A esta hora comienza el encierro de 24h en la estación de trenes de Ronda (Málaga), en la que miembros de CGT junto a la Plataforma en Defensa del Tren Rural protestan por las políticas desmanteladoras del ferrocarril público y el abandono de la prestación de servicio ferroviario a pueblos y ciudades medias andaluzas, entre las que Ronda es de las más perjudicadas.
El acto de protesta se realiza ante la agresividad desmanteladora del servicio público ferroviario por parte del Ministerio de Transportes y la pasividad de la administración andaluza en la defensa del ferrocarril. Tras la declaración de nueva normalidad el Ministerio ha aprovechado para suprimir la mayor parte del transporte ferroviario que daba servicio antes del estado de alarma a pueblos y ciudades como Ronda, donde se ha perdido la conexión con la capital de provincia y se ha implantado unos escasos horarios que invitan a no usar el tren.
La Junta de Andalucía se coloca de perfil ante los atropellos del Ministerio de transportes en materia ferroviaria, alejándose de los compromisos adquiridos con esta Organización sindical y con la Plataforma en Defensa del Tren Rural Andaluz (PTRA) por los que se nos aseguró que la Administración andaluza lideraría la reclamación de servicio público ferroviario para toda la ciudadanía de pueblos y ciudades andaluzas que cuentan con infraestructuras ferroviarias en uso y sobre las que con escasa o nula inversión se puede contar con trenes que den servicio a la vecindad de esas poblaciones y comarcas.
Los severos recortes en servicios ferroviarios sobre los que se ofrecían cuando se decretó el estado de alarma y la eliminación de tarifas promocionales vigentes hasta el 13 de marzo, parecen contar con la aquiescencia de la Junta de Andalucía como demuestra con su silencio cómplice.
Solo con observar los horarios, se aprecia la anormalidad con la que RENFE y el Ministerio de Fomento están tratando a los usuarios del ferrocarril público, aprovechando la vuelta de la pandemia para la eliminación de servicios de tren convencional, en la mayoría de los casos, sin importarles cómo afecta a las personas que dependen de este medio de transporte para hacer su vida cotidiana en sus desplazamientos para trabajo, ocio, a centros hospitalarios, etc.
Desde CGT denunciamos los incumplimientos de las OSP (Obligaciones de Servicio Público) vigentes a manos del Ministerio de Transportes y el desmantelamiento alevoso que se está cometiendo contra el ferrocarril público y social en Andalucía, que cuenta, ante el silencio cómplice, con el apoyo de la Administración andaluza.
