Los ultraconservadores católicos inician una campaña en contra de la «Ley Mordaza LGTBI» que propone Podemos
El debate de la ley contra la discriminación sexual para ampliar los derechos sociales del colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) que propone Podemos y que previsiblemente se debatirá en el Congreso de los Diputados a partir de septiembre, no gusta a algunos colectivos de la población, como a los ultraconservadores católicos que conforman la agrupación ‘Hazte oir’. Por ello, la avioneta #HOBús Aéreo que presentaron el pasado 1 de agosto ha sobrevolado en las últimas horas el cielo malagueño. El aparato, ha surcado la franja litoral en el territorio comprendido entre Sotogrande y Fuengirola luciendo el lema ‘Ley Mordaza LGTBI: Van a por tus hijos’.
“Con esta campaña vamos a denunciar en varias localidades de la costa española que la Ley Mordaza LGTBI de Podemos, con el pretexto de combatir la discriminación por orientación sexual, recorta derechos fundamentales de todos los ciudadanos”, afirma el presidente de Hazte Oir, Ignacio Arsuaga, quien señala que “tenemos apenas unas semanas para movilizarnos y evitar que eso suceda”.
Arsuaga sostiene en un comunicado a los medios, al que ha tenido acceso Málaga al día, que la ‘Ley Mordaza LGTBI de Podemos’ “es una amenaza para las familias puesto que invita a los menores a cuestionarse su identidad sexual desde la educación infantil, introduciéndose en su intimidad y llenándoles de ideología, y vulnera la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus valores”.
Para esta plataforma la norma “vulnera el derecho fundamental y la responsabilidad que tienen los padres de educar a sus hijos mientras son menores; prohíbe que una persona, de forma voluntaria, reciba ayuda de un profesional para cambiar su orientación sexual” e “impide a los padres decidir sobre tratamientos hormonales y operaciones quirúrgicas que afectan a sus hijos”, entre otros aspectos. Y es que, el texto normativo propuesto por la formación morada rebaja la edad mínima de los españoles para iniciar el tratamiento hormonal asociado a los cambios de género, sin que el beneficiario necesite tener 18 años, ni la autorización escrita de sus progenitores, para comenzar a tomarlos.
En opinión del conservador, “con el pretexto de combatir la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género, la clase política se ha propuesto adoctrinar a nuestros hijos y otorgar privilegios a determinados colectivos por encima de los derechos fundamentales que atañen a todos”.
