La costa española “devorada” por la urbanización masiva, denuncia Greenpeace

Europa Press - El 80% de los recursos ambientales de la costa española están "en recesión" por la urbanización masiva, informa Greenpeace

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Recursos ambientales de la costa española en recesión.
Recursos ambientales de la costa española en recesión.

Greenpeace reclama al Gobierno una nueva ley de costas

El 80% de los recursos ambientales que provee la costa española está “en recesión” debido a la urbanización masiva, según el informe ‘A Toda Costa 2018’, de Greenpeace y el Observatorio de la Sostenibilidad, presentado este martes en Barcelona a bordo del ‘Esperanza’, uno de los tres barcos de la organización.

El estudio señala que en los últimos 30 años, coincidiendo con la aprobación de la Ley de Costas de 1988, la superficie de costa urbanizada se ha duplicado, pasando de 240.000 a 530.000 hectáreas, lo que supone que un 13,1% de la costa española está urbanizada frente al 2% del interior.

La responsable de Biodiversidad de Greenpeace, Pilar Marcos, ha asegurado que la Ley de Costas y la Ley del Suelo, aprobada hace 20 años, otorgó una gran potestad a los municipios para urbanizar en la costa, y ha lamentado que en los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) tan solo el 7% destinado a la costa es para su preservación.

Greenpeace ha remarcado que los ecosistemas costeros proporcionan bienes y servicios ambientales claves para el desarrollo económico y social, y son el “salvavidas” para adaptarse a los impactos del cambio climático, ha explicado la responsable de la campaña de Costas de la entidad ecologista, Paloma Nuche.

El informe ha analizado servicios ambientales como la alimentación, los minerales, el suelo litoral, los hábitats naturales, las áreas generadoras de evaporación, los hábitats para especies amenazadas, las áreas desprovistas de vegetación, la vegetación para amortiguar inundaciones, los espacios naturales protegidos y el paisaje natural.

Nuche ha asegurado que de los diez servicios analizados “ocho tienen una evolución negativa, están en recesión”, al mismo tiempo que las superficies artificiales en la costa se han duplicado en 30 años.

El estudio señala que la mayor pérdida de servicios ambientales corresponde a la superficie ocupada por cultivos y pastizales generadores de alimentos, con una reducción del 13,1%, así como la reducción de la ribera de los ríos y otros cauces, con un 10,6%, pero que también se producen pérdidas en la capacidad de extracción de sal en las salinas, la de generación de lluvias por la pérdida de bosques y humedales, y que solo se mantiene aquellas que tienen una figura de protección específica.

CATALUNYA A LA CABEZA

Según el estudio, la urbanización del suelo y la destrucción de sus ecosistemas varían entre las distintas regiones y se concentran especialmente en el Mediterráneo y el Atlántico sur, muy especialmente en las provincias de Barcelona, Málaga y Alicante, y que Catalunya presenta el mayor porcentaje de superficie costera urbanizada, con el 26,4%, seguida de la Comunidad Valenciana.

Desde el Observatorio de la Sostenibilidad, el consultor Raúl Estévez ha asegurado que el 36,5% de las playas españolas “no merece el calificativo de natural”, un porcentaje que es mayor en el litoral mediterráneo y atlántico que en el cantábrico.

LEY DE COSTAS

Ante esta situación, Greenpeace y el Observatorio de la Sostenibilidad han propuesto elevar la consideración política de la protección del medio ambiente, aumentar el número de áreas protegidas en el litoral y desarrollar una planificación integral del litoral por encima de la escala municipal para proteger los ecosistemas.

Nuche y Marcos han reclamado al nuevo Gobierno central una nueva Ley de Costas, que permita “blindar” los tramos de costa todavía no urbanizados y una mayor protección a los ecosistemas de la costa.

Asimismo, Marcos ha pedido que el título de transición ecológica que lleva el Ministerio sea real, haya una mayor coordinación con Agricultura para “no repetir errores del pasado”, y una tolerancia cero en las playas que quedan sin urbanizar para que no haya una hipoteca ambiental.