Sobre el Astoria: una cronología

1. Concurso de ideas

Hace siete años que la ciudadanía malagueña contempla cómo los casi 21 millones de euros gastados por el Ayuntamiento en comprar el antiguo cine Astoria, en la plaza de La Merced, se convierten en una ruina ante la desidia municipal. Solo después de que en junio de 2015 la nueva configuración del Pleno municipal comenzara a presionar con la intención de que se cumplieran los compromisos adquiridos en la anterior legislatura, el equipo de gobierno tomó las primeras medidas para resolver este disparate. Desde primera hora, Málaga Ahora abogó por un proceso participativo que recuperara el espacio de acuerdo a la promesa del propio alcalde, esto es, como equipamiento cultural y ciudadano.

Finalmente, en el año 2016 el Ayuntamiento anuncia un concurso de ideas… no vinculante, que se celebraría durante el primer semestre de 2017. Málaga Ahora decidió enviar una representante para observar de primera mano cómo de desarrollaba el proceso. Fuimos el único grupo que se tomó semejante molestia, y por tanto hemos hablado siempre con conocimiento de causa.

De ese modo detectamos varias medidas muy cuestionables. En primer lugar, resultó que no se contaba con ninguna metodología concreta para la toma de decisiones. En segundo lugar, se podían presentar ideas que no se ajustaran al PEPRI (la normativa sobre la construcción en el Centro para Bienes de Interés Cultural), algo manifiestamente ilegal, lo que a la postre ha sido el verdadero problema, como acaba de anunciar la Junta. Además, antes de evaluar cualquier proyecto y sus posibilidades se descartaba si previamente el presidente del Colegio de Economistas dictaba que no tenía viabilidad económica. Y, por supuesto, los delegados de los grupos municipales no tenían ningún voto.

Finalmente, los 150.000 euros del premio recayeron para el proyecto ECOS, presentado por el arquitecto José Seguí, un habitual en las obras públicas de Málaga, y el actor Antonio Banderas. El proyecto consiste en un teatro de 600 localidades insertado en un centro comercial y gastronómico, con una tienda Starlite y otra de la propia firma de moda de Banderas. El edificio contempla violar el PEPRI y construir tres plantas por encima de lo legalmente permitido.

El concurso, por otro lado, abría una consulta popular, que eligió en primer lugar, justo por encima de de ECOS, otro proyecto.

2. Licitación y declaraciones del alcalde

En el mes de abril, durante la presentación a la prensa del proyecto ganador, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sorprendió a todos los medios con unas declaraciones fuera de lugar, como ha reconocido el propio José Seguí. Puesto que el concurso no era vinculante (por la propia decisión del equipo de gobierno), el alcalde anunció que, una vez que se lanzara el proceso de adjudicación, se valoraría que se asemejara lo más posible al de Seguí y Banderas, que incluso viniera avalado por una persona de la relevancia del actor, que además estudiaba darle su nombre al teatro, que ni siquiera pediría ningún aval a los promotores ni se les cobraría canon anual, sino en todo caso alguna compensación simbólica (a pesar de los 21 millones de euros gastados en comprar el edificio) y que, por supuesto, se modificaría el PEPRI.

Todo esto hizo saltar las alarmas de la prensa, y de inmediato de la oposición: el alcalde estaba dando a entender que la adjudicación se diseñaría a medida para que el proyecto ECOS ganara. Las críticas (como decimos, también las del propio Seguí) arreciaron. ¿Por qué se pretendía violar la ley, por qué el concurso no había sido vinculante, cómo se iba a medir el grado de «banderismo» del resto de proyectos, por qué se eximía del pago de un canon? En definitiva, ¿por qué el alcalde se saltaba la igualdad de condiciones y se comportaba como si la ciudad fuera suya? Ningún grupo se abstuvo de criticar duramente al alcalde… a nadie más.

3. El Pleno exige garantías

Así se llegó al Pleno de abril con el ambiente caldeado y sin que el alcalde se hubiera retractado de sus palabras, antes al contrario. Una moción urgente presentada por Málaga Ahora consiguió que se aprobara que cualquier proyecto debía aportar avales y garantías. Esto es importante: la reciente Comisión de Investigación sobre Art Natura había determinado que 40 millones de euros de dinero público se han tirado a la basura en el edificio de la antigua Tabacalera porque el alcalde en persona nunca quiso exigir avales, pese a los consejos de su equipo técnico. Algo similar ha sucedido con Hoyo de Esparteros (la promotora aún adeuda al Consistorio 7 millones de euros por un hotel nunca construido) o el Mercado Gourmet de La Merced (cuya hipoteca, ahora que posiblemente va a cerrar tras solo un año y medio de funcionamiento, tendrá que asumir el Ayuntamiento). El Pleno también aprobó que se cobrara un canon anual. No obstante, rechazó nuestra propuesta de que no se modificara el PEPRI-Centro. Evidentemente, la Junta de Andalucía ya ha anunciado que semejante ilegalidad resulta inviable, o en todo caso implica varios años hasta realizarse. Y nos tememos que ese y no otro es el fondo del problema, junto a la exigencia de avales y pago de un canon (repetimos: un acuerdo de todo el Pleno)

4. Trato humillante

El 16 de mayo diario Sur publica en primera plana una carta abierta de Antonio Banderas en la que anuncia su abandono del proyecto. Un artículo, firmado por Pedro Luis Gómez, acompaña a esa carta, y en en él se afirma de manera gratuita que Banderas se ha sentido ofendido por las «descalificaciones personales» de nuestra portavoz municipal. Evidentemente, no se citan esas supuestas descalificaciones, porque no existen. Entre hombres anda el juego, así que se echa leña a un fuego inexistente con tal de producir un incendio innecesario, sin más motivación que las inclinaciones partidistas, y no las del interés general, y se desvían los dardos unánimemente lanzados al alcalde por su sonora metedura de pata. Sabemos, porque así lo demuestra la experiencia, que no habrá nota de retractación ni asunción de responsabilidad alguna por parte de ningún redactor.

No importa, como cargos públicos nuestra principal misión es velar por la transparencia, la igualdad de condiciones, el cumplimiento de la legalidad y las garantías correspondientes.

Nadie debería ofenderse por ello.

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