Las irregularidades en la Policía Local dejan sin medios a los agentes

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  • Un sentencia de 2009 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía obligó al Ayuntamiento a pagar un total de 112.000 euros de indemnización a los cuatro aspirantes que denunciaron el amaño probado en las oposiciones, a lo que se suma otra cantidad desconocida en concepto de costas.

  • Aumentan los indicios de que los altos mandos relacionados con el superintendente, José Fernando Cerezo, imputado actualmente por presunta prevaricación tras la denuncia de una decena de agentes, acumulan horas extra de manera excesiva.

  • Entre tanto, numerosos agentes han denunciado en los últimos años la falta de uniformes adecuados y chalecos antibalas, la escasez de vehículos y deficiencias en ellos.

  • El concejal de seguridad Mario Cortés se niega a abrir expediente a superintendente Cerezo y asegura, contra toda evidencia, que desconocía la imputación.

[13/3/2019]. Ni siquiera una sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha servido para que el Ayuntamiento cambie su modus operandi. En 2009 el TSJA, en sentencia firme, declaraba la nulidad de las oposiciones para cubrir 94 plazas en la Policía Local, tras quedar probada la filtración de las preguntas a un grupo de aspirantes matriculados en la academia Keops Kefren, que a la sazón mantenía un convenio de colaboración con el sindicato policial UPLB. La sentencia, no obstante, acabó por declararse «inejecutable» a causa de los derechos adquiridos por los policías tramposos.

Impunes

Pese a la condena, De la Torre hizo todo lo posible por asegurar la impunidad de los policías tramposos y el resto de implicados: se negó a abrir expediente alguno o a establecer la más mínima sanción, pese a que el Ayuntamiento fue condenado también a pagar 28.000 euros a cada uno de los cuatro aspirantes (112.000 euros en total de las arcas municipales) que denunciaron el amaño, así como las costas judiciales, cuya cantidad no ha trascendido. Por si fuera poco, De la Torre decidió excluir del tribunal para unas nuevas oposiciones, estas de 2016, al delgado sindical de UGT que había denunciado originalmente la filtración de las preguntas, y nombró como presidente al actual superintendente, José Fernando Cerezo, que la próxima semana declara en el Juzgado 14 como investigado (nueva figura del antiguo imputado), tras la denuncia por presunta prevaricación de una decena de agentes.

Más aún, en esa nuevas oposiciones de 2016 el 80% de los aprobados también estaban matriculados en la academia Keops Kefren, que pese a la sentencia condenatoria sigue manteniendo el convenio con el sindicato UPLB, sin que el Ayuntamiento actúe en modo alguno. Como no podía ser de otra forma, esas oposiciones ya están en los juzgados, tras la denuncia de un nuevo grupo de aspirantes.

Mil horas extra en el entorno de Cerezo

Recientemente Málaga Ahora ha reunido indicios de que inspectores cercanos al superintendente Cerezo acumulan alrededor de mil horas extra solo en 2017, algo por encima de toda lógica, un extremo que, como ha adelantado la portavoz del grupo, Ysabel Torralbo, ha pedido formalmente al Ayuntamiento que corrobore. A su juicio, estas irregularidades no solo suponen un despilfarro injustificable, sino que repercuten directamente en las carencias que numerosos agentes vienen denunciando en los últimos años, con consecuencias evidentes en su seguridad y en el desempeño de su labor: falta de chalecos antibalas y uniformes adecuados, coches insuficientes y con deficiencias notables, etc.

Torralbo también ha añadido que hay indicios razonables para determinar que Mario Cortés, concejal de Seguridad, miente cuando asegura que no tenía noticia de la imputación del superintendente Cerezo, y también ha revelado que su grupo ha solicitado los registros pertinentes para comprobar, como todo parece apuntar, que el Ayuntamiento sí recibió de manera oficial la citación. Tal y como ha declarado, la ley establece que, en cuanto se tenga conocimiento de una imputación como la de Cerezo, el Ayuntamiento tiene la potestad de abrir un expediente disciplinario e incluso de ejecutar un cese de manera cautelar, nada de lo cual ha tenido lugar.

Torralbo defenderá la próxima semana una moción de Málaga Ahora en la Comisión de Seguridad que se abra un expediente de información reservada a raíz de la denuncia por presunta prevaricación a Cerezo, que el Ayuntamiento se desligue de toda colaboración con la academia Keops Kefren y que, de hecho, los próximos tribunales se compongan con técnicos de instituciones ajenas a la ciudad de Málaga. La moción pide también que se ponga en marcha una Comisión de investigación para esclarecer los indicios de fraude en las últimas oposiciones y «salvaguardar la honorabilidad de nuestro cuerpo de Policía Local».

Por último, como ha resaltado Torralbo, Málaga Ahora exigirá que se ejecuten sin más dilación las partidas presupuestarias para mejorar las condiciones de seguridad de los agentes.