Adelante exige que se subrogue a las trabajadoras que limpian en el IMV y vuelva a hacer público el servicio

La empresa cobra de la Administración, pero no abona las nóminas

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Las trabajadoras que prestan el servicio de limpieza en el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) en la capital no cobran desde noviembre y fue la nómina correspondiente al mes de octubre, a pesar de que la administración pública abona con puntualidad el coste del contrato.

El grupo municipal de Adelante Málaga lleva a la Comisión de Derechos Sociales una moción pidiendo al Ayuntamiento que suspenda el contrato con la concesionaria Tempo y subrogue a estas cinco trabajadoras, mientras el portavoz, Eduardo Zorrilla, le recuerda a PP y Ciudadanos que esta situación es el resultado de las políticas que desarrollan de privatización de servicios.

Zorrilla, la viceportavoz Paqui Macías y las trabajadoras afectadas han ofrecido esta mañana una rueda de prensa para explicar qué está ocurriendo con ellas y sus compañeras en otras empresas privadas y administraciones públicas malagueñas, como la propia Inspección de Trabajo o Hacienda.

Para el portavoz de la confluencia entre Izquierda Unida y Podemos, es una situación “completamente injusta y descarnada”. Ha exigido soluciones inmediatas para estas mujeres, a la vez que recuerda que no sólo se ha privatizado el servicio, sino que, además, lo hacen a través de unos pliegos de condiciones en los que se prima la oferta más baja, “que en la mayoría de los casos suele venir de manos de la empresa más pirata, de la que menos cumple”.

Pilar Cortés, miembro de la ejecutiva provincial de Construcción y Servicios de CCOO, ha hablado en nombre de éstas mujeres y del resto de trabajadoras de la provincia, pero ha recordado que Tempo tiene conflicto en toda Andalucía y ha reclamado a las administraciones que apliquen la nueva normativa y se hagan subsidiarias directas del impago de estas personas. Ha puesto el caso de la Finca La Mayora, donde la Administración ha sancionado a la empresa, pero el dinero recaudado no ha repercutido en las trabajadoras, que siguen sin cobrar sus nóminas. Afirma que la empresa sólo paga en aquellos lugares donde le interesa seguir prestando servicio y que a ellos destina todo el dinero que recibe de los contratos.

La viceportavoz Paqui Macías se ha lamentado que su grupo vuelva a tener que denunciar una situación de esta clase en centros municipales y ha mostrado sus dudas sobre que la empresa esté pagando las aportaciones que corresponde a la Seguridad Social de las trabajadoras.

“PP y Ciudadanos no pueden permitir estas prácticas sean constantes en la ciudad. El Ayuntamiento tiene que proteger a las trabajadoras que dan un servicio público y que también repercute en los usuarios”, ha añadido la edil, que recuerda que se ha demostrado que la municipalización de los servicios es más rentable.