Ningún grupo municipal aceptó en el Pleno de ayer que sus cuentas se fiscalicen antes de 2017, en lo que es sin duda un lamentable intento de ocultamiento, contrario además al espíritu de la Ley de Transparencia.
La situación es particularmente grave. Tengamos en cuenta que un grupo municipal de entre dos y tres concejales, como el nuestro propio, el de Ciudadanos o el de Izquierda Unida (Málaga para la Gente) percibe al año unos 100.000 euros de dinero público, y algo más el PP y el PSOE. Pues bien, en casi cuatro décadas de Ayuntamientos democráticos nunca se ha realizado fiscalización alguna sobre estas cuentas, y cada vez que lo hemos intentado se han puesta trabas inauditas. A nadie se le escapa que esta falta de control ha servido para que tradicionalmente los grupos municipales desvíen parte de esa dotación a sus correspondientes partidos, algo expresamente prohibido en la legislación actual.
Málaga Ahora, no obstante, sí pondrá sus cuentas a disposición del Interventor Municipal, entre otros motivos para que se determine si, como hemos denunciado y ahora mismo se está auditando, uno de nuestros antiguos concejales, hoy «no adscrito», hizo un uso indebido de ellas.
Ayer resultó bochornoso ver a todos los portavoces municipales defender con aspavientos la supuesta honradez en el uso de sus cuentas. El de Izquierda Unida, Eduardo Zorrilla, hizo incluso gala del sentido ético de su partido, y aseguró que no tienen nada que ocultar… Pero luego, claro, hubo que pasar de las palabras a los hechos y votar. El retrato que ofrece esa votación es el de la clase política actual, acostumbrada a operar en las sombras con el dinero de todas y todos. Los grupos solo aceptan que se fiscalicen sus cuentas a partir de este año, y se niegan a que se revisen las del año anterior. A eso lo llamamos barrer debajo de la alfombra.
