Recientemente el Gobierno Vasco y su comisión de ética pública han planteado el propósito de imponer a la totalidad de sus trabajadores la norma de no poder criticar abiertamente sus políticas, de forma que mantener una discrepancia de opinión en base al derecho a la libertad ideológica implique la dimisión por coherencia institucional. Así se prohibiría a 100.000 trabajadores públicos vascos criticar las posturas políticas del Gobierno Vasco.
En consecuencia y de llegar a aprobarse esta medida el ejecutivo responsable de esta decisión ejercería un vil chantaje con el empleo de cerca de un 5% de sus ciudadanos, muchos de los cuales no sólo se dedican a la carrera pública tras lograr su puesto por méritos propios y en no pocas ocasiones gracias a un esfuerzo personal superior al necesario para alcanzar un cargo en la política, sino que también pagan de sus impuestos el mantenimiento y función de las instituciones en que trabajan, incluidos los puestos de quienes han propuesto enviarles a la calle sólo por expresar libremente sus criterios.
El Comité ético responsable de esta propuesta demuestra ser muy poco eficiente precisamente por su carencia de ética, al defender una pauta que obligaría a 100.000 personas a optar entre la sumisión o la pobreza, enfrentándoles al difícil dilema de escoger entre ser siervos sin pensamiento ni voz propia o seres humanos completos capaces de opinar sobre aquello que racionalmente consideren equivocado en las políticas de su gobierno, que a tenor de esta clase de decisiones demuestra ser muy poco infalible. Además este abuso de poder se plantea sabiendo de sobra que dada la crisis en que estamos inmersos el temor a quedarse en el paro es uno de los mayores daños con que se puede amenazar a nadie. Por eso de aprobarse esta medida lograrían la práctica sumisión de 100.000 de sus ciudadanos, por los que poco respeto sienten y demuestran al tratarlos como a vulgares marionetas que sólo deben ejecutar lo que se les ordena, impidiéndoles desarrollar las elevadas cualidades humanas y el gran bien social que se derivan del ejercicio de la libertad de pensamiento y la posterior divulgación de ideas.
En efecto, conviene poder corregirles porque la política ética más básica consiste en defender la plena humanidad de cualquiera, incluida la de los trabajadores públicos, lo que incluye su pleno derecho a expresarse, sobre todo si tenemos en cuenta que son quienes mejor y más de cerca pueden valorar el correcto o defectuoso desarrollo de su actividad, algo que les convierte en testigos privilegiados para plantear críticas constructivas, sino son sancionados, censurados o despedidos por ello.
