La Junta resolvió más de 56.000 solicitudes del Ingreso Mínimo de Solidaridad en 2016

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La Consejería de Igualdad resolvió en 2016 más de 56.000 solicitudes del Ingreso Mínimo de Solidaridad

Sánchez Rubio explica que la tendencia creciente de peticiones durante la crisis se ha frenado gracias a los planes de empleo de la Administración andaluza

 La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales resolvió durante el pasado año 56.884 solicitudes del Ingreso Mínimo de Solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad. Según la consejera, María José Sánchez Rubio, “se ha registrado un descenso muy significativo en el número de solicitudes desde 2015 debido a la mejora de los indicadores económicos en Andalucía, entre ellos el descenso del paro”.

Sánchez Rubio ha querido destacar también la garantía de presupuesto por parte de la Junta de Andalucía para atender esta demanda, con 90 millones de euros para 2017 -casi triplicando los 37 millones presupuestados hace 10 años-.

La consejera ha señalado que los datos reflejan “el compromiso de la Junta de Andalucía con las personas más vulnerables”, aquellas que recurren al salario social porque no encuentran otra salida, si bien ha recordado que “la ciudadanía quiere generación de empleo, por lo que la estrategia pasa por combinar este tipo de ayudas con el fomento del empleo y la formación para la mejora de la empleabilidad”.

El Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula la creación del Programa de Solidaridad, regula un programa que no está sujeto a convocatoria cerrada, sino que en todo momento, de forma abierta y permanente, cabe la posibilidad de presentación de solicitudes por aquellas personas y familias andaluzas que se encuentren en situación de falta de recursos económicos suficientes para el desarrollo de una vida digna. Con esta medida se pretende ayudar a aquellas unidades familiares en las que los ingresos existentes, teniendo en cuenta todas las personas que la integran, no superen el Salario Mínimo Interprofesional.

Por último, Sánchez Rubio ha informado que la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía establece como prestación garantizada estas prestaciones económicas orientadas a la erradicación de la marginación y la desigualdad.

Junto a ello, la consejera ha adelantado que la Junta ha iniciado la consulta pública previa a la modificación del decreto que regula el programa de solidaridad, que se adecuará a las nuevas necesidades sociales tras casi 20 años de funcionamiento.