La Fiscalía de Ceuta solicita 84 años de cárcel por la comisión de 12 presuntos delitos de abusos sexuales agravados sobre niñas con entre 6 y 10 años de edad para J.A.G., el operario del Plan de Empleo de la Administración autonómica que permanece en prisión provisional desde marzo del año pasado, cuando fue detenido tras ser denunciado por un vecino acusado de violentar a su hija, escolarizada en el colegio público en el que llevaba seis meses trabajando en tareas de mantenimiento.
El testimonio de esa menor, que aseguró haber sufrido episodios similares en los baños del centro educativo, llevó a los investigadores de la Policía Nacional a recabar las declaraciones de otras compañeras que corroboraron que intentaba ganarse su confianza con “golosinas” y otras dádivas para posteriormente propasarse dentro y fuera de las dependencias escolares.
El Ministerio Público considera al acusado, según la calificación a la que ha tenido acceso Europa Press, autor sin circunstancias modificativas de su responsabilidad criminal de dos delitos de abusos sexuales con agravantes específicas de “acceso carnal por introducción de miembros corporales” y de “escaso desarrollo intelectual de las victimas”. Por cada uno se enfrenta a doce años de prisión.
Además, pide seis de cárcel por cada uno de los otros diez presuntos delitos continuados de abusos con la agravación específica de escaso desarrollo intelectual de las victimas que se le atribuyen.
También reclama que se le imponga otra pena de libertad vigilada durante diez años más y la prohibición de aproximarse y comunicarse con las menores “a menos de 500 metros en cualquier lugar en que éstas se encuentren, en su domicilio, lugar de estudio y/o futuro domicilio laboral” por un periodo total de tiempo de 36 años.
El acusado, de 52 años, debería quedar, por añadidura, inhabilitado para “el ejercicio de cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad” por cinco años más que las penas de prisión señaladas.
Para terminar, considera que en concepto de responsabilidad civil el acusado debería responder de manera directa y tanto el Ministerio de Educación como la Ciudad Autónoma de forma subsidiaria “por los perjuicios morales causados” de una indemnización de 60.000 euros “a cada uno de los representantes legales de las menores afectadas por los hechos”.
