El informe de la Guardia Civil sobre el caso de las subastas exprés en Mijas, incorporado ya al sumario y desvelado este miércoles por eldiario.es/Andalucía, documenta una práctica que permitía a los subasteros adjudicarse viviendas y otros inmuebles a precios que apenas llegaban a una décima parte del valor real del inmueble. El ayuntamiento, que organizaba las subastas para cobrar deudas tributarias relativamente pequeñas, toleró y fomentó este sistema, que según la Guardia Civil enriqueció injustamente a los subasteros y ocasionó «fuertes pérdidas» a los deudores.
La Guardia Civil detecta un «mismo patrón» en los más de 80 casos que documenta en el informe y cree que el sistema podría incurrir, «como mínimo», en un delito de prevaricación, porque le resulta «extraño» que muchas de las ofertas aceptadas sean «exageradamente inferiores» al tipo de subasta. Para saldar deudas de miles de euros el ayuntamiento sacaba a subasta pública inmuebles valorados en cientos de miles. Ante la ausencia de postor en las subastas adjudicaba los inmuebles a la primera oferta que llegara, sin esperar otras mejores y siempre que bastara para cubrir la deuda tributaria. El asunto está siendo investigado por los juzgados de Fuengirola desde hace año y medio, pero es ahora cuando se han incorporado a las diligencias las primeras conclusiones de los investigadores.
En el informe hay casos que ilustran muy bien el sistema y sus resultados. Por ejemplo, el del primer denunciante, un hombre que debía 26.547,16 euros en concepto de impuestos municipales. Para cobrárselos, el ayuntamiento vendió su inmueble, valorado en 1.338.102,1 euros, por 34.000 euros. Fue adjudicado a Inmonautic Alfa Sierra, S.L., que también se hizo (por sí misma o por medio de sus administradores y familiares) con otros ocho en apenas dos años. En total, pagó 128.207 euros por nueve inmuebles con un valor de tasación de 1.914.093,43 euros. Otro caso: Documentalia, S.L. Sol y Costa 2002, S.L., vinculadas entre sí, y sus administradores y personas relacionadas: se adjudicaron inmuebles valorados en 928.491,14 euros pagando 159.301 euros.
Costasol 10, S.L. pagó por cinco inmuebles valorados en 2.585.783,11 euros menos de una décima parte de su valor, 202.425 euros, que saldaron una deuda total de 91.488 euros. Estos inmuebles les fueron adjudicados los días 25, en agosto, septiembre, noviembre, diciembre de 2014 y febrero de 2015. Casi un inmueble al mes, con diferencias entre lo pagado y su valor de 40 a 1, como cuando se adjudicó una finca de 1,8 millones por 46.300 euros.
Otras veces los adjudicatarios resultaban ser comunidades de propietarios, como la de Pueblo Tamisa, que obtuvo un inmueble de 139.842,38 euros por 4.500 euros, con los que se saldó una deuda tributaria de 1.405,04 euros. Se da la circunstancia de que tanto el exalcalde Ángel Nozal, como su mujer y el entonces concejal de Hacienda son administradores de fincas de profesión. El exalcalde fue acusado la semana pasada de intentar comprar el voto del concejal de Costa del Sol Sí Puede, Francisco Martínez, en una eventual moción de censura.
Al ayuntamiento, gobernado entonces por Nozal, del Partido Popular, le bastaba a veces con que quien se quedase el inmueble pagara la deuda tributaria. Así, una finca de 57.000 metros cuadrados valorada en 1.880.893,26 euros fue adjudicada por 46.300 euros, que es el mismo importe al que ascendía la deuda tributaria. En este caso, Costasol 10 ofertó primero 43.100 euros, pero se añadió a mano la cifra «+3.200», y debajo el resultado: 46.300 euros. Como ese método no era legal, la misma empresa presentó la misma oferta, 46.300 euros, dos meses después y se hizo con un inmueble de 1,8 millones asumiendo la cantidad exacta que el deudor hasta entonces propietario debía al ayuntamiento. Ni un euro más. Una ganancia de 1,8 millones de euros.
En otra ocasión el ayuntamiento adjudicó la casa de unos deudores extranjeros, valorada en 103.548,43 euros, para saldar una deuda de 3.452,28 euros. Se adjudicó por 15.002 euros y apenas mes y medio después el subastero la revendió por un valor declarado de 40.000 euros. Hay más ejemplos que muestran cómo los subasteros obtenían viviendas a precios muy inferiores al de mercado y el ayuntamiento se daba por satisfecho. Por ejemplo, otra vivienda fue adjudicada por 17.001 euros y vendida cinco meses después por 65.000 y otra, valorada en 91.188,99 euros, adjudicada por 17.001 euros y revendida, cuatro años después, por 159.800 euros.
El informe documenta que en una ocasión, los subasteros se presentaron en una vivienda sin previo aviso y comenzaron a taladrar la cerradura, hasta que se dieron cuenta que había ocupantes. El deudor denunció los daños y logró revertir el proceso recurriendo al juzgado, que condenó al ayuntamiento. Fue la primera sentencia, en un juzgado contencioso-administrativo, de un caso que ahora investiga por lo penal el juzgado de Instrucción 1 de Fuengirola.
