La Junta presentará un recurso de alzada antes del 1 de octubre para paralizar la aplicación del copago en las farmacias hospitalarias

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Sánchez Rubio adelanta que en Andalucía no se aplicará una medida que tiene “más costes que beneficios económicos”

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La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha anunciado que la Junta presentará, antes del 1 de octubre, un recurso de alzada contra la medida que obligará a los pacientes a pagar parte del coste de los fármacos que retiran de las farmacias hospitalarias de forma ambulatoria. Para Sánchez Rubio, se trata de una “decisión injusta que rompe con los principios de equidad del sistema sanitario público” y que podría poner en peligro la salud de las personas afectadas, como son pacientes con cáncer y enfermedades infecciosas. En Andalucía, son 90.000 ciudadanos los que tendrían que asumir este nuevo gasto para afrontar su enfermedad que plantea el Gobierno central.

Salud alerta de que este nuevo copago puede suponer un riesgo para la salud de los pacientes y tener graves perjuicios para la ciudadanía, ya que se corre el riesgo de que haya pacientes que pudieran renunciar a su tratamiento al no poder hacer frente al pago. La consejera ha recordado que “no pueden medirse en la misma balanza costes económicos y salud” y que esta medida representará un obstáculo para que los pacientes con rentas más bajas puedan asumirlo, con el peligro que ello conllevaría sobre el control de la enfermedad o la propia vida de los pacientes.

“Queremos que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad retire esta medida y así lo trasladaremos nuevamente en la próxima Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial”, ha subrayado, al mismo tiempo que ha insistido en que nadie del Gobierno de España responde a la pregunta de por qué se implanta esta medida si realmente no supone un ahorro para la administración sanitaria, y que supone “más costes que beneficios económicos”.

Según las estimaciones realizadas hace un año por el grupo de trabajo a nivel nacional que planteaba esta decisión, se cifraba el ahorro en 1,7 millones de euros. No obstante, ha matizado Sánchez Rubio, para aplicar el copago habría que adaptar todos los sistemas informáticos actuales y establecerse un nuevo protocolo de trabajo.

Además, se suma el hecho de que la mayoría de estos pacientes están tomando fármacos que retiran mediante receta en las oficinas de farmacias y que están afectados por el copago que se aplica desde el 1 de julio de 2012. Por tanto, Andalucía se posiciona en contra de esta medida “improvisada” y “no consensuada” por penalizar, una vez más, a los sectores más desfavorecidos.