PSOE y Podemos pactan medidas con gasto extra de 5.100 millones para los presupuestos

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En la imagen de archivo, el presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, en un consejo de ministros en Madrid. REUTERS/Sergio Perez

MADRID (Reuters) – El Gobierno socialista de Pedro Sánchez y Unidos Podemos han llegado a un acuerdo para apoyar los Presupuestos de 2019 en el que se incluyen subidas de impuestos y también medidas expansivas como una mejora del salario mínimo o de prestaciones públicas que suman más de 5.100 millones de euros.

Sánchez solo tiene 84 diputados en el Congreso y la suma de los escaños de Unidos Podemos – en total 151 apoyos – no le permite aún la mayoría suficiente para aprobar las cuentas que el lunes tendrá que presentar a Bruselas.

El Ejecutivo se ha lanzado a publicitar este acuerdo para frenar las especulaciones de adelanto de comicios y para reforzar los mensajes a su electorado, con medidas de marcado carácter social.

El documento no hace referencia alguna a previsiones macroeconómicas o a los compromisos de reducción del déficit ni tampoco a proyecciones de ingresos por modificaciones impositivas. España pactó con Bruselas un objetivo de déficit del 1,8 por ciento para 2019, pero las Cortes españolas lo rechazaron y mantienen el límite anterior en el 1,3 por ciento.

El mayor coste del acuerdo vendrá asociado a la revalorización de las pensiones (1.088 millones de euros), con partidas también destacadas para educación (más de 900 millones), cuidados de dependientes (830 millones) y vivienda (630 millones).

Otra de las partidas con mayor impacto presupuestario – y muy importante electoralmente- será la mejora de la prestación de paternidad que en 2019, siempre según este texto preliminar, pasará a 8 semanas frente a las 5 actuales, lo que tendrá un impacto presupuestario de 300 millones de euros.

PSOE y Unidos Podemos adelantan además una subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros al mes para el próximo ejercicio, una iniciativa que puede salir legalmente al margen de los Presupuestos.

IMPUESTOS Y CONTROL DE SICAV

En cuanto a subidas de impuestos, algunas ya habían sido adelantadas, como que las rentas por encima de 130.000 euros tendrán una mayor tributación como también lo harán los rendimientos del capital para rentas superiores a 140.000 euros (con una subida de cuatro puntos porcentuales).

En cuanto al Impuesto de Sociedades, se fijan tipos mínimos en el impuesto de Sociedades del 15 por ciento para la mayoría y del 18 por ciento para bancos y petroleras. La tasa mínima tendrá en cuenta la limitación de las exenciones por los dividendos de las filiales en el exterior [8N1WC4VI].

El acuerdo recoge el Impuesto a las Transacciones Financieras – que varios países de la zona del euro acordaron en 2016 – que gravará con un 0,2% algunas operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por el sector financiero.

“Solamente se someterán a tributación las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros”, dice el texto. Fuera del gravamen quedan las pymes, las no cotizadas y la deuda tanto pública como privada.

El acuerdo también pretende fijar un gravamen del 15 por ciento sobre beneficios no distribuidos de las Socimis, que actualmente no pagan impuestos por su actividad principal y tributan un 25 por ciento sobre otras actividades.

El acuerdo recoge la creación de un impuesto de servicios digitales pero tanto este tributo como el de las Transacciones Financieras son de nueva creación, lo que obligará para su aprobación a trámites parlamentarios más complejos.

Se reactivará también el Impuesto de Patrimonio en España con un incremento del 1% para fortunas de más de 10 millones de euros.

Por el contrario, se recoge una reducción del IVA del 10% al 4% en productos de higiene femenina y servicios veterinarios.

En cuanto a la lucha contra el fraude, el Ejecutivo hace una modificación en las normas de control sobre las SICAV, al “otorgar a los órganos de inspección de la Agencia Tributaria” la competencia para vigilar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa.

El texto dice que se establecerán “requisitos adicionales” para las SICAV como “el establecimiento de un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor”. El propio texto asegura que la medida “podría hacer disminuir el volumen de capital que recibirían estas entidades”.

Fuera de las Sicav, se limitarán los pagos de efectivo a partir de 1.000 euros que pueden hacer entre sí empresarios y profesionales.

El pacto recoge también la limitación de varios puntos de la conocida como “Ley mordaza”, restricciones al juego online y una modificaciones de la reforma laboral.

(Información de Belén Carreño Editado por Carlos Ruano)