La población reclusa de las cárceles andaluzas puede solicitar ya el servicio de orientación jurídica gratuita

La prestación que financia la Consejería de Justicia e Interior se reanuda tras haber firmado el Ministerio del Interior el convenio de colaboración

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La población reclusa de Andalucía puede solicitar desde el 5 de marzo del servicio gratuito de orientación jurídica penitenciaria que financia la Consejería de Justicia e Interior y prestan los colegios de abogados de la comunidad, tras haber suscrito el convenio de colaboración el Ministerio del Interior, como responsable de las instituciones penitenciarias, para facilitar la reanudación de esta prestación.

Los reclusos de las 13 cárceles andaluzas pueden ya así disponer de este servicio con el que se les facilitará asistencia sobre cuestiones propias del ordenamiento jurídico penitenciario, permisos, traslados de centros, reclamaciones administrativas, procesos judiciales o asesoramiento sobre los requisitos de acceso a la justicia gratuita.

La orientación jurídica va a ser prestada por abogados especialistas en materia penitenciaria y en dependencias de las prisiones en horas y días fijados por la dirección de cada centro, lo que contribuirá a mejorar también la convivencia en los centros penitenciarios andaluces.

El convenio, que ya habían firmado previamente el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, y el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Pascual Pozo, tiene una vigencia de tres años prorrogables y está financiado al completo por la Junta con una dotación inicial de 140.000 euros anuales. Esta cantidad será abonada en periodos trimestrales al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, previa justificación de los servicios efectuados.

De esta forma, se establece un mayor control del gasto que hacen los colegios de abogados de los fondos públicos destinados a este servicio, a la vez que se prevé la elaboración de un plan de calidad y se regula la participación de Instituciones Penitenciarias, del Ministerio del Interior, en la certificación de las asistencias o el control de los horarios y días de prestación.

En el convenio no se consideran las asistencias de este servicio como guardias, ya que éstas forman parte de la prestación de asistencia jurídica gratuita que ya se encuentra garantizada por la Junta a la ciudadanía que cumpla los requisitos necesarios para ser beneficiaria.

Está previsto, además, que en breve se constituyan las comisiones de seguimiento previstas en el convenio de colaboración para garantizar el correcto funcionamiento de una prestación que se suspendió en 2012 al no haberse podido renovar el anterior acuerdo que regulaba este servicio.