Málaga Ahora pide que el Ayuntamiento agilice el cambio de nombre de las personas trans

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El viernes presentará una moción para que el nuevo nombre figure en los trámites municipales aunque todavía no conste en el Registro Civil e impulsar así «la igualdad efectiva».

Durante el tiempo en que una persona inicia el trámite de reasignación de sexo y el momento en que su nuevo nombre, de acuerdo a la legislación andaluza, figura en Registro Civil se «produce una paradoja entre la apariencia física y el nombre legal, que puede causar problemas y situaciones incómodas». Así lo ha explicado Isabel Jiménez, portavoz adjunta de Málaga Ahora, que este viernes presentará una moción en la Comisión de Derechos Sociales «para paliar en las medida de lo posible esta situación».

Para ello, ha anunciado que el Ayuntamiento puede tomar algunas medidas «sin vulnerar la ley». Jiménez ha enumerado una serie de trámites de ámbito estrictamente municipal en los que el se podría dar por válido el nuevo nombre antes de su inclusión efectiva en el Registro Civil. Ha señalado el acceso a los servicios vía web municipal, la obtención de los diversos tipos de carnet que se conceden por el Ayuntamiento para el disfrute de servicios municipales (carnet de pensionista, de bibliotecas, Joven, etc.), los listados de procesos selectivos, de bolsas de trabajo y, en general, aquella documentación de exposición pública, como relación de personas inscritas en talleres, cursos, seminarios, calificaciones de procesos selectivos o censos para elecciones sindicales, miembros de consejos sociales, etc.

De esta forma, según Jiménez, «se asegura, amplía y normaliza la protección y ejercicio de los derechos de las personas transexuales y transgénero en el ámbito del término municipal». La moción estima que de ese modo se da un paso fundamental hacia la representación de este colectivo en los órganos de participación ciudadana municipales.

En definitiva, con semejante procedimiento, el Ayuntamiento avanzaría hacia la igualdad efectiva e impulsaría, por tanto, políticas tendentes a garantizar el ejercicio del derecho reconocido en el art. 35 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.