Ley de Segunda Oportunidad, protección ante la quiebra

Los autónomos y particulares disponen de un mecanismo legal que permite superar una insolvencia gracias a la exoneración de la deuda que no se pueda afrontar.

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Ley de Segunda Oportunidad

Es evidente que la vida no siempre sigue el rumbo establecido y que los malos momentos existen. Proyectos que nunca cuajaron, dificultades financieras, crisis económicas o situaciones personales que terminan por arruinar sueños y familias. ¿Qué hacer ante esto? ¿Cómo seguir hacia delante? La ley brinda desde el año 2015 una solución para poder levantar la cabeza tras una quiebra o insolvencia grave.

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece a autónomos y particulares deudores la posibilidad de renegociar sus deudas e, incluso, librarse de parte de las mismas. Este mecanismo está ideado para que personas físicas (con o sin actividad empresarial) con dificultades superen un revés económico.

Conviene recalcar que el fin de este procedimiento no es que una persona física se libre como si nada de unos pagos que debe asumir. No. El objetivo es ofrecer un auxilio a aquel que, de forma acreditada, ha demostrado ser un buen pagador pero está haciendo frente a un bache económico.

Condiciones para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

Para poder acogerse a este principio se han de seguir varios requisitos, recogidos en el Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero. Estas condiciones exigen, generalmente, que se pruebe que no se cuenta con el patrimonio suficiente para poder saldar las deudas contraídas, que la cantidad que se debe no supere los cinco millones de euros, y que las deudas se hayan adquirido actuando de buena fe.

Resulta especialmente importante el último punto para entender para quién está hecha esta ley, ¿qué es eso de la buena fe?, ¿cómo se comprueba? Para ofrecer la respuesta a esta encrucijada surgen, de nuevo, un conjunto de condiciones que tienen que estar presentes.

El paso previo a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad es el intento de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores. Con este método se pretende encontrar una solución para saldar las deudas estipuladas, ya sea mediante una ampliación de los plazos de pago o con quitas que reduzcan el dinero a abonar.

A esta condición se le suman otras que prueban la honradez del deudor. Es requisito no haber sido condenado por delitos económicos o patrimoniales contra la Hacienda Pública y Seguridad Social. Además, tiene que eludir la culpabilidad en el concurso de acreedores. Sería imposible probar la buena fe si el deudor contrajo sus deudas a sabiendas de que no podía asumirlas. Por último, la persona física en cuestión no puede haberse acogido a esta misma ley en la última década.

Sin limitaciones en las deudas

Uno de los cambios más recientes que ha experimentado esta ley se ha producido en los últimos meses. Inicialmente la Ley de Segunda Oportunidad limitaba las deudas que podían ser exoneradas, excluyendo las que estuvieran relacionadas con las administraciones públicas como Hacienda o la Seguridad Social.

Sin embargo, en julio de 2019 una sentencia del Tribunal Supremo amplió los límites de esta ley y permitió a los deudores beneficiarse de una exoneración de hasta un 70% de las deudas establecidas con estas instituciones, todo un avance.

Si la negociación con los acreedores no se culmina con éxito se abrirá la fase judicial en la cual un administrador concursal hará inventario del patrimonio del deudor con el objetivo de poder liquidar con la venta de bienes esos pagos pendientes, siempre cuidando que esa persona pueda contar con las herramientas necesarias para enderezar su insolvencia.

Tras ello, las deudas que todavía no se puedan afrontar quedarán exoneradas aunque no desaparecen; por lo que los acreedores podrán reclamar su parte en el futuro si la persona que se acoge a la Segunda Oportunidad estuviese en condiciones de hacer frente a los pagos.

Fuentes: