La Diputación de Málaga sigue contratando con empresas sancionadas por prácticas ilícitas

Málaga Ahora logró que en julio de 2016 el Pleno provincial rechazara este tipo de contratos públicos, pero un año después no se ha cumplido, por lo que el grupo presentará mañana otra moción.

Rosa Galindo, portavoz de Málaga Ahora en la Diputación Provincial, ha anunciado que su grupo llevará tres mociones al Pleno de este martes: pedirán que, siguiendo el ejemplo del Ayuntamiento, la Diputación apoye institucionalmente la Caravana Abriendo Fronteras, que el próximo 20 de julio se detiene en Málaga en su camino hacia Melilla para protestar por las políticas migratorias europeas. Igualmente solicitarán que la Diputación instale vallas «quitamiedos» en los 80 kilómetros de carreteras provinciales, una reivindicación de los conductores de motos.

En tercer lugar Galindo ha anunciado que, tras un año de incumplimiento, su grupo insistirá en que su cumpla el acuerdo plenario para que la entidad provincial no lleve a cabo ninguna contratación pública con empresas a las que lar Comisión Nacional de Mercados y Competencia (la CNMC) haya multado por pertenencia cárteles.

Como ha explicado la portavoz, «un cártel es un práctica anticompetitiva que, en muchos sectores de actividad, induce a las empresas a pactar precios, repartirse los contratos o intercambiar información para evitar competir entre sí». Una de las consecuencias más evidentes por ejemplo, por ejemplo, es el aumento de precios a los consumidores. Como recoge la moción, solo en 2015 la Comisión la CNMC impuso multas por un valor récord de 549 millones, de los que 507 fueron contra 14 cárteles de 250 empresas de sectores muy diversos. De hecho, si la propia CNMC cifra en 48.000 millones de euros la corrupción en nuestro país, la mayor parte vinculada a la contratación pública, que supone un 20% del PIB.

Galindo ha dejado claro que la CNMC «es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad encargada de garantizar la competencia efectiva en beneficio de las usuarias y consumidoras y, aunque independiente del Gobierno, está sometida al control parlamentario y judicial». Por ello, «ninguna institución, tampoco nuestra Diputación, puede mirar para para otro lado».

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