Los actuales concesionarios han solicitado una prórroga a la Junta, cuando son numerosos los incumplimientos en sus obligaciones, desde la degradación completa del parque, que de hecho se usa como aparcamiento privado, hasta el vallado de parte del terreno de los eucaliptos o la abundancia de objetos punzantes por todo el espacio y los edificios en ruina junto a la pista de tenis.
La empresa concesionaria de los Baños del Carmen aspira a prorrogar su contrato de explotación, pese a que en 2016 la Gerencia de Urbanismo ya certificó en un duro informe su estado de ruina, situación que el tiempo ha agravado. Lo más sorprendente de esta petición es que la Sociedad Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen, S.A, liderada por el antiguo concejal de Turismo, Damián Caneda, plantee la prórroga solo en aquella parte de la que puede extraer beneficios directos. Así lo ha explicado Ysabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora, que la próxima semana presentará en la Comisión de Urbanismo una moción para que se tengan en cuenta todas las irregularidades cometidas por esta sociedad. Para la concejala, de hecho, esta modificación que la Sociedad pide para la nueva prórroga «supone cambio de tal grado que en la práctica está solicitando una nueva concesión».
Málaga Ahora ya consiguió en marzo del año pasado que el Pleno municipal aprobara por unanimidad una moción para que el Ayuntamiento declarara en estado de ruina el Balneario de los Baños del Carmen y promoviera así el rescate a través de la Dirección General de Costas, aunque el equipo de gobierno no ha ejecutado. De hecho, como ha recordado Torralbo, de ese modo se daba cumplimiento de una sentencia de 2014 que declaraba el interés general del rescate de la concesión. El cumplimiento de esta sentencia es la única vía que su grupo ve para que por fin se realicen las actuaciones necesarias para la rehabilitación del parque y el edificio principal. Torralbo ha advertido además de que de tanto el edificio principal, como las taquillas, el arco de entrada y el muro perimetral gozan de protección integral, al estar catalogados como Bien de Interés Cultural, por lo que no cabe demolerlos, sino restaurarlos.
Insalubre e inhabitable… desde 1995
El informe de 2016 de la Gerencia de Urbanismo al que Torralbo ha hecho mención concluía que la instalación y su entorno «no reúnen las condiciones de habitabilidad, salubridad y ornato exigidas y exigibles por normativa, siendo susceptibles además de albergar plagas con acceso franco al interior». No solo eso, sino que añadía, en relación al restaurante, que se trataba de «instalaciones precarias, con cableados aéreos, almacenamiento de 13 bombonas de gas junto al menaje y tras un tabique simple de pladur de la nueva cocina, tabiques semiderruidos y ausencia total de sectorización», además de «suciedad, escombros, basura y falta de medidas antiincendios».
Esta situación de prolonga desde 1995, cuando se clausuró el camping y dos constructoras adquieren la sociedad concesionaria, pero no realizan ninguna tarea de mantenimiento, ni siquiera por motivos de seguridad. Incluso la limpieza y el tapiado de las dependencias, tras el desalojo de un campamento espontáneo hace unos años, corrió a cargo del Ayuntamiento, que también se encargó de instalar la chapa metálica de la caseta de las taquillas. Así, en el año 2010 Costas declaró de utilidad pública el rescate de la concesión de los Baños del Carmen, y en 2014 lo ratificaba la Audiencia Nacional mediante sentencia firme, como recoge la moción de Málaga Ahora. Pese a ello, el rescate no se inició hasta septiembre, pero el último día del mes se vendieron las acciones a un grupo de cuatros socios liderados por el ex concejal Damián Caneda. El rescate pasa un segundo plano, pues se abre una nueva batalla judicial para determinar si, al no haberse comunicado a la Junta la venta de estas acciones, hay motivos para la extinción de la concesión, a punto de finalizar, motivo por el que la Sociedad pide la prórroga.
La moción que debatirá la Comisión de Urbanismo la próxima semana pide que se inste a las administraciones autonómicas y estatales a atender la situación específica de esta concesión y tener en cuenta los incumplimientos manifiestos de los concesionarios, el abandono del espacio y la sentencia de la Audiencia Nacional que, reafirmando la declaración de interés general, ordenaba el rescate de la concesión. Pide también que, si no existe resolución motivada e informada que autorice la prórroga, el espacio vuelva al dominio público y la parte terrestre sea cedida al Ayuntamiento, de manera que en la medida de lo posible colabore en su adecuación y permita que posteriormente los derechos de explotación del restaurante salgan a concurso público.
