(Marea Verde, CCOO, CGT, USTEA, Ampas….)