¿Hay alternativas a la LOMCE de Wert y a la política de Enseñanza?

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Por Miquel Gené.___La Comunidad educativa somos las familias, los y las maestras, el personal de servicio, los y las monitoras, los y las representantes sindicales y lo tenemos claro: hay bastante dinero para no hacer recortes a la Enseñanza, se está aplicando la Ley de Educación de Cataluña (LEC) perjudicando a la Enseñanza público y la LOMCE no es la ley que queremos para nuestros hijos. Parece como si algunos políticos tengan suficiente con que haya buenas escuelas sólo para quienes se las puedan pagar y la pública tenga que volver al siglo pasado, como sucede en la película: “los chicos del corazón”.

 
Los economistas tienen claro que la prosperidad de un país pasa por tener un Sistema educativo que permita una buena formación de los jóvenes. El conjunto de la sociedad queremos, a la vez, que las escuelas ayuden a los alumnos a crecer como ciudadanos responsables, con valores democráticos y desarrollando al máximo sus capacidades como personas.

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Desde el punto de vista económico es difícil entender como unos presupuestos de la Generalitat dediquen sólo el 3,4% del PIB a Enseñanza si lo comparamos con el 5,2% de media de la Unión Europea. Es difícil entender como la Generalitat aumenta sus presupuestos generales un 4,3% y un 3, 1% los últimos dos años y, a la vez, disminuye la partida dedicada a la Enseñanza un 9,1% y un 13,6% (datos). Se han propuesto diferentes alternativas para evitar la reducción de los presupuestos de Enseñanza:
• Cumplir la sentencia del Tribunal Supremo y dejar de subvencionar con 22,5 millones de euros las 17 escuelas que segregan sus alumnos por sexo.
• Incrementar los ingresos mediante el ahorro energético y farmacéutico de la Generalitat, aplicar políticas fiscales más justas, las ecotasas y luchar contra el fraude fiscal, (AlternativesCiU.)
• Dejar de utilizar cargos de confianza dentro de la administración para promocionar a jóvenes políticos de los mismos partidos.
Por otro lado, una ley educativa que sea útil para la sociedad tiene que tener en cuenta los cambios globales que se están experimentando. Una ley así tiene que ser elaborada con la participación activa de los profesionales que lo tienen que aplicar, como defiende Juan Ignacio Pozo de la Universidad Autónoma de Madrid, y a partir de una reflexión profunda de toda la Comunidad educativa.

En España se ha aprobado en el Congreso de diputados la LOMCE, la séptima Ley de Educación del Estado español desde la instauración de la democracia parlamentaria. Esta Ley se ha elaborado en sólo unos pocos meses desde que empezó la nueva legislatura, sin participación de la Comunidad educativa y sólo con el apoyo del partido del gobierno del Estado.

En Cataluña la LEC , a pesar de seguir un proceso más participativo en su elaboración, sólo se aprobó con los votos de tres partidos políticos: CiU, ERC y PSC. Dentro de la Comunidad educativa hay diferentes opiniones respecto de si se tiene que hacer una nueva ley más consensuada o esta ya es válida para Cataluña; en cualquier caso sí hay unanimidad al señalar que el desarrollo de la ley que hace el Departamento de Enseñanza altera seriamente el Sistema educativo público dado que:
• La política de matriculaciones va dirigida a eliminar la oferta de plazas públicas y aumentar las ratio de alumnas por clase. 
• Se da entrada a servicios educativos privados dentro de los centros públicos en horario lectivo en sustitución de los docentes del Departamento de Enseñanza.
• El borrador del decreto de plantillas anula las funciones de los consejos escolares y deja sólo en manos de la buena fe y la calidad profesional de los y las directoras la gestión del personal docente y la aplicación adecuada del proyecto educativo del centro.


Un Sistema educativo útil para el desarrollo de nuestra sociedad ha ser objeto de la máxima prioridad por cualquier gobierno. En cuanto a las dotaciones presupuestarias, estas se tienen que acercar, al menos, a los niveles de los países de igual desarrollo económico; respecto a la ley que regula la Enseñanza, los responsables políticos tienen que conseguir la participación activa de los profesionales docentes y el consenso con la Comunidad educativa.