Baltasar Garzón señaló que “el Estado español no ha hecho nada por los desaparecidos del franquismo”

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El ex juez Baltasar Garzón dijo que “España debe ser el único Estado en Europa y de los pocos democráticos que no ha hecho absolutamente nada por los desaparecidos” del período de la dictadura franquista.

En rueda de prensa en Ginebra, donde se encuentra para asistir a la presentación de España ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, Garzón habló de “la necesidad de que el gobierno español tome la iniciativa de, al menos, impulsar una comisión de la verdad”, para investigar este tema.

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Garzón indicó que, según cifras establecidas en 2009 a instancias del juzgado que él dirigía, el número de desaparecidos no combatientes en España osciló entre los 136.000 y 152.000 en el periodo de 1936-1951.

Sin embargo, por parte del Estado español “no existe, después de 75 años, ningún documento, ningún estudio, ningún impulso oficial” para conocer la cifra exacta de víctimas, criticó el ex magistrado, citado por la agencia de noticias EFE.

“La argumentación central de España ante el comité es más un recurso para evitar cualquier inspección que un argumento válidamente defendible”
Baltasar Garzón

“Esto es lo que nos ha traído aquí, la impunidad evidente consagrada por el Tribunal Supremo, que prohibió la investigación de esos crímenes”, dijo.

El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU es el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas por parte de los Estados que la ratificaron, que hasta ahora son 40, entre ellos España.

En relación a la posición española, que sostiene que la Convención no se aplica a los casos registrados antes de su entrada en vigor para España (23 de diciembre de 2010), Garzón la calificó de “absolutamente pragmática y para salir del paso”.

“No se creen lo que dicen, porque en el mismo informe en el que contestan al Comité se reconoce que los delitos de detención ilegal, sin dar razón del paradero de la víctima, y los secuestros son delitos permanentes, lo que contradice la doctrina fijada por el Tribunal Supremo”, opinó.

Agregó que la argumentación central de España ante el comité “es más un recurso para evitar cualquier inspección que un argumento válidamente defendible”.

Luego, lamentó que ante la imposibilidad de efectuar tales investigaciones, tampoco se hayan dado alternativas, como una comisión de la verdad o de memoria histórica “que atienda los derechos fundamentales a la verdad, la justicia y a la reparación de las víctimas”.

El ex juez fue inhabilitado tras ser encontrado culpable de “prevaricato” por intervenir comunicaciones de los cabecillas de una trama de corrupción que afecta al gobernante Partido Popular (PP) español.