IU pide ser acusación popular en caso del suicidio del inmigrante Archidona

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IU ha registrado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Archidona una petición para personarse como acusación popular en la investigación del supuesto suicidio de un inmigrante argelino en la prisión de esta localidad malagueña el pasado 29 de diciembre.

La actuación, impulsada por el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, y la diputada por Málaga Eva García, se produce tras comprobar en una visita el 28 de diciembre las condiciones a las que los inmigrantes están sometidos, según ha informado hoy esta formación en un comunicado.

IU busca así ejercer la acusación popular contra “quien o quienes pudieran ser responsables de los hechos objeto del procedimiento seguido en las citadas diligencias”, según explica el escrito registrado ante el juzgado.

También apoyará las peticiones de pruebas realizadas por la acusación particular de los familiares del fallecido y de la plataforma Andalucía Acoge, y considera fundamental “parar las deportaciones de posibles testigos de los hechos”, por lo que pide “que se les tome declaración a los que aún estén en el centro o que se aporten vídeos de las cámaras de seguridad”.

El equipo jurídico que asesora a IU en el caso ha destacado que con esta personación quiere “impulsar la investigación sobre lo acontecido en el penal de Archidona para esclarecer las diferentes incógnitas y sospechas que sobrevuelan el caso”.

La formación ha argumentado en dicho escrito que “tiene plena legitimación para poder personarse y actuar en la causa”, y que está “entre los principios que rigen la acción de IU en el conjunto del Estado”.

“En la causa existen elementos que hacen pensar la existencia de una concatenación de conductas irregulares en el ámbito de la administración pública y las Fuerzas de Seguridad del Estado”, denuncia la formación.

La cárcel de Archidona fue habilitada como centro de internamiento de inmigrantes (CIE) a raíz de la oleada de inmigrantes argelinos que llegó a las costas murcianas a finales de noviembre.

Más de quinientas personas fueron internadas en la futura cárcel, cuyo funcionamiento como centro penitenciario comenzará a finales de enero, y el Ministerio del Interior comenzó desde ese momento los procedimientos de expulsión.

Los inmigrantes han protagonizado varias protestas desde entonces por las malas condiciones del centro y el Defensor del Pueblo detectó “numerosas carencias” en la cárcel y puso en duda su idoneidad para ser utilizada como centro de internamiento de extranjeros.