Desde el PCA-Málaga, se insiste que existen evidencias científicas que afirman que los sectores más pobres de la población se ven más afectados ante las enfermedades o que las personas recuperadas de COVID-19 tienen una mayor probabilidad de verse afectadas o agravadas por otras enfermedades como Alzheimer.
Que desde el PCA-Málaga se quiera resaltar estas evidencias responde a la necesidad de denunciar que la detección temprana es fundamental, tal y como alerta el personal sanitario.
“Según estimaciones basadas en datos disponibles aportados por SSPA, la media de demora en las listas de esperas para consultas podría incrementarse de 100 días (más de 3 meses) a 147 días (casi 5 meses) para la ciudad de Málaga. Esto explicaría por qué aún hay gente que está esperando asistencia sanitaria desde que empezó la pandemia. Estas estimaciones se han realizado considerando una buena gestión por parte de la Junta y el Ayuntamiento de Málaga dentro de la dificultad que supone gestionar una pandemia mundial” señala José Antonio Carmona, Secretario Político Local.
Desde la organización señalan que “esta situación termina afectando a los sectores más vulnerables, quienes se ven con una mayor probabilidad de verse afectados por la COVID-19 o por cualquier otra enfermedad que se le pueda agravar con las posibles consecuencias que puedan originarse como despidos una vez finalicen los ERTEs. El PCA-Málaga critica activamente que la única solución que se haya dado haya sido realizar test online basadas en preguntas para que cada persona determine si puede estar infectada o no. Esta es una solución poco eficiente pues no considera la privación material severa o que sectores más vulnerables de la ciudad de Málaga pueden no tener acceso a Internet o simplemente no permitirse un teléfono móvil. Se añade el problema para personas mayores quienes no suelen tener el mismo conocimiento en nuevas tecnologías que cualquier otro sector de la población. Para la ciudad de Málaga, el problema es aún mayor, pues se ha incrementado desde 2011 tanto la tasa de dependencia para personas mayores de 64 años como el índice de envejecimiento.
Esta medida, además, abre la puerta a externalizaciones hacia call centers que gestionen estas pruebas online siguiendo un protocolo predefinido y no mediante una asistencia sanitaria de calidad, lo que afectaría al empleo de miles de personas incluidas en el sistema sanitario de salud. Y es algo que no sorprende desde el Ayuntamiento de Málaga, con su gestión puramente capitalista, ha dejado atrás a miles de familias y hogares vulnerables, además de poder afectar al empleo de miles de sanitarios y sanitarias, un sector que ha demostrado ser fundamental. Se demuestra que la gestión pública es mucho más beneficiosa para las familias trabajadoras que la gestión privada.
