Protesta contra la inclusión de la censura de género en el Código Penal español.

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(Si deseas apoyar la siguiente petición ante la Unión Europea puedes hacerlo aquí)

Protesta contra la inclusión de la censura de género en el Código Penal español.

Tras el anuncio de que el Grupo Parlamentario Popular incluirá una enmienda al artículo 510 del Código Penal con el fin de que la apología de la violencia de género sea incluida en el mencionado artículo y así pase a ser sancionable con penas de multa o de cárcel, enviamos la siguiente queja a los organismos internacionales, con la intención de aclarar el verdadero significado y alcance de esta medida, considerando el amplio significado que se otorgará al término “apología de la violencia de género” hasta el punto de favorecer la penalización fraudulenta de una falsa o supuesta apología de la violencia de género, que permitirá censurar acciones que lejos de potenciar la violencia contra nadie representan únicamente el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, ideológica y de asociación.

Más concretamente esta enmienda permitirá blindar a la Ley Integral contra la Violencia de Género junto con sus abusos, errores y deficiencias de la creciente crítica social absolutamente legítima de la que es objeto, mediante la sanción penal de quienes estudien, analicen o difundan sus defectos y que se están posicionando de un modo creciente a favor de una Ley de Violencia Intrafamiliar, con un carácter más avanzado y no excluyente que daría un tratamiento similar a todos los victimarios y todas las víctimas, evitando privilegiar a una maltratadora por ser mujer, desamparar a un maltratado por ser hombre, o no proteger adecuadamente a una víctima femenina sólo porque los malos tratos físicos o psicológicos se produzcan dentro de una pareja lesbiana.

Todos estos son defectos de una ley supuestamente integral que de integral tiene poco y que evidencian clamorosamente el carácter insólito y equivocado de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Ley con una considerable carga de ideología y demagogia que contradice el famoso slogan: “No hay excusa para el maltrato”. Obviamente en la actualidad sí la hay, basta con que la víctima sea un hombre o la maltratadora una mujer. Esta es la mejor excusa ya que en esas circunstancias la Ley Integral contra la Violencia de Género ni siquiera actúa. En este contexto la mencionada reforma del artículo 510 del Código Penal ayudaría y mucho a defender lo cada vez menos defendible.

Es cierto que posicionarse contra la “apología de la violencia de género” suena como un fin loable, pero se trata de una definición incompleta de los propósitos reales de esta enmienda. Entraremos en más detalles para aclarar su carácter sexista y totalitario.

En primer lugar debe recalcarse que incluir en el artículo 510 del Código Penal el término apología de la violencia de género sólo resultará en una visión unilateral de la apología de la violencia sufrida por las mujeres, ya que tal como se articula este concepto no se considera la violencia de género sufrida por los hombres. Por lo tanto será una reforma discriminatoria, por que sólo se perseguirá y sancionará la apología de la violencia contra uno de los dos sexos. Independientemente de que tanto el sexo femenino como el masculino estén siendo víctimas en la actualidad de múltiples mensajes de descrédito, humillación o misoginia y misandria en estado puro.

En segundo lugar, el mencionado artículo ya incluye la sanción de la apología de la violencia por razón de sexo, a partir de lo cual añadir el término género resulta casi innecesario, sino fuese por el significativo hecho de que hablar de apología de violencia de género significa dotar de más poder a las feministas de género, un grupo altamente politizado que necesita de este poder para lograr la influencia y los medios que le permitan desarrollar su particular hoja de ruta. En efecto, son estas ultrafeministas las supuestas expertas requeridas para valorar este tipo de cuestiones, pero siempre con una visión insensible y severa aplicada a los hombres e hipersensible y altamente tolerante con las situaciones que correspondan a las mujeres, incurriendo por lo tanto en un sexismo obvio que es la imagen especular del machismo que dicen combatir, el cual es descrito por la ciudadanía de un modo creciente y más que explícito como “hembrismo” o “feminazismo”. De esta manera este grupo de presión cada vez más criticado por la sociedad alcanzará un mayor protagonismo y poder, el cual orientará como de costumbre según el interés egoísta de su propia y polémica agenda, cuyo siguiente paso se plantea censurar la oposición que pueda planteárseles.

Concretamente, al haber declarado la portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Popular, Marta González, que la mencionada norma podrá aplicarse en casos como el siguiente:“Algunas asociaciones de padres presuntamente separados escriben que las denuncias en España son falsas [un 0,020%, según la Fiscalía del Estado] y que las mujeres denuncian para quedarse con todo. Esos grupos alimentaron a Toni Cantó, que trasladó sus argumentos sin contrastarlos. Con la enmienda, inspiradores como ellos podrán ser sancionados.”* se hace evidente el valor censor, contrario a los derechos fundamentales de la mayoría que esta norma encubre. No sólo esto sino que podrá además sancionarse a aquellos medios de comunicación que trasmitan la clase de informaciones que esta modificación pretende prohibir.

De un modo propagandístico la enmienda se nos presenta como la solución a los casos más recalcitrantes de odio machista o desprecio misógino contra las mujeres, sin mencionar los casos más extremos de odio o desprecio contra los hombres, que también existen y son fáciles de detectar y recopilar incluso en textos feministas radicales presentes en nuestras universidades o bibliotecas públicas. Pero por si esta ceguera parcial que caracteriza al análisis de género como intelectualmente deficiente y sexista en sus fines fuese poco motivo para abolir de la mencionada enmienda, la propia Marta González reconoce sin ningún sonrojo que la reforma también piensa aplicarse para sancionar con fuertes multas o incluso condenar a penas de cárcel a cualquiera que se decida a debatir, desmentir o criticar las argumentaciones, políticas o errores de las feministas de género, lo cual nos lleva a una situación de fascismo a través del control y censura informativa de la opinión pública, para permitir el avance tramposo y sin trabas, es decir sin dialogo social ni libre debate, de un movimiento altamente politizado como es el feminismo de género. Y esto es inaceptable en democracia porque garantiza grandes abusos, grandes injusticias y grandes equivocaciones.

En esencia nos encontramos ante otro ejemplo de herramienta penal abusiva que vulnera de lleno libertades primordiales, en este caso la de asociación, expresión o ideológica. Y lo más preocupante es que nuestros dirigentes supuestamente defensores y partidarios de estas mismas libertades democráticas no sólo no son los primeros en rechazar estas propuestas, sino que se muestran más que decididos a apoyarlas. Por eso se presenta esta petición ante los organismos internacionales, por la situación de creciente desamparo en la que nos encontramos ante los abusos nacidos del feminismo de género y su entorno. Resulta muy preocupante que determinadas minorías fuertemente organizadas tengan una influencia tal sobre los partidos políticos, llegando a vulnerar derechos constitucionales básicos mientras subrayan su propio victimismo y de paso ignoran o tratan abiertamente de ocultar el que provocan las leyes que crean. Esta no es una forma justa de defender los derechos de ningún colectivo.

Debemos evitar que lobbies ideológicos muy cercanos al poder ejerzan una influencia nociva, y con la excusa de defender sus derechos destruyan los de los demás mientras se garantizan generosas subvenciones y cargos institucionales, pagados con los impuestos de una mayoría a la que discriminarán con más fuerza cuanto más poder posean.

En este sentido se han producido en España durante las últimas semanas varios casos que corroboran lo aquí mencionado.

En primer lugar la petición del entramado feminista de género de retirada de un mensaje publicado por la Guardia Civil en Internet en el que se defendía, siguiendo la misma línea de un mensaje anterior del Gobierno en contra de la violencia ejercida sobre las mujeres por sus parejas masculinas, que así como un hombre que maltrata a una mujer deje de considerarse como un hombre, igualmente una mujer que maltrata a un hombre deje de considerarse como una mujer.
De esta manera se intentaba dar la misma dignidad como víctima a un hombre que a una mujer maltratada en la pareja heterosexual. Y el mismo descrédito a cualquier persona que maltrate independientemente de su sexo.

Sin embargo, las feministas de género y los políticos afines presionaron hasta lograr la retirada de este mensaje demostrando una gran falta de entendimiento sobre qué es la verdadera igualdad. Además, argumentaron que sólo algunos hombres son maltratados, cuando numerosos estudios internacionales que han indagado sobre el nivel de maltrato sufrido por los miembros de ambos sexos dentro de la pareja concluyen categóricamente en que los niveles de malos tratos físicos y psicológicos son ejercidos y padecidos en un grado similar por hombres y mujeres**.

En España las encuestas oficiales referidas al tema sólo han valorado el grado de violencia sufrido por las mujeres en la pareja, además de considerar acciones de un valor menor e incluso difíciles de evitar en la convivencia cotidiana como indicativas de maltrato técnico, pero lo repetimos, sólo cuando quienes las padecen son mujeres y quienes las ejercen hombres. Esto demuestra el carácter acientífico y manipulado de estas encuestas con el propósito de victimizar al sexo femenino y criminalizar al masculino para concluir en la creación de leyes de género sexistas e injustas, y por último pasar a bloquear cualquier esfuerzo honesto de igualar a hombres y mujeres en lo que a la violencia en la pareja se refiere, como ha sucedido con el ejemplo del mencionado mensaje de la Guardia Civil.

En segundo lugar, la Junta de Andalucía ha tomado la decisión de conceder las plazas logradas por oposición pública en el Servicio Andaluz de Salud a las candidatas femeninas en caso de empate con un candidato masculino a la misma plaza, para aquellas categorías profesionales o especialidades en las que las mujeres sean minoría.
Sin embargo la profesión sanitaria es una de las que mayor representación femenina tiene, siendo las mujeres mayoría destacada en este campo, en profesiones como la Enfermería, los Técnicos Auxiliares de Enfermería o los puestos administrativos ligados al medio sanitario. Existen además muchas especialidades médicas con mayor presencia de mujeres que de hombres.

A pesar de ello en las categorías profesionales o especialidades con mayor presencia femenina no se fomentará la contratación preferente de los hombres que empaten con las mujeres en un concurso de oposición. La desigualdad, el abuso de poder y el claro sexismo contra los hombres que esta iniciativa representa es tan palmaria, que legitima hablar de un claro “hembrismo” nacido del feminismo de género y demuestra nuevamente la hostilidad de este modelo social con los conceptos más básicos de la equidad y armonía entre los dos sexos.

También ha resultado particularmente indignante por su rotundo sexismo, la oposición de varias de las Asociaciones Feministas de la ciudad de San Sebastian a que se incluyan hombres en el Consejo para la Igualdad de esta ciudad, del que éstas mismas asociaciones son integrantes. Es decir, su tentativa de prohibir directamente la presencia masculina en este consejo, para que las iniciativas que desde este organismo puedan plantearse y que necesariamente influirán en las vidas de las mujeres y de los hombres de esta ciudad, no cuenten con la sensibilidad y aportación específica de los hombres, grupo sexual con una problemática propia, unas discriminaciones distintas de las de las mujeres, y en consecuencia una necesidad al menos tan respetable como la que las mujeres puedan tener de reivindicar en defensa de sus intereses y sus derechos específicos como colectivo.

De esta manera las creadoras de los sistemas de cuotas para alcanzar la paridad en aquellos trabajos con mayor presencia de hombres, o las más críticas con la existencia de “techos de cristal” en determinadas esferas del poder político, financiero o empresarial donde la presencia masculina es más destacada, aunque los hombres también sean mayoría entre los accidentados laborales graves y mortales sin que las feministas de género nos lo recuerden nunca, plantean no ya un techo de cristal similar para los hombres en los ámbitos en los que las hembristas detentan su mayor influencia, o sea su virtual monopolio de los organismos y la estrategia política que se ocupa de la igualdad entre los dos sexos, sino que de un modo todavía más radical intentan segregarlos directamente de este consejo, cuyas decisiones influirán y mucho a hombres excluidos de su elaboración.

Queda demostrado una vez más que el poder corrompe, también a las organizaciones políticamente correctas, y cuánto más poder se tiene más clara se vuelve esta corrupción, siendo la evolución de la ideología de género otro ejemplo y prueba de esta norma universal.

Efectivamente, estas últimas decisiones, y otras anteriores, tomadas por las ultrafeministas en un país que se ha convertido en uno de los escenarios preferentes para sus experimentos sociales merced al apoyo casi incondicional que reciben de nuestros dirigentes y gobiernos, nos demuestra que al dotar de suficientes medios a la ideología de género ésta se convierte por sí misma y siguiendo su propia dinámica feminista radical, es decir injusta con los hombres y claramente ginocéntrica, en uno de los mayores obstáculos a la igualdad entre los dos sexos, sin que hasta la fecha esto produzca la ruptura de un consenso político que permanece ciego, sordo y mudo ante estos atropellos, o peor aún, con frecuencia los aplaude y fomenta sin ningún tipo de rubor.

Por estos motivos solicitamos a los organismos internacionales que presenten ante el Gobierno de España una protesta contundente en contra de la mencionada modificación del artículo 510 del Código Penal, indicando al Grupo Parlamentario Popular que esta medida provocará la crítica y sanción de estos mismos organismos por dañar derechos fundamentales de las personas.

Las declaraciones en prensa de Marta González, la portavoz de igualdad del partido que plantea la mencionada enmienda, hacen evidente que esta reforma se empleará para criminalizar el pensamiento crítico o contrario a las opiniones o políticas nacidas del feminismo de género, atentando para ello contra la libertad de expresión, ideológica y de asociación, que son de entrada derechos fundamentales reconocidos en diversos artículos de la propia Constitución Española. Como el artículo 10 en el que se reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el artículo 14 en el que se establece la no discriminación por razón de opinión, el artículo 16 en el que se reconoce el derecho a la libertad ideológica, el artículo 20 donde se reconoce el derecho a la libertad de expresión, de pensamiento, de ideas, y de comunicación de las mismas, y los artículos 21, 22 y 23 donde se reconocen los derechos de reunión, asociación y participación en los asuntos públicos.

Estos principios también se encuentran reconocidos en diversos tratados de derecho internacional a los que España se encuentra suscrita, siendo probablemente el más significativo de todos la Declaración Universal de los Derechos humanos con sus artículos 18,19 y 20.

Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 20:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Así, para que no se destruyan varios de nuestros derechos humanos esenciales y no retroceder a una España de fascismo, crímenes de estado y presos políticos, elevamos esta petición a los organismos internacionales para que actúen según su función primordial y hagan lo posible para impedir o enfrentar este grave abuso.

Notas:

* El episodio al que hacía referencia la mencionada portavoz de Igualdad del Partido Popular, Sra. Marta González, se produjo en el 2013 tras reunirse Toni Cantó, concejal de Igualdad en aquella época del partido político Unión de Progreso y Democracia, (UPyD) con Federgen, Federación de Afectados por las Leyes de Género, y declarar que la mayoría de las denuncias por violencia de género eran falsas.

Ante aquellas declaraciones muchas asociaciones feministas radicales y políticos afines al feminismo de género pidieron su dimisión, basándose en un documento del CGPJ que afirmaba que sólo el 0,01% de estas denuncias eran falsas. Y sin embargo analizando con rigor los datos oficiales puede concluirse que Toni Cantó estaba más próximo a la realidad de los hechos que el propio CGPJ y los políticos y asociaciones que tomaban el dato del 0,01% como un dogma incontestable. Para que los organismos internacionales comprendan la magnitud de la manipulación políticamente correcta que vivimos en España en lo referido a la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, adjuntamos los siguientes datos recopilados todos ellos de las estadísticas oficiales, que tornan virtualmente inverosímil por notoriamente insignificante el dato defendido por el CGPJ y los defensores del feminismo de género que cuantificaba el número de denuncias falsas en un 0,01%.

Efectivamente, según el documento del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género “El Observatorio informa: Balance de siete años de la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer” Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) desde junio del 2005 a junio del 2012, recibieron 963.471 presuntos delitos y 71.142 presuntas faltas, en total 1.034.613 denuncias de violencia de género. Y tal como indica el documento del CGPJ: “Datos Estadísticos Judiciales en Aplicación de la L.O. 1/2004 resumen de los 7 años” en su tabla de la página once titulada: “Sentencias penales dictadas en los órganos jurisdiccionales especializados en violencia sobre la mujer”, las 1.034.613 denuncias produjeron 328.045 sentencias, 207.997 condenatorias (20,10%) y 120.048 absolutorias (11,6%), emitidas por Juzgados de Violencia sobra la Mujer, Juzgados de lo Penal y Audiencias Provinciales, quedando 706.568 casos (68,29%) que no llegaron siquiera a juzgarse. Sumando los casos en los que los imputados quedan libres llegamos al elevadísimo 79,89%, es decir, un total de 826.616 exculpaciones que representan un amplísimo margen para las denuncias falsas o injustas realizadas al amparo de la discriminatoria Ley Integral contra la Violencia de Género. Así resulta inverosímil la versión del CGPJ, más semejante a una defensa del mito de que las denuncias falsas no existen que a un dato nacido del deseo honesto de averiguar su número real.

Es muy importante remarcar también que de los 656.212 casos valorados por lesiones y malos tratos en los juzgados por supuesta violencia de género entre junio del 2005 y junio del 2012, la inmensa mayoría, 520.839 casos, se correspondían con denuncias en base al artículo 153 del Código Penal, o sea, casos de menoscabo psíquico o lesiones no definidas como delitos, o bien golpear o maltratar sin causar lesión. Básicamente acciones de un valor muy leve, agresiones apenas significativas, que permiten en muchos casos criminalizar a los hombres como maltratadores por acciones que de haber sido cometidas por mujeres no pasarían de ser meras faltas, si es que se diese valor al testimonio del hombre denunciante, ya que como se indica no es necesario que las agresiones físicas lleguen siquiera a causar lesión para instruir un caso por violencia de género en base a este artículo. En base al artículo 173 del Código Penal se instruyeron 101.900 casos. Los casos relacionados con la violencia de género más grave, artículo 148 y sucesivos, curiosamente los que recurrentemente se presentan en los medios como la imagen más habitual del maltrato, fueron sólo 33.473 casos para este periodo de siete años entre junio de 2005 a junio de 2012.

En conclusión, apenas se instruyó un 3,23% de denuncias por casos de lesiones y malos tratos más graves del cien por cien de denuncias recibidas (1.034.613). Estas situaciones constituyen el mínimo de los casos denunciados. Pero lo repetimos, nadie diría esto a partir de la descripción dada a través de los medios de la violencia en la pareja ejercida por los hombres y recibida por las mujeres.

Estas cifras pueden consultarse en el documento del CGPJ sobre los datos estadísticos oficiales referidos a la aplicación de la LIVG, presente a pie de página de este link:

Siguiendo la entrada: “Datos estadísticos” y en la tabla de la página quince, titulada “Delitos instruidos (Art. 153, 173 y 148 y ss. del CP)”.

En esta situación ¿cómo puede llegarse a un cómputo de sólo un 0,01% de denuncias falsas? ¿Cómo se consideran todos los casos que no han terminado en condena? ¿Puede alguien creerse que con una cantidad tan ingente de casos desestimados, archivados, exculpados o directamente absueltos las denuncias falsas prácticamente no existan? Es muy probable que las denuncias falsas y las condenas injustas basadas en un doble patrón legal sexista representen la mayor parte de las condenas por violencia de género en este país, desde el comienzo de la andadura de la LIVG.

Si Toni Cantó hubiese dicho que la mayor parte de los casos de violencia de género corresponden a denuncias falsas, injustas o desproporcionadas, es decir, casos en los que el hombre acusado de maltratador lo ha sido en base a acciones que de haber sido cometidas por mujeres serían consideradas como simples faltas y para nada episodios graves de maltrato o abuso físico o psicológico, hubiese dado de lleno con la verdad, y estaría denunciando una realidad gravísima que debería bastar por sí misma para activar todas las alarmas y concluir en la derogación o modificación radical y profunda de la Ley Integral contra la Violencia de Género, en beneficio de una ley más amplia de violencia intrafamiliar.

En lo referido a la materia económica, Toni Cantó también afirmó que: “Sabían que UE paga 3200 euros por cada denuncia por malos tratos? Desde 2004 nos han entrado así 2.800.000.000 millones de eu. Qué gobierno renuncia a eso?”

Recientemente el estudio de la Unión Europea ha demostrado que los datos aportados en esa ocasión por el Sr. Cantó deben ser antes de criticados muy valorados y tenidos en cuenta, ya que el importe de lo que dedica el Estado Español a este tema es muy superior al denunciado por colectivos de defensa de la igualdad jurídica entre sexos, ante la Comisión Europea en febrero de 2010 y de los que se hizo eco el Sr. Cantó. 10.125.331.270 euros/año, sólo en España.

Véase el siguiente estudio.

Estas cantidades tan elevadas fortalecen las críticas por ineficiencia que la Ley Integral contra la Violencia de Género recibe constantemente, a pesar de los considerables recursos de todo tipo destinados a su implementación incluso en una época que en España ha estado fuertemente caracterizada por la austeridad. Pero precisamente por movilizar unas sumas tan elevadas podemos definir el concepto de una “industria del maltrato” integrada por asociaciones, profesionales o cargos públicos institucionales cuyos sueldos o subvenciones están directamente justificados por la existencia de esta norma, lo cual puede conducir fácilmente a que no sean afines a criticar los malos resultados de la misma.

Sin embargo son estas asociaciones, entidades y organismos públicos expertos en género los mismos que plantean a nuestros gobiernos las directrices a seguir en este tema, y además pretenden ahora, como han demostrado las declaraciones en prensa de Marta González, poder censurar a quienes defiendan una versión de entrada tanto o más respetable que la suya, y que es parte fundamental de un proceso de búsqueda de la verdad que debe basarse en el debate y el diálogo social, a partir de la libre representatividad de toda la ciudadanía, incluyendo a las asociaciones, colectivos o particulares contrarios a las políticas de género.

Ante este escenario crecientemente contrario a la justicia somos cada vez más los ciudadanos y asociaciones que consideramos necesaria la intervención y ayuda de los organismos internacionales para evitar estos abusos.

** Concretamente el Proyecto sobre el Estado del Conocimiento del Abuso en Pareja (PASK por sus siglas inglesas) presentado en el año 2013 ha sido un proyecto particularmente exhaustivo en el estudio de esta cuestión realizado en los Estados Unidos, durante tres años de trabajo, con la cooperación de 42 académicos y 20 universidades, que compendia más de 1700 estudios realizados sobre este tema concluyendo en que:

“Excepto en lo referente a la coacción sexual, hombres y mujeres perpetran abusos físicos y no físicos en porcentajes similares, la mayor parte de la violencia doméstica es mutua, las mujeres son tan controladoras como los hombres, la violencia doméstica de hombres y mujeres está correlacionada con los mismos factores de riesgo y sus motivaciones son similares en ambos casos.”

En el siguiente artículo en inglés referido al tema John Hamel, director del proyecto PASK añade:“Hamel argumenta también que los hombres no son únicamente arrestados de un modo desproporcionado en los casos de violencia doméstica, sino que en ocasiones son detenidos por razones arbitrarias, citando, por ejemplo, que la policía frecuentemente arresta al implicado más grande y fuerte en casos en los que no está claro quién ha sido el perpetrador. “Estas medidas no son sólo ineficientes, sino que además violan los derechos civiles de las personas” Hamel concluye: “la gente relacionada con el campo de la violencia doméstica afirma que “lo importante son las víctimas.” Bien, la víctima no es siempre la persona golpeada, en algunas ocasiones también lo es la que ha sido detenida”

En España Javier Álvarez Deca ha alcanzado conclusiones similares con sus trabajos referidos a esta cuestión. Concretamente en su libro titulado “la violencia en la pareja bidireccional y simétrica”, potente informe en el que resumió y analizó los resultados de 230 estudios internacionales referidos al tema, se nos informa de lo siguiente:

“En el presente trabajo se analizan los resultados de 230 estudios empíricos sobre la violencia en la pareja, recopilados a partir de las principales bibliografías especializadas en la materia y con arreglo a un único criterio de bidireccionalidad, es decir, medición de la violencia perpetrada o sufrida por ambos miembros de la pareja heterosexual. En contradicción con las tesis oficiales predominantes, que asignan al varón la condición de perpetrador y a la mujer la de víctima como roles casi exclusivos, se constatan niveles similares de perpetración y victimización para hombres y mujeres en muestras representativas de la población general; y mayores niveles de victimización masculina en muestras obtenidas entre poblaciones jóvenes. También en contradicción con las tesis oficiales predominantes, que consideran que la violencia femenina es básicamente defensiva, se constatan mayores niveles de iniciación de las agresiones físicas y perpetración de violencia física no recíproca por las mujeres.”

Y el más amplio y reciente “500 razones contra un prejuicio”

Donde el propio autor nos indica que:

“No menos de 500 estudios científicos basados en los comportamientos de ambos miembros de la pareja han demostrado de forma inapelable que la violencia es ejercida en proporciones similares por hombres y mujeres, y lo que es más importante, que la violencia perpetrada por la mujer no es meramente defensiva. Al contrario, la inmensa mayoría de estudios que tienen en cuenta el factor de unilateralidad e iniciación de las agresiones físicas llegan a la conclusión opuesta: la mujer es, estadísticamente, la principal iniciadora de las agresiones físicas en la pareja. (Javier Álvarez Deca, 500 razones contra un perjuicio, Pág.5)

Sin embargo las conclusiones de estos autores, académicos y estudios que carecen de sesgos sexistas o presuposiciones acientíficas en sus posicionamientos y diseño no son tenidos en cuenta a la hora de informar a la opinión pública, orientar a nuestros dirigentes y mucho menos aún al legislar. Se prefieren las directrices de ideologías totalitarias, que establecen sus propias estadísticas claramente tendenciosas para respaldar sus herramientas penales sexistas.

Es cada día más necesario que ante este continúo atentado a la verdad, la honestidad y la justicia todas las instituciones tomen conciencia y reaccionen con firmeza en contra de los defectos, las trampas y los abusos creados por la ideología de género.