La ministra portavoz, María Jesús Montero ha manifestado hoy que “Creamos un nuevo derecho de ciudadanía” y con este ingreso mínimo hay “un antes y un después en la lucha contra la pobreza extrema, sobre todo la infantil”, añadió la ministra.
Dijo que, de esta forma, todas las personas podrán desarrollar su proyecto vital “con la dignidad que todo ser humano merece”. “Sabemos lo que el país necesita, que es dar respuesta inmediata a los problemas que surgen, a los endémicos” y a aquellas iniciativas que tenían previsto desarrollar en esta legislatura. “Política útil centrada en las personas y sus necesidades”, remachó Montero.
A falta de que se plasmen los detalles en el boletín oficial del estado se confirma que la medida contará con un presupuesto de 3.000 millones de euros anuales y darán respaldo económico a unas 850.000 familias formadas por aproximadamente 2.300.000 personas.
La cuantía de esta prestación no contributiva de la seguridad social oscilará entre los 462 euros para quienes vivan en hogares unipersonales. El máximo a percibir no superaría los 1.100 euros, ya que no puede ser superior al importe del Salario Mínimo Profesional (SMI), establecido en 1.108,33 euros mensuales en doce pagas.
Esta prestación será permanente y complementaria a las rentas de inserción que ya existen en las comunidades autónomas, para garantizar que todas las familias lleguen a un umbral mínimo de ingresos. Servirá para amparar a cuatro de cada cinco personas que en España sufren pobreza severa, unos 850.000 hogares, según la Seguridad Social.
El IMV se concederá a la unidad familiar o por hogar de convivencia, no a título individual, y los beneficiarios deberán tener más de 23 años y menos de 65, aunque no se descarta que se conceda a partir de los 21 años, o de los 18 años si tienen hijos.
