La inacción del gobierno andaluz en el arranque de la crisis ha imposibilitado que la tramitación de los ERTE’s llegue a tiempo al Servicio Estatal de Empleo, de modo que las personas trabajadoras no han cobrado en abril las prestaciones que tenían reconocidas
Ya el pasado 25 de marzo, denunciamos desde CCOO la falta de personal destinado a la tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en la delegación de empleo de la Junta de Andalucía. CCOO advirtió públicamente que las 16 personas que en ese momento se encontraban realizando las gestiones eran claramente insuficientes para los miles de expedientes que se avecinaban. Pronto comprobamos como la carencia de personal no solo ocasionaba lentitud en la tramitación sino que también ha imposibilitado que una gran parte de los trabajadores afectados hayan cobrado en fecha el desempleo reconocido.
Desde CCOO consideramos que, una vez aprobado el estado de alarma y el decreto 8/2020, la Junta de Andalucía debió adelantarse a la realidad que se precipitaba por días con la avalancha de ERTE’s. Sin ese refuerzo de personal, que dependía únicamente de la acción del gobierno andaluz, fue imposible dar una respuesta ágil a los trámites, y enviarlos a tiempo a los servicios públicos de empleo estatal para que pudieran liberar el cobro de las prestaciones por desempleo. La falta de decisión política durante el mes de marzo ha ocasionado un grave problema a las decenas de miles de personas acogidas a esos expedientes reguladores durante marzo, que no han cobrado las prestaciones en el mes de abril, y muchas de las cuales sobreviven sin ningún ingreso económico desde que se les incluyera en el ERTE.
Estamos hablando de 15.211 expedientes en los que están implicados 80.299 personas trabajadoras, de las que apenas 400 han podido completar la tramitación y recibir la prestación por desempleo. Las cifras dejan claro que el retraso que se ha originado en la delegación de empleo en marzo ha impedido el cobro de las prestaciones procedentes del SEPE y al final los perjudicados, una vez más, son los trabajadores y trabajadoras.
Inspección más eficaz
Desde CCOO afirmamos que agilizar la administración pública no supone reducir y eliminar controles, sino acortar los plazos de gestión protegiendo derechos tanto de la sociedad en su conjunto como de las personas, en este caso trabajadoras.
Para ello, la agilidad en la tramitación debe venir acompañada de una inspección laboral eficaz. En este sindicato creemos que los departamentos de delitos tecnológicos, tanto de la guardia civil como de la policía nacional, deben coordinarse con la inspección de trabajo para vigilar a aquellas empresas, que sujetas a ERTE’s, obligan a sus empleados a trabajar desde sus domicilios.
Se trata de un fraude empresarial que ya ha sido denunciado por escrito y que afecta fundamentalmente a las empresas del sector servicios que, usando la fórmula del teletrabajo, mantienen la actividad laboral al mismo tiempo que cargan al Estado gastos salariales y de cotización de sus plantillas.
Es un delito que nos perjudica a todos y todas y que se debe perseguir con contundencia, para lo cual es preciso coordinar a los diferentes ministerios responsables y reforzar los servicios de inspección laboral en general.
