El Ayuntamiento de Torremolinos será acusación particular en el Caso Parque Animal

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La jueza responsable de esta causa penal contra la concesionaria del servicio municipal de recogida de animales domésticos abandonados de Torremolinos admite a trámite la solicitud del Ayuntamiento de personarse como acusación particular

La magistrada juez titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos ha admitido la solicitud del Ayuntamiento para personarse como acusación particular en el conocido caso Parque Animal. La investigación por el maltrato que presuntamente se daba a las mascotas que pasaban por las instalaciones de la empresa concesionaria del servicio municipal de recogida de animales domésticos en la localidad costasoleña comenzó en 2011 a raíz de una denuncia contra la presidenta de la denominada Asociación para la Protección y Defensa de los animales Parque Animal, Carmen Marín, y otras personas.

La asesoría jurídica municipal elevó la petición del Ayuntamiento de personarse como acusación particular el pasado 2 de febrero, una decisión que cuenta con el apoyo de la Fiscalía, que emitió un informe favorable. El día anterior, 1 de febrero, el alcalde, José Ortiz, firmó un decreto en este sentido, después de recibir la petición de la Asociación de Afectados de Parque Animal. El pleno ratificó la petición del primer edil el 23 de febrero. A partir de ahora el Consistorio podrá ejercer como parte acusadora, con lo que cumple con una reivindicación histórica de los afectados, que han solicitado en numerosas ocasiones que actuase contra los responsables de Parque Animal.

La personación como acusación particular facilitará a los representantes legales municipales el acceso a los datos que tengan trascendencia para aclarar la aplicación de las subvenciones otorgadas a Parque Animal, entidad que además sacrificar de forma agónica a más de 2.200 animales, según lo trascendido de la celebración de los primeros juicios, habría aprovechado la concesión de fondos públicos procedentes de las arcas municipales para abonar gastos privados.

La decisión tomada por el juzgado permite que el Consistorio no tendrá que recurrir, por lo tanto, al artículo 47.3 de la Ley 38/2003 que establece la obligación de facilitar a la administración los datos necesarios para aclarar el origen de las subvenciones.

Primeras condenas

El mencionado juzgado abrió una pieza separada, a consecuencia de la cual el Juzgado de lo Penal 14 de Málaga condenó a Marín y a su empleado Felipe Barco por varios delitos de maltrato animal, intrusismo profesional y falsedad en documento oficial, por el exterminio masivo de animales con fines económicos. 

La defensa de los procesados presentó un recurso de apelación y aún está pendiente de resolución el procedimiento originario que debe dilucidar los delitos de naturaleza económica para conocer si los denunciados utilizaron para fines propios los fondos de la asociación Parque Animal, entre los que pueden encontrarse subvenciones municipales que el Ayuntamiento podría haber entregado a Marín como presidenta o a la propia asociación por diversos conceptos. Esta circunstancia justificaría la condición de perjudicado del Consistorio, puesto que las subvenciones públicas no pueden amparar en ningún caso el uso particular de los encausados, lo que daría carta de naturaleza de víctima al Ayuntamiento, que debe velar por el uso legal de las ayudas que concede.

Presuntos delitos económicos

Y es que, durante la investigación abierta en torno a esta causa, desde el poder judicial se obtuvieron indicios de que la asociación presidida por Marín, realizó pagos a unos grandes almacenes por importe de 104.382 euros para reformar la clínica de medicina estética de una de sus hijas. Según el auto fechado en enero del presente año, Marín también utilizó los fondos de la protectora, que recibió decenas de miles de euros del Ayuntamiento de Torremolinos en concepto de subvenciones e incineración de animales, para adaptar el ascensor de uno de los edificios de los que es propietaria.

Pero la cosa no queda ahí: La jueza considera igualmente probado que Marín pagó estancias en hoteles de lujo de Marbella, Lisboa, Salamanca, Nerja, Bilbao, Jerez de la Frontera, Marrakech, Boston y San Petesburgo. Todos estos gastos, que ascienden a miles de euros, fueron cargados a las cuentas corrientes de la protectora de animales de Torremolinos. Además, el auto sostiene que Marín realizó pagos en restaurantes por importes superiores a los 11.000 euros entre 2008 y 2010.

En otra de las cuentas de la protectora figuran, siempre según la jueza, cargos por cheques de más de 23.000 euros y la compra de un Nissan Pick-up por parte de Felipe Barco, mano derecha de Marín en la protectora y también condenado por maltrato animal. El auto recoge que Marín compró un Citroën C3 por valor de 14.490 euros a nombre de su hija.

Entre los gastos menores, pero no por ello menos importantes, la justicia ha probado que  la cuenta de Parque Animal, una entidad registrada como asociación sin ánimo de lucro, también sirvió para que Marín y su familia pagaran veinte clases prácticas en una autoescuela, cuotas mensuales en un gimnasio y un sistema de seguridad para su domicilio particular.

El siguiente paso en este caso es la apertura de juicio oral, con fecha aún por determinar.

 

 

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